El Consejo Económico y Social carga contra el Gobierno por imponerle nuevos miembros afines de forma unilateral

Durísimo reproche al Gobierno por su unilateralidad, falta de comunicación e intervencionismo en este organismo consultivo. El Consejo Económico y Social (CES) ha manifestado a través de un severo comunicado "su profundo malestar" por la forma en la que el Gobierno ha llevado a cabo la reforma de la composición de este organismo, "sin haber realizado con anterioridad ningún tipo de consulta con el propio Consejo y las organizaciones que lo conforman".

El CES recuerda en su encabezamiento que es el principal "órgano consultivo del Gobierno en materia socioeconómica y laboral", y en él reside el diálogo social institucionalizado "dentro del marco de la democracia participativa, y las organizaciones que lo conforman, con acreditada representatividad, tienen la finalidad reconocida constitucionalmente de representar y defender intereses constitucionalmente protegidos". Por ello, critica con dureza que el Ejecutivo haya tomado la decisión de publicar en el Boletín Oficial del Estado (BOE) sin previo aviso un decreto ley que incluye una modificación de la ley estatutaria de creación del CES, con el objetivo de dar cabida en el organismo a patronales autonómicas, "sin que se haya producido con carácter previo ningún tipo de consulta a los órganos de gobierno del propio Consejo ni a las organizaciones que lo conforman".

En consecuencia, recuerda que corresponde al Consejo la función de "emitir dictámenes con carácter preceptivo sobre los anteproyectos de ley o proyectos de disposiciones administrativas que afecten a la organización, competencias o funcionamiento del Consejo", y que en este caso ha obviado el Ejecutivo. Critica las formas en las que se les ha impuesto esta modificación legislativa, algo "especialmente relevante" a la hora de garantizar el nivel de lealtad institucional que siempre ha presidido la labor del Consejo, que incide en que su composición ya es "plural y suficientemente representativa", como ha "demostrado durante todos estos años de funcionamiento de la institución", tras rendir sus frutos en el marco del mencionado diálogo social institucionalizado.

El CES defiende que, según su ley de creación, es un órgano consultivo del Gobierno en materia socioeconómica y laboral, algo que no ha ejercido el Gobierno en este caso, ya que simplemente les ha dado un plazo de tres meses para modificar su reglamento interno y adecuar la composición del grupo segundo, el referido a los empresarios, a la nueva redacción de la ley. El cambio pretende que estén representadas las asociaciones empresariales más importantes a nivel autonómico (como ya sucede en el caso de los sindicatos), lo que abrirá la puerta a la entrada de la patronal catalana Pimec, cercana al independentismo e integrada en Conpymes, ligada a Sumar y a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que amadrinó Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, y que pretende integrarse también como agente en el diálogo social.

"La función que se desarrolla en el CES se califica como diálogo social institucionalizado, dentro del marco de la democracia participativa, y las organizaciones que lo conforman, con acreditada representatividad, tienen la finalidad reconocida constitucionalmente de representar y defender intereses constitucionalmente protegidos", concluye el CES.