Desmantelada una organización criminal dedicada a la comercialización de energía eléctrica

Se les imputan presuntos delitos de estafa que superarían los 60 millones de euros a las empresas generadoras de electricidad, así como un presunto delito a la Hacienda Pública de más de 14 millones de euros.

La Guardia Civil en el marco de la operación “Ámbar” ha desmantelado una organización criminal en la que han sido detenidas 14 personas en las provincias de Barcelona, Madrid, Tarragona, Gerona, Alicante y Valencia y han sido realizados 7 registros. Esta organización se dedicaba a la interposición de empresas instrumentales en la comercialización de energía eléctrica, dejando de abonar los servicios proporcionados por el operador del sistema y los distribuidores del mercado eléctrico nacional. Se ha cuantificado que la suma del fraude realizado por estas comercializadoras supera los 60 millones de euros.

Sustitución de unas comercializadoras para mantener el fraude

Se han identificado hasta diez comercializadoras eléctricas instrumentalizadas por la organización criminal (las cuales se encuentran en la actualidad carentes de actividad tras ser inhabilitadas por la CNMC) y se han detectado tres nuevas comercializadoras eléctricas creadas por la organización criminal con la finalidad de sustituir a aquellas que se encontraban inhabilitadas, perpetuando de esta forma la comisión del fraude. Esta sustitución de unas comercializadoras por otras conforma el núcleo principal del modus operandi utilizado para generar la deuda dentro del sistema eléctrico español.

Al mismo tiempo se están investigando las distintas operativas de blanqueo de capitales diseñadas para ocultar el origen delictivo de los fondos obtenidos, detectando el flujo monetario existente entre las comercializadoras fraudulentas y un conglomerado de empresas vinculadas a la organización criminal.

Esta operación es fruto de la colaboración permanente entre la Guardia Civil y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y ha sido desarrollada por el Grupo de Delincuencia Económica de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil con el apoyo de agentes de las diferentes Comandancias afectadas y miembros de la Agrupación de Reserva y Seguridad, así como de la Agencia Tributaria.

La investigación ha sido dirigida por el Juzgado Central de Instrucción núm. 1 de la Audiencia Nacional.