Las contrataciones a dedo se disparan en la Administración

La pasada semana entró en vigor la nueva Ley de Función Pública, que recoge mejoras en el sueldo de los funcionarios, pero también cambios sobre la evaluaciones de desempeño, incentivos, pluses o ascensos, concursos o promociones internas. El Gobierno se vio obligado a aprobarlo por real decreto forzado por el cumplimiento del Plan de Recuperación y de los hitos exigidos por Bruselas para la concesión de los fondos europeos, pero contó sólo con los sindicatos UGT y CC OO para cerrarla, porque tuvo en contra tanto la organización sindical mayoritaria de la AGE, CSIF, como a todas las asociaciones de los cuerpos superiores agrupadas en Fedeca.

En el caso de los altos funcionarios, varias de estas asociaciones han llevado ya a los tribunales los concursos de promoción interna y la contratación de interinos por estar «dinamitando la convivencia, los principios y la constitucionalidad del empleo público y de la promoción interna», y contra el objetivo del Gobierno de «acabar con la independencia y la imparcialidad de una Administración, que debe estar al margen de cambios políticos». Así lo han denunciado reiteradamente las 43 asociaciones profesionales de los cuerpos superiores, que representan a más de 15.000 funcionarios del grupo A1, el cuerpo más alto de la Administración.

La última en denunciar estas irregularidades ha sido la Asociación de Inspectores y Auditores Informáticos del Banco de España (AIBE), que ha puesto en entredicho el modelo de contratación de personal que se está consolidando en la institución, en el que «se prima la selección de empleados públicos mediante el sistema de concurso con abundancia de criterios subjetivos en detrimento del modelo de oposición».

Según la AIBE, en torno al 70% de las contrataciones en 2023 ya se han realizado en el supervisor bancario con métodos donde se anteponen «criterios subjetivos», pero esta práctica se ha generalizado entre el resto de instituciones, departamentos y ministerios de la Administración, alcanzando unos porcentajes de «contrataciones opacas, enchufismos y puestos a dedo» que van desde el 40% hasta el citado 70%, denuncian estas asociaciones. Por ello, son varias las que han impugnado procesos y concursos. En el caso de la AIBE, el de titulados economistas. «El Banco de España debe contratar a sus economistas como lo hace el Ministerio de Economía, mediante una oposición con exámenes rigurosos, exigentes y transparentes».

En este sentido, denuncia que el último concurso en la institución «carece de examen alguno», valora fundamentalmente méritos profesionales y académicos que van a depender de elementos «tan etéreos, subjetivos y opacos» como la «solvencia» del candidato, su «orientación a resultados, colaboración, su motivación para el puesto o el mayor o menor prestigio de la universidad en la que los candidatos han trabajado y estudiado».

Desde esta asociación se preguntan: «¿Quién ha decidido valorar la procedencia del candidato en lugar de centrarse en su valía? ¿Considera la Alta administración del Banco de España que existen universidades de primera y de segunda en España? ¿Se está valorando más las universidades privadas que a las públicas? ¿A las universidades de ciudades grandes, que suelen contar con más recursos, frente a las universidades de ciudades más pequeñas? ¿A las extranjeras frente a las nacionales? Si piensan que existen universidades de primera y de segunda en nuestro país, que digan cuáles son y que expongan públicamente por qué unas son mejores que otras y por qué el haber estudiado en una universidad u otra debe condicionar, en su opinión, el acceso o no a la función pública».

Otro cuerpo en pie de guerra es el de los inspectores de Hacienda. La asociación IHE ya presentó un recurso contencioso administrativo contra las «promociones light» para evitar la «colonización de la Administración por parte del Gobierno». La Asociación de Inspectores ha denunciado la última convocatoria en su Cuerpo ya que «permite que se nombre personal funcionario interino a personas que no han aprobado la oposición, ni desde luego han superado el curso selectivo en el Instituto de Estudios Fiscales que deben realizar todos aquellos candidatos que han superado la fase de oposición».

Otros altos funcionarios –como interventores, auditores, inspectores de Trabajo , técnicos de Gestión, entre otros– han presentado batalla contra estos concursos, para evitar que se generalicen los «funcionarios puestos a dedo».