Finanzas
Créditos sin control a las empresas de Díaz Ferrán
La ristra de créditos concedidos a las debilitadas empresas del ex presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, a la familia de éste e incluso a sí mismo son el lastre que ha llevado Miguel Blesa a cuestas en los últimos años.
Por si esto fuera poco, el partido Unión Progreso y Democracia (UPyD) denunció a Blesa –y la dirección de Caja Madrid y sus filiales– directamente por «estafa» en el proceso de reconversión de la entidad. Y para acabar de complicar el frente judicial del ex presidente de la caja, hace dos días el juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, preguntaba a la Fiscalía Anticorrupción si debía investigar a Blesa también por la comercialización de las polémicas participaciones preferentes.
La causa que tiene en sus manos el titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, Elpidio José Silva, afecta a la concesión de créditos al ex presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán y sus empresas, cuando era consejero de la entidad en 2009. Díaz Ferrán recibió el préstamo en 2008 y lo renegoció dos años más tarde, cuando las empresas del Grupo Marsans estaban a punto de entrar en concurso de acreedores.
Según el informe sobre estos préstamos encargado por el juez a la consultora KPMG, en ocho años el entorno de Díaz Ferrán recibió de Caja Madrid 131 millones de euros, incluyendo sus dos hijos, Gerardo y Marta. El primero recibió más de cinco millones y medio de euros y su hermana más de tres, de los que no se ha devuelto el 83% del primero y el 44% del segundo.
Algunas de las moribundas entonces sociedades del empresario también se beneficiaron del dinero prestado por la caja. El informe concluye que «Caja Madrid ha apoyado a las citadas sociedades acreditadas y, de forma indirecta, a los señores Díaz Ferrán y Pascual Arias (el fallecido Gonzalo Pascual, socio del primero»
El remate final lo pone el crédito que Caja Madrid le concedió a Blesa, que es como si se lo hubiera concedido a sí mismo. La cantidad percibida fue de 421.000 euros. Corría el año 2004 y la operación se llevó a cabo sin la autorización de la Comunidad de Madrid, algo a lo que obligaban tanto los Estatutos como la legislación vigente, que expresa la necesidad de la preceptiva luz verde de la Comunidad para préstamos a consejeros, sus familias o sociedades donde éstos participen mayoritariamente u ostenten cargos. Dicha autorización llegó casi un mes después.
Estafa y falsificación
Por otra parte, en la demanda de UPyD, la formación política denuncia a Caja Madrid, su consejo de administración y su dirección por «estafa, apropiación indebida, falsificación de cuentas anuales en conexión con delitos societarios, falsificación en la información económica y administración desleal». La denuncia se basa en las «múltiples irregularidades» detectadas por el Banco de España en la gestión de la entidad, que fueron ignorada por ésta. Asimismo, consideran que se sobrevaloraron los activos de cara a la conversión en banco, cifrados en 152.230 millones de euros «que pasan a valer cero euros, o lo que es lo mismo, nada»
Otro punto de la denuncia eran las «inauditas» retribuciones de los directivos, ya que se repartieron 71,9 millones entre 2007 y 2010 para un total de doce directivos. A nivel individual, Blesa percibió 12,4 millones en bonus durante esos años.
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