Díaz abre la puerta a destopar el despido improcedente y elevarlo por encima de los 40 días por año trabajado

Yolanda Díaz prepara ya una segunda «minireforma laboral», que quiere aprobar antes de que finalice esta legislatura, para «asegurar su implantación si al final las elecciones ponen fin a su mandato», explicaron a la LA RAZÓN fuentes cercanas a la ministra. El objetivo que se ha marcado Díaz es la «renovación completa del marco legislativo laboral para acomodarlo al siglo XXI», para rubricar el capítulo final que no pudo formalizar con la firma de la reforma laboral actualmente en vigor, firmada en 2021 con los agentes sociales. Entre las áreas que pretende renovar la ministra se incluye la revisión del derecho a huelga, una reducción de jornada pactada pero con el mismo sueldo, subidas salariales ligadas al IPC como las pensiones, un plan para evitar las horas extra sin remunerar, la aprobación de una renta mínima universal y avanzar hacia un «despido disuasorio y adaptado a cada trabajador o sector».

Respecto a este último punto, precisamente ayer, la ministra de Trabajo manifestó en el Congreso que «el despido en España no es caro, al revés, es demasiado barato. No existe una protección efectiva ante los abusos de algunas empresas». En su habitual «modo ataque» frente al empresariado de las últimas semanas aprovechó una interpelación urgente en el Congreso para cargar contra los despidos injustificados que, según defendió, «son utilizados como una política normalizada por las empresas», que incluyen los costes por despido en sus previsiones de gasto. «No es admisible un mercado de trabajo basado en despidos a precio de saldo». Díaz indicó que España es de los pocos países europeos en los que «las indemnizaciones están topadas», por lo que es necesario eliminar la «perversidad» de la rotación laboral como una «dinámica normalizada».

Según defendió ante los diputados, en la actualidad hay empresas que recurren al despido improcedente «porque les sale a cuenta despedir» usando una indemnización de 33 días por año trabajado, aunque puedan recurrir al despido objetivo e indemnizar con 20 días. «Esta escasa diferencia es una verdadera perversión del sistema que hace que no exista una protección efectiva ante los abusos». Por esta razón, el Ministerio trabaja en los estudios iniciales de un nuevo sistema de reparaciones por rescisiones de contrato, que incluirían «despidos a la carta», con indemnizaciones individualizadas para cada caso o sectoralizadas por circunstancias especiales, como crisis o situaciones de emergencia. Este nuevo sistema no implicaría elevar de forma sistemática los importes y los días por año trabajado de las indemnizaciones, pero la intención es acabar con los topes que actualmente están vigentes –los 22 para despidos objetivos y los 33 para los improcedentes–. De esta manera, se abre la puerta a que las reparaciones superen los cuarenta días por año trabajado, según confirman fuentes gubernamentales. Para evitar abusos, sí se estaría barajando en dotar al sistema de un límite, que podría establecerse en 48 días por año trabajado.

Esta cifra parece ir de la mano con la última sentencia del TSJ de Cataluña, que elevó en 15 días la indemnización por un despido improcedente, hasta un total de 48, al considerar que «es claramente insignificante, no compensa el daño producido por la pérdida del puesto de trabajo, ni tiene efecto disuasorio para la empresa».

La vicepresidenta da un paso más para alejarse de la CEOE y saltarse otra línea roja marcada por los empresarios cuando aceptaron firmar la reforma laboral bajo una serie de condiciones, que «el Ministerio está incumpliendo sistemáticamente» y que «han traspasado sin pudor, traicionando nuestra confianza», manifestaron fuentes empresariales. Esto ahondará aún más la ruptura entre ambas partes, ya que desde la patronal ya advierten que «no cuenten con nosotros para aprobar eso».