Despiden a una limpiadora por no hacer bien en su trabajo: declaran improcedente con 25.000 euros de indemnización

En el ámbito laboral, los conflictos entre empleados y empresas no son una excepción, sino una realidad constante que, en ocasiones, deriva en procedimientos judiciales largos y complejos. Las discrepancias sobre condiciones de trabajo, despidos mal ejecutados o interpretaciones dudosas del cumplimiento de funciones pueden convertirse en auténticas batallas legales que se prolongan durante años. Esta lentitud en la resolución, lejos de desanimar a quienes sienten vulnerados sus derechos, a veces se convierte en una prueba de resistencia por parte del trabajador.

Existen casos en los que, tras un proceso arduo, la justicia da la razón al empleado. Cuando el procedimiento demuestra que el despido no cumplió con los requisitos legales, ni con el respeto mínimo al derecho de defensa y a la presunción de inocencia, los tribunales pueden establecer indemnizaciones económicas que superan los 20.000 euros, en función de la antigüedad, el salario y los daños derivados. Estas decisiones judiciales envían un mensaje claro: la legalidad laboral no es opcional y las empresas deben seguir los cauces formales, especialmente en decisiones tan delicadas como la finalización de una relación laboral.

Respetar los derechos laborales no solo es una cuestión de ética, sino una obligación jurídica que protege la dignidad del trabajador y la estabilidad del sistema productivo. Los despidos deben estar justificados, bien argumentados y documentados, y siempre enmarcados en lo que establece el Estatuto de los Trabajadores. Cuando se omiten estos pasos, se abre la puerta a que el trabajador acuda a los tribunales y, si el caso lo merece, obtenga reparación. Un claro ejemplo de todas estas malas prácticas que se realizan dentro del entorno laboral es el caso que hoy nos concierne, donde la compañía fue castigada con una indemnización mayor de la ya mentada.

El desarrollo de un despido dudoso

En abril de 2024, una auxiliar de limpieza con más de 22 años de antigüedad fue despedida por una cadena hotelera de Santiago de Compostela. Su contrato, de tipo indefinido discontinuo a tiempo parcial desde 2022, estaba asociado a un sueldo mensual de 1.085 euros. La empresa alegó "indisciplina" y la realización de "limpiezas superficiales" como motivos del despido disciplinario, además de señalar que necesitaban supervisar constantemente su trabajo o rehacer tareas que ella habría hecho de forma incorrecta.

Según la carta de despido, estos hechos constituían faltas "muy graves" bajo el artículo 54.2 del Estatuto de los Trabajadores. No obstante, la trabajadora decidió impugnar la decisión alegando que no se le dieron explicaciones claras ni se documentaron los supuestos incumplimientos. Tras un acto de conciliación fallido, llevó su caso ante el Juzgado de lo Social número 2 de Santiago, solicitando la declaración de despido improcedente y una indemnización correspondiente.

La Justicia declara improcedente con indemnización

El Juzgado de lo Social valoró que la carta de despido carecía de concreción, resultando "abstracta, inconcreta y poco precisa". Además, la empresa no aportó pruebas suficientes que acreditaran los incumplimientos alegados. Ante la falta de justificación, el juez declaró el despido improcedente, otorgando a la trabajadora el derecho a ser readmitida o, en su defecto, a recibir una indemnización de 25.695,36 euros. La empresa optó por recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSXG).

Sin embargo, el TSXG ratificó la decisión de primera instancia. En su fallo, subrayó que no se podía aplicar una sanción tan severa sin una base sólida ni una exposición detallada de los hechos. Además, consideró que el recurso de la empresa carecía de fundamento jurídico suficiente. Como resultado, la cadena hotelera no solo deberá asumir la indemnización, sino también pagar 750 euros en costas procesales a la abogada de la trabajadora.

Este caso pone de relieve la importancia de actuar con rigor jurídico en los procedimientos de despido y de no subestimar los derechos de los empleados. A pesar de la lentitud del proceso, la justicia laboral actuó en defensa de quien había sido despedida sin base firme, dejando una advertencia clara a otras empresas, y es que, no todo vale en una relación laboral.