El montante de la deuda pública «oficial» alcanzó los 1,66 billones de euros a finales de mayo de este año, según datos del Banco de España. Representa un 102,3% del PIB, algo menos en el mismo mes del año anterior, pero un poco más que el 103,5% con el que finalizó 2024. Esos datos, sin embargo, no reflejan toda la realidad y la magnitud de los pasivos públicos que arrastra España.

Hay varias formas de medir la deuda, pero sobre todo tres: la que se calcula según el llamado Protocolo de Déficit Excesivo (PDE), que es la medición que utiliza la Comisión Europea; la que surge de la consolidación entre todas las cuentas/deudas de las distintas administraciones –central, autonómica y local, sobre todo– y, por último, la que refleja la deuda total y, por lo tanto real, de todas las Administraciones Públicas.

En el primer caso, a finales de 2024, la deuda era de 1,62 billones de euros; en el segundo, 1,76 billones y en el último, 2,154 billones. Son los datos recogidos, comentados y analizados en un breve informe, publicado en el Boletín Económico del Banco de España, titulado «La evolución de la deuda pública en España» y elaborado por Javier Arribas-Vela, María Isabel Laporta-Corbera y Blanca García-Moral, todos ellos miembros del Departamento de Estadística de la institución que gobierna José Luis Escrivá.

Hay otra forma de medir la magnitud de la deuda pública de un país. Consiste en calcular el porcentaje del PIB que representa. En el caso de España, a lo largo de 2024, ese porcentaje se redujo en 3,3 puntos, desde el 105,1% hasta el 101,8%, aunque ha vuelto a subir en los primeros meses de 2025, siempre según los criterios del Protocolo de Déficit Excesivo.

Los autores del informe explican, no obstante, que «la reducción de la ratio en 3,3 puntos porcentuales se debió sobre todo al crecimiento económico». Como también aclaran, el porcentaje –la ratio– depende de «la variación del PIB nominal ya que su aumento –disminución– genera de forma automática una reducción –incremento– de la ratio de deuda por el efecto denominador». Por eso, continúan Arribas-Vela, Laporta-Corbera y García-Moral, «la disminución en 3,3 puntos porcentuales de la radio de deuda pública se explica, en primer lugar, por la aportación del PIB nominal, que redujo la ratio en 6,2 puntos porcentuales (pp) del PIB –9,1 puntos porcentuales el año anterior–; en segundo lugar, por el déficit público, que incrementó el porcentaje, y por el ajuste déficit-deuda, que disminuyó la ratio en 0,3 puntos porcentuales del PIB nacional.

El informe, que constata el descenso de la ratio sobre PIB de las Administraciones Públicas según el PDE en 2024, lo que confirmaba la tendencia iniciada en 2021, tras los incrementos debidos a la pandemia, aborda también la situación de los denominados «Pasivos totales de las Administraciones Públicas».

No son datos secretos, ni tan siquiera ocultos, pero no se les suele prestar atención. Incluyen además de la deuda según el PDE otras deudas como sistemas de seguros, de pensiones y garantías, créditos comerciales y otras cuentas pendientes de pago. También se añaden los pasivos en poder otras Administraciones Públicas. Todo aparece en las denominadas Cuentas Financieras de la Economía Española (CFEE), que elabora trimestralmente el Banco de España.

En 2024, según los datos que analizan los autores del estudio, los pasivos –deuda– de todas las Administraciones Públicas alcanzaron los 2,154 billones de euros y «se redujeron en 2,3 puntos porcentuales respecto al año anterior, hasta el 135,4% del PIB, frente al 107,6% del área euro». Explican también que «esta reducción se explica fundamentalmente por el efecto del PIB, ya que la variación del numerador fue positiva». Los 2,154 billones serían la deuda total de las Administraciones Públicas, más o menos medio billón más que según el PDE.

No obstante, una vez tenidas en cuenta las deudas de unas administraciones españolas con otras –sobre todo las de las Comunidades Autónomas y Seguridad Social con el Estado Central–, la cifra consolidada se reduce hasta los 1,726 billones de euros, «un 108,5% del PIB, pero todavía por encima del nivel agregado del área euro, del 93,8%», escriben los expertos estadísticos del Banco de España. La cifra de 1,726 billones de euros es, por otra parte, algo más de 100.000 millones adicionales de la que reflejan las cuentas según los criterios de la Unión Europea.

El matiz es muy importante. Es posible, hasta cierto punto, mirar hacia otro lado, en el caso de los datos de deuda total, porque aunque hay que pagarla toda, hay una parte importante que es entre Administraciones Públicas y el resultado final, a pesar de los problemas que acarree debería ser cero y ya se discutiría quién abona los intereses. Sin embargo, la diferencia entre lo que tiene en cuenta la Unión Europea y la deuda consolidada no se compensa con nada y suma 100.000 millones a las cifras que se manejan de forma habitual de deuda.

El origen de estos inmensos agujeros no tiene ningún misterio y se originan en los sucesivos déficits acumulados por las Administraciones Públicas. Arribas-Vela, Laporta-Corbera y García Moral incluyen en su estudio un cuadro muy revelador de la evolución de la deuda bruta de las Administraciones Públicas en el periodo 2019-2024 que, en este caso, coincide con la época de los Gobiernos de Pedro Sánchez, aunque los expertos no hacen ningún tipo de referencia política sobre las autoridades centrales, autonómicas y locales responsables, en último caso, y cada una en distinta proporción, de la deuda.

El citado cuadro indica que, entre 2019 y 2024, la deuda, según el Protocolo de Déficit Excesivo, aumentó en 411.310 millones de euros, cifra solo algo superior al déficit –necesidad de financiación– acumulado por las Administraciones Públicas en el mismo periodo, que fue de 398.000 millones de euros.

No hay secretos, la deuda es consecuencia directa de los déficits y puede reducirse en términos porcentuales de PIB si la economía crece, pero nunca descenderá en términos absolutos si los gastos superan a los ingresos.

Los autores del informe remiten también, para actualizar los datos, a la web del Banco de España, que refresca de forma permanente la información. Las últimas cifras indican que los pasivos en circulación –deuda– recogidos en las CFEE a finales del primer trimestre de 2025 habían ascendido hasta los 2,17 billones de euros, es decir, un 134,67% del PIB estimado de 1,611 billones.

Eso sí, la deuda según el PDE era de 1,66 billones, mientras que no hay datos de consolidación definitiva, aunque una primera estimación apunta a 353.023 millones de deudas cruzadas entre Administraciones.

Por último, el informe explica que a finales de 2024, «la deuda con plazo residual inferior a un año, entendida como aquella que vence dentro de un periodo menor de 12 meses, representó el 13,9% del total».

Eso significa que España necesita volver a endeudarse en unos 225.000 millones de euros solo para atender al vencimiento de la deuda, algo que se sufraga con la emisión de más deuda. Es decir, se engorda ese total que, sumado todo, supone 2,17 billones de euros. Una barbaridad.