En la misma semana en la que el Consejo de Ministros dio luz verde a la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales solo con el apoyo de los sindicatos y con la negativa de las patronales CEOE y Cepyme, el Ministerio de Trabajo ha informado de que la Inspección impuso 20,2 millones de euros en sanciones a empresas por incumplimiento de jornada y registro horario en 2024, lo que supone un 9% más que en 2023, redoblando así la presión de por sí elevado sobre los empresarios durante el último año.

Fuentes ministeriales recuerdan que, en el marco de la reducción de la jornada laboral, ya se puso en marcha una reforma del control horario, una medida vigente desde 2019, que busca mejorar el sistema y que sea "fiable, accesible e interoperable".

Según explica la Inspección, el año pasado se hicieron 9.097 actuaciones en control de registro de jornada que terminaron en 1.869 infracciones por 2,99 millones de euros, que afectaron a 21.649 trabajadores. En cuanto al tiempo de trabajo y horas extraordinarias, se hicieron 38.686 actuaciones que terminaron en 13.681 infracciones por 17,2 millones de euros. En este caso, 178.456 trabajadores estuvieron involucrados.

Este organismo ha elevado sustancialmente la presión inspectora durante el último año, con un aumento significativo en todas las variables de actuaciones, infracciones y trabajadores, que ha derivado en un incremento cercano al 10% al final del ejercicio.

El Ministerio de Trabajo ha reiterado que el control del tiempo de trabajo es uno de los "objetivos prioritarios" de la Inspección, por lo que van a seguir redoblando sus comprobaciones para que se cumpla con el horario convenido en el contrato, ya que advierten de que el incumplimiento de ese horario o la posible existencia de horas extras no retribuidas ni compensadas por descanso "puede tener consecuencias en materia no solo laboral, sino también de Seguridad Social".