Cuenta atrás para el rescate de Fomento de las radiales R-3 y R-5

El 1 de octubre asumirá la gestión de las autopistas si no evita la quiebra de sus concesionarias. Un juzgado de Madrid dictó su liquidación en mayo.

Diez días. Ése es el exiguo plazo del que dispone Ministerio de Fomento para encontrar una solución que le evite tener que rescatar las autopistas de peaje R-3 (Madrid-Arganda) y R-5 (Madrid-Navalcarnero). Ambas se encuentran en fase de liquidación «sin efectos suspensivos» tras una sentencia en este sentido dictada por el Juzgado de lo Mercantil número 6 de Madrid el pasado mes de mayo. La decisión ordenaba el cierre al tráfico de ambas vías el próximo 1 de octubre si el Ministerio de Fomento no asumía su gestión. El problema de este rescate es que obligaría también al Estado a asumir la Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA) e indemnizar a las empresas concesionarias. El monto de este desembolso ascendería a los 5.000 millones de euros en caso de que las nueve autopistas que se han declarado en quiebra fueran liquidadas, según cálculos de la patronal de las constructoras, Seopan. Fomento, sin embargo, ha asegurado que habría que calcular la cantidad a pagar, pero sus primeras estimaciones rebajan la cantidad a menos de la mitad de esos 5.000 millones.

Aunque el desembolso de la RPA se dilatase en el tiempo y se fraccionase por la previsible catarata de recursos que presentaría el Estado contra la decisión, no dejaría de ser un contratiempo más en la lucha contra el déficit. Por ese motivo, Fomento está tratando de buscar alguna alternativa que le evite tener que rescatar estas autopistas.

Para tratar de evitar «in extremis» el rescate, fuentes inmersas en la negociación citadas por Ep aseguraron ayer que el departamento de Catalá ha comenzado a negociar «intensamente y en estrecha colaboración» con la administración concursal de la R-3 y la R-5 para garantizar la continuidad del servicio. Fomento, en cualquier caso, tiene claro que, llegados al peor escenario, tendrá que quedarse con las vías, gestionarlas y pagar la RPA, como ya adelantó LA RAZÓN el pasado 26 de junio y dio a entender ayer mismo el propio Catalá. «Si el juez resuelve que estas concesiones tienen que acabar en manos del Estado, lo haremos», afirmó. «Si la solución es que haya un concurso, ahí el papel que el Ministerio puede desempeñar hipotéticamente es que el Estado ejerza la RPA y, por tanto, esas radiales pasen a titularidad del Estado y éste indemnice a las empresas concesionarias», explicó en rueda de prensa.

Fomento confía en que la misma Justicia que le ha colocado al borde del precipicio del rescate y de activar la RPA le salve de ese abismo. El Ministerio ha impugnado la decisión del juzgado mercantil madrileño de liquidar la R-3 y la R-5, argumentando que carece de competencias para suspender un contrato de concesión administrativa.

Si las vías volvieran a manos del Estado, su gestión correría a cargo de Seittsa, la sociedad pública de carreteras, que asumiría la plantilla de 120 trabajadores que tienen. En sus planes, según informaron a los trabajadores en junio, no entra eliminar los peajes y sí volverlas a licitar en un futuro dado que se trata de dos autopistas cuyas cuentas son positivas. La R-3 elevó su número de usuarios un 5,6% en la primera mitad del año, hasta los 10.523, mientras que los de la R-5 se dispararon un 9,8%, hasta los 7.325.

La liquidación de la R-3 y la R-5 se suma a las que ya se habían decretado para otras autopistas, la M-12, que conecta Madrid con el aeropuerto de Barajas, y la AP-36 Madrid-Ocaña. La diferencia es que, en estos casos, no se dictó sin efectos suspensivos. Su rescate supondría el segundo en apenas un mes que tendría que asumir Fomento después de la liquidación de la sociedad que gestionaba el túnel del AVE a Francia. TP Ferro, la sociedad controlada por ACS y Eiffage, al cargo de la infraestructura, quebró ante la falta de tráfico ferroviario. Sus ingresos sólo alcanzaban para cubrir los gastos de explotación pero no la construcción, en la que se invirtieron 1.000 millones de euros.