El agujero de la Seguridad Social (SS) crece mes a mes, mientras mantiene una deuda que en julio de este año alcanzaba los 126.174 millones de euros, según los últimos datos publicados por el Banco de España, que gobierna José Luis Escrivá. El Gobierno de Pedro Sánchez, sin embargo, airea, en teoría, un panorama en teoría idílico del sistema, sustentado en un más que burdo maquillaje contable.

El último informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), publicado solo hace unos días, afirma, de forma textual que "a finales de junio de 2025, el subsector Fondos de la Seguridad Social ha obtenido un superávit de 3.909 millones de euros, superior en un 17,7% al de 2024 con 3.322 millones." El único problema, al margen de la sintaxis, tan ininteligible como pedrestre, es que todo es incierto, ya que se sustenta en una falsedad, apoyada en la muy obtusa jerga de la contabilidad pública, utilizada, sin pudor alguno, para ocultar la realidad.

La Seguridad Social, en términos reales, tuvo un déficit de real de 25.821 millones de euros en el primer semestre de 2025, superior a los 24.562 millones del mismo periodo del año anterior. La magia de la contabilidad pública convierte esos déficits en superávits de 3.909 y 3.322 millones respectivamente. Sin embargo, el maquillaje contable -trampa burda dirían otros- se desmonta con facilidad, diga lo que diga la ministra del ramo, Elma Sáiz. Una lectura atenta de los datos oficiales lo aclara casi todo. Los ingresos contabilizados en las cuentas oficiales de la Seguridad Social en el primes semestre de año fueron de 135.259 millones y los gastos, 131.350 millones. Eso arroja un superávit, tan teórico como falso, de 3.909. La trampa está en que en los ingresos se han contabilizado nada menos que 29.730 millones de euros de lo que se denomina, en el abstruso lenguaje de la contabilidad pública, "Transferencias entre Administraciones Públicas". Traducido al roman paladino significa que el Estado ha aportado, sin contraprestación alguna y a fondo perdido, esa cantidad a la Seguridad Social para que pueda pagar las pensiones y las prestaciones por desempleo. Algo similar ocurrió en el mismo periodo del año anterior, cuando esa cantidad ascendió a 27.884 millones. Un truco contable, en definitiva, para eludir el gran asunto que es la penosa situación financiera de la Seguridad Social y, en último extremo, del sistema de pensiones.

El Gobierno de Sánchez, para enmascarar la situación, aprobó el año pasado una disposición para que las aportaciones del Estado a la Seguridad Social se consideren, en la práctica, ingresos ordinarios, lo que no deja de ser una trampa. La norma fue puesta en cuestión por la AIREF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal) y todavía está pendiente del último visto bueno de las autoridades de Bruselas que, aunque pongan reparos, al final darán un visto bueno más o menos condicionado. Eso, sin embargo, no elude la realidad de unas cuentas deficitarias. Las pensiones en España son generosas en relación con el último salario percibido, pero no son altas. A pesar de eso, son un gasto inmenso. La factura, en los seis primeros meses de 2025 ha superado los 112.000 millones de euros, cifra que más que se duplicará a finales de año. Supondrá casi un tercio de gasto total de las Administraciones Públicas y es, en la práctica, un agujero muy oscuro para el futuro de la economía española. El problema puede ser soluble, pero la solución no es mirar hacia otro lado y maquillar -por no decir trampear- las cuentas cada vez más.