Cs pedía reformar la estiba en su programa electoral

Rivera descarta ahora apoyar al Gobierno por ser un real decreto «no consensuado».

El conflicto de los estibadores entra en una semana clave para dilucidar el futuro de los algo más de 6.100 trabajadores encargados de las mercancías en los 46 puertos españoles. Sin embargo, el foco se centrará no tanto en las negociaciones entre la patronal y los sindicatos, sino en las conversaciones políticas en el Parlamento. El Congreso de los Diputados tiene previsto votar el próximo jueves el real decreto ley que liberalizaría el acceso a la profesión de la estiba, aunque a día de hoy no está claro que tal votación vaya a producirse.

El Gobierno ha dejado abierta la puerta a retrasar la convalidación de la reforma, tal y como adelantó el pasado viernes, tras el Consejo de Ministros, el portavoz, Íñigo Méndez de Vigo. La falta de consenso entre las empresas y los trabajadores ha arrastrado a toda la oposición parlamentaria, que rechaza votar a favor del real decreto mientras los estibadores no den su visto bueno a los cambios en los puertos. Por ello, el Ejecutivo ha optado por dar una semana más a los agentes sociales para negociar y tratar entonces de recabar apoyos en el Congreso.

«Converger» con la UE

De momento, tanto el PSOE, como Ciudadanos y Podemos han mostrado su negativa a la actual reforma de la estiba. Sin embargo, la formación liderada por Albert Rivera sí apostaba por modificar las condiciones laborales de los estibadores en su programa electoral para las elecciones generales de 2015. Dentro del capítulo 13, referente a infraestructuras y transporte, el partido naranja dedicaba un epígrafe a la adopción de reglamentos y condiciones laborales europeas.

En ese punto, señalaba que convergeremos hacia lo marcado por la normativa laboral europea en las profesiones reguladas portuarias y aeroportuarias. Para ello, Ciudadanos se comprometía «a la derogación del régimen laboral asociado al servicio portuario de manipulación de mercancías que esté en contradicción con reglamentos y sentencias del Tribunal de Justicia Europeo». Este es, precisamente, el caso de los estibadores, cuyo sistema de acceso a la profesión fue declarado ilegal por la Justicia europea en diciembre de 2014.

El programa electoral de Ciudadanos señalaba que las modificaciones legislativas necesarias para procurar esa convergencia con la Unión Europea se realizarán «en un plazo máximo no superior a dos años». Asimismo, apuntaba que «serán básicos y vitales los planteamientos de las fases transitorias y el diálogo con todos los agentes implicados». La primera parte de esa condición va en línea con la reforma propuesta por el Gobierno, que contempla un periodo transitorio de tres años en el que desaparecerá la obligación de pertenecer a las sociedades de estiba (Sagep) para poder trabajar como estibador. De esta forma, el primer año las empresas tendrán la obligación de contratar al 75% de los miembros de las Sagep. Ese porcentaje se reducirá hasta el 50% el segundo año y al 25% en el tercero. Transcurrido este periodo, todas las Sagep tendrán que transformarse en centros portuarios de empleo o empresas de trabajo temporal, de donde se contratará a los estibadores. Para Ciudadanos, «despedir de buenas a primeras a 7.000 personas y empezar de cero no parece razonable», si bien sí ve con buenos ojos que entren nuevos trabajadores y «compitan en libertad». De hecho, en su programa afirmaba que «se abrirá contemplar en el modelo portuario la nueva realidad que ha supuesto la entrada de nuevos capitales ligados a fondos de inversión» en las sociedades de estiba.

La segunda parte, la concerniente al diálogo entre las partes, es el cabo suelto al que se agarra Ciudadanos para negar su apoyo a la propuesta del Gobierno. «Es un real decreto no consensuado», aseguró Rivera hace unos días. «Intentaremos que venga pactado y reformado o que no venga», dijo sobre la votación prevista en el Congreso para el jueves.