Los contribuyentes merecen un respeto

El 3 de octubre, el Gobierno respondió a una pregunta escrita formulada por el senador José Antonio Monago acerca de actuaciones abusivas de la Agencia Tributaria. Se basaba en las valoraciones críticas que expuse en mi reciente entrevista con LA RAZÓN.

En ella, daba cuenta de la vulneración de derechos fundamentales de los contribuyentes y de la falta de transparencia que caracterizan las acciones de la AEAT.

La respuesta del Gobierno es un insulto, tanto al senador Monago como a los contribuyentes españoles. En lugar de abordar los graves problemas planteados, contesta con una ristra de lugares comunes, varios manifiestamente falsos e incluso risibles, si la situación no fuera tan grave.

En España, los derechos de los contribuyentes son mucho más débiles que en los países de su entorno, tanto a nivel legal como a efectos prácticos. Esto lo demostré en el acto sobre Derecho Tributario en la Universidad de Sevilla el pasado 30 de septiembre. La AEAT fue invitada a este evento, pero rechazó asistir. Llegó incluso, según se nos informó, a presionar a la Universidad para que lo cancelara. ¿Qué precio tienen la libertad de cátedra y expresión para este Gobierno?

Los derechos del contribuyente en España pueden resumirse en un único y breve artículo de la Ley General Tributaria: el artículo 34, como el Gobierno reconoce en su respuesta. A diferencia de muchos países, España no cuenta con una Carta de Derechos del Contribuyente. En cambio, los derechos y poderes de la AEAT y las obligaciones de los contribuyentes llenan centenares de páginas de leyes y reales decretos.

El Gobierno asegura que la Agencia Tributaria cumple «escrupulosamente» con sus obligaciones, incluyendo «la imposibilidad de divulgar datos fiscales». Resulta difícil tomar en serio esa afirmación en vista de sus reiteradas infracciones del Reglamento General de Protección de Datos (GDPR).

Son bien conocidos los escándalos por la presunta difusión de información tributaria por parte del Fiscal General del Estado y, antes que él, por un exministro de Hacienda. De forma cotidiana, la AEAT vulnera el principio de igualdad ante la ley, consagrado en el artículo 14 de la Constitución: lo hace amparada en la presunción de veracidad de la que disfruta. ¿Dónde queda el respeto a la presunción de inocencia, explícito en el artículo 24 de la Constitución? El Gobierno ni siquiera la menciona. Todo contribuyente en España sabe que la Agencia le trata como un delincuente, culpable hasta que demuestre su inocencia.

En España se fabrican expedientes para alimentar la voracidad recaudatoria de Hacienda, engordando así los malhadados bonus de los inspectores. Cada día vemos nuevos ejemplos.

Los inspectores copian y pegan textos de un expediente a otro, a veces con frases absurdas o irrelevantes que olvidan eliminar. La Agencia Tributaria «debe ajustarse a la normativa vigente», pero en la práctica no lo hace. Los asesores fiscales viven con miedo a cuestionar su poder. Los plazos se aplican con rigidez al contribuyente, pero los inspectores los incumplen sin consecuencia alguna. Tenemos además abundantes pruebas de irregularidades.

El Gobierno afirma que existen garantías y salvaguardas para los contribuyentes. Cita al Consejo para la Defensa del Contribuyente, asegurando que «vela por la efectividad de los derechos de los obligados tributarios». Los propios miembros del Consejo saben la verdad: es un órgano cautivo, sin independencia real. La mayoría de sus miembros son nombrados por Hacienda; sus oficinas territoriales están dirigidas por personal de la AEAT; el 97% de los casos que recibe se reenvían directamente a la propia Agencia.

Con escasísimo presupuesto y escasa credibilidad, el Consejo apenas tramita 10.000 reclamaciones al año, frente a las 240.000 que acaban en los tribunales. En un reciente estudio comparativo de 21 países, España destacó como un caso atípico: un Consejo débil, ineficaz y carente de independencia.

«El compromiso de la Agencia Tributaria con la transparencia es claro», sostiene el Gobierno. Los hechos dicen lo contrario. Cuando un ciudadano presenta una solicitud de acceso a la información en el Portal de Transparencia, la petición es frecuentemente denegada. Si pide acceso al expediente administrativo de su propio caso, también se le deniega, remitiéndole a la conclusión del expediente. Cuando finalmente se le permite verlo y faltan documentos esenciales, se le dice que son secretos. ¿De qué transparencia hablan?

«España es un Estado de Derecho», afirma el Gobierno. Sin embargo, una Delegación de la UE visitará España en enero para investigar multitud de vulneraciones del mismo. El rápido deterioro del Estado de Derecho en España supone ya una grave preocupación para las instituciones comunitarias. Aprovecharemos la ocasión para informar a la Delegación de los problemas estructurales de la Agencia Tributaria.

Dudo que haya alguien en España que se reconozca en la frase que cierra la respuesta del Ministerio a la pregunta del senador Monago: «Los contribuyentes disfrutan de plenos derechos y garantías en los procedimientos tributarios, y la AEAT prioriza el cumplimiento del principio de transparencia en el ejercicio de sus funciones». Nadie se reconocerá en esta afirmación porque, sencillamente, no es cierta.

ed7sz

El Gobierno afirma que Robert Amsterdam y yo carecemos de pruebas que respalden nuestras tesis. Se equivoca. Tenemos pruebas en abundancia: les remito a nuestro informe Hacienda contra el Pueblo. También ofrecemos propuestas concretas de reforma. Están plenamente desarrolladas y en España se ha abierto ya un diálogo social en torno a ellas. Lamentablemente, Hacienda no participa de estas conversaciones. El Gobierno se cierra al diálogo, cuando no trata de impedirlo. Por suerte, existen en España otras muchas voces dispuestas a impulsar un gran cambio: reconstruir la Agencia Tributaria como una institución normal, moderna y respetuosa con los derechos de los ciudadanos.