CSIF denuncia que el Gobierno retiene ya 1.200 millones a los funcionarios por la congelación salarial

El sindicato CSIF ha vuelto a denunciar que los funcionarios siguen sin recibir las subidas prometidas por la compensación de la subida del IPC del año pasado y continúa sin aplicar la subida del 0,5% que debe desde 2024. "La situación es muy grave. Ya estamos en mayo y el Ejecutivo sigue sin dar una respuesta". En total, este sindicato calcula el Gobierno adeuda al conjunto de empleados públicos unos 1.200 millones de euros en concepto de atrasos y por la evolución del IPC.

CSIF considera que "se debe aprobar por decreto la subida salarial pendiente", tal y como hizo en 2020 y 2024, así como el pasado mes de marzo con el personal militar. Por ello, "vamos a realizar una petición formal al presidente Pedro Sánchez ante la inacción del ministro de Función Pública, Óscar López".

De igual manera, ha reiterado sus críticas por el incumplimiento de las promesas sobre la reducción de la temporalidad en l.as Administraciones Públicas, que aseguran se ha estancado en el 30%, "superando ampliamente el límite acordado con Bruselas y recogido en la ley de Estabilización del Sector Público de 2021, y que nos ha confirmado la propia Administración". Estos porcentajes de temporalidad "están muy lejos del límite del 8% de interinidad acordado con Bruselas y recogido en la Ley de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público", que fijaba ese límite con fecha límite del 31 de diciembre de 2024.

Recuerda CSIF que este incumplimiento ha provocado que la UE abra a España dos expedientes de infracción que podrían culminar con la imposición de una sanción millonaria. "La temporalidad del 30" evidencia el fracaso de los procesos de estabilización que el Gobierno ha promovido desde 2021, cuando promulgó la ley para reducir la temporalidad en todas las Administraciones Públicas".

Los datos del Ministerio de Función Pública consultados por CSIF recogen que en los últimos cuatro años se han ofertado un total de 544.151 plazas, de las cuales están sin cubrir casi un tercio (32,7%). De los 8.132 municipios, casi el 40% (3.100 consistorios) no han facilitado a Función Pública sus cifras sobre temporalidad. En el mismo sentido, CSIF incide en que pese a las plazas creadas, las administraciones siguen creando plazas temporales por sus necesidades de personal porque, "pese a las promesas del Gobierno, sigue vigente la tasa de reposición -el límite que se establece en los Presupuestos a la reposición de efectivos jubilados-, lo que se une a la ausencia de Presupuestos Generales".

CSIF señala que las Administraciones han perdido un total de 92.100 puestos de trabajo en el primer trimestre del año como consecuencia del envejecimiento de las plantillas, lo que supone "prácticamente toda la ocupación perdida en términos netos" durante el primer trimestre del año en el conjunto del mercado laboral, según los datos de la última Encuesta de Población Activa (EPA).

Desde el segundo trimestre de 2003, cuando se produjeron recortes para reducir el déficit público y varias privatizaciones, "no se había producido una destrucción de empleo similar, ni siquiera en 2013, cuando se vivió uno de los peores momentos de la crisis financiera global".

Además, el sindicato avisa de que más del 60% de los empleados públicos tiene más de 50 años y en la próxima década se podría jubilar cerca del 30% de la plantilla actual de la Administración General del Estado, "lo que nos situaría en una situación de colapso si no se adoptan medidas urgentes. Pese a las ofertas de empleo público de los últimos años, la destrucción de empleo producida en este trimestre supone más del doble de toda la oferta del año pasado en la AGE".

Por todo ello, el sindicato que dirige Miguel Borra propone a UGT y CC OO formar un frente común para organizar una gran protesta en toda España "para que el

Gobierno se siente de una vez a negociar la subida salarial de este año y abone las cantidades pendientes". Además, CSIF propondrá a los Grupos Parlamentarios impulsar una Proposición de Ley para que los salarios de los empleados públicos se revaloricen automáticamente cada año conforme al IPC, como ya ocurre con las pensiones, más el porcentaje adicional que se determine en la negociación; la negociación de una nueva oferta de empleo público para 2025 eliminando la

tasa de reposición; aprobar la jornada laboral de 35 horas en el conjunto del Estado y la implementación de carrera profesional en todas las administraciones, así como del teletrabajo; la equiparación salarial entre las distintas administraciones; la mejora de las condiciones de jubilación del Régimen General y Clases Pasivas y la regulación inmediata para que el conjunto de los empleados públicos pueda acogerse a la jubilación parcial; y la adecuación de los grupos profesionales en el conjunto de las administraciones.