El Ministerio de Consumo avanza en su lucha contra la proliferación de los pisos turísticos. El departamento que dirige Pablo Bustinduy está trabajando en los primeros acuerdos con gobiernos autonómicos para hacer frente al uso de viviendas turísticas ilegales. El primer acuerdo lo ha sellado con el Gobierno del País Vasco tras reunirse con Javier Hurtado, consejero vasco de Turismo, Comercio y Consumo de la región. Asimismo, desde Consumo apuntan a LA RAZÓN que están en conversaciones con otras administraciones autonómicas y locales para llegar a acuerdos similares.

En concreto, el departamento de Bustinduy ha ofrecido acuerdos de colaboración a los gobiernos regionales de todas las comunidades autónomas en las que la Unidad de Análisis de Consumo ha recopilado datos sobre anuncios de pisos turísticos en plataformas online, esto son: Baleares, Andalucía, Galicia y Comunidad Valenciana, además del País Vasco. Sumado a esto, se han ofrecido acuerdos de colaboración también a algunos ayuntamientos, como el de Madrid, Santiago de Compostela o Ibiza, entre otros, aunque por el momento solo se han producido encuentros con los gobiernos regionales de Baleares y País Vasco, y también con los gobiernos locales de Santiago, Gandía y Denia y con el consell insular de Ibiza.

De hecho, recientemente, Consumo trasladó al gobierno de la Xunta de Galicia un archivo que incluía información de más de 9.000 pisos turísticos detectados en esta región, para que el ejecutivo gallego pudiera inspeccionarlos para cerrarlos y, en su caso, sancionarlos. Igualmente, Consumo entregó un archivo al Govern de Islas Baleares con más de 7.000 anuncios ilegales de pisos turísticos en las islas sobre los que se podría actuar.

¿Qué aportará Consumo al País Vasco para combatir los pisos turísticos?

En los últimos 3 años, el departamento vasco de Turismo ha realizado más de 2.300 inspecciones y ha abierto más de 550 expedientes sancionadores referentes a pisos turísticos ilegales. Ahora, sus inspecciones y control se verán reforzados con la información recabada por la Unidad de Análisis de Consumo sobre anuncios online de pisos turísticos en el País Vasco.

Esta información incluye datos y direcciones postales, y señalando a aquellos que se publicitan de manera ilícita, es decir, sin mostrar número de licencia, o mostrando una licencia incorrecta, o no especificando la titularidad del propietario de la vivienda. El Gobierno vasco podrá cruzar estos datos con la información propia y reforzar su control sobre la publicidad ilícita de estos alojamientos.

Durante el encuentro mantenido entre Bustinduy y el consejero vasco de Turismo, Comercio y Consumo, Javier Hurtado, el titular de Consumo destacó el bloqueo que ha impuesto a Airbnb de casi 66.000 anuncios ilegales de pisos turísticos, una acción que, según recordó, fue avalada recientemente en un primer auto por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Asimismo, mencionó el expediente sancionador abierto desde la Dirección General de Consumo a una plataforma de alquiler de pisos turísticos por no retirar publicidad ilícita, así como los expedientes sancionadores que se abrieron desde el Ministerio que dirige a grandes gestoras de pisos turísticos por posibles prácticas engañosas.

Tras exigir a Airbnb el cese de esos a anuncios, el pasado 19 de mayo, Bustinduy manifestó públicamente su objetivo de colaborar con las administraciones públicas competentes "para acabar con el descontrol y la ilegalidad generalizada de alojamientos turísticos", así como para favorecer el acceso a la vivienda y blindar los derechos de los consumidores.

Consumo puede aportar la información que está recopilando la Unidad de Análisis de Consumo y ofrecer asistencia técnica a otras administraciones para que actúen en esta línea y pongan fin "a los miles de anuncios ilícitos detectados". "Cualquier administración que tenga voluntad política para actuar y poner orden en el descontrol de los pisos turísticos ilegales contará con la cooperación, con las herramientas y los recursos del Ministerio de Consumo", aseguró el ministro. "Basta ya de proteger a quienes hacen negocio con el derecho a la vivienda", espetó a los ayuntamientos y las comunidades autónomas. En esta línea, el pasado 5 de junio, Bustinduy, durante la 32ª Conferencia Sectorial de Consumo, emplazó a los consejeros de Consumo a sancionar desde sus respectivas autonomías a las empresas que hay tras los pisos turísticos ilegales.