Se dispara el precio del aceite de oliva a niveles históricos

Los precios en origen del aceite de oliva siguen su escalada y se aproximan ya a los 7.000 euros por tonelada para la calidad virgen extra, aunque se han hecho algunas operaciones por encima de esa cifra, auténtico récord. Las cotizaciones de las categorías virgen y lampante han alcanzado también niveles históricos.

Esta última es la que ha registrado las mayores subidas durante la última semana con aumentos de entre 200 y 300 euros por tonelada. Las existencias totales son muy limitadas y las previsiones de producción apuntan a que será muy corta como consecuencia de la sequía y de las altas temperaturas de los últimos meses, que provocaron importantes daños en la floración y en el cuajado.

Según los operadores comerciales de este sector, esta tendencia alcista continuará en corto y medio plazo, a pesar de la caída en el consumo que se ha registrado en España como consecuencia, precisamente, de la subida de los precios en destino.

El del olivar será uno de los sectores que deberían beneficiarse de las ayudas para paliar algo los daños de la sequía que han preparado en el Ministerio de Agricultura. Todavía no se han establecido los criterios concretos para el reparto de los fondos. Precisamente, la semana pasada la Comisión Europea anunció que destinará a España algo más de 81 millones de euros, que se sumarán a la partida presupuestaria nacional; ese dinero procede de la llamada reserva agrícola de la UE.

Por otro lado, el sector del olivar será uno de los que se vean afectados por la aplicación de la Ley de Restauración de la Naturaleza que ha propuesto la Comisión Europea en el marco de su llamado Pacto Verde. Sin embargo, esta iniciativa está cosechando problemas en el proceso de tramitación en el Parlamento Europeo, De momento, la semana pasada, los eurodiputados miembros de la Comisión de Medio Ambiente no lograron un acuerdo para fijar una posición común sobre la propuesta de reglamento correspondiente, registrándose un empate a 44 votos.

La decisión definitiva queda en manos del pleno del PE, con una oposición rotunda del Partido Popular Europeo (PPE) y de otros grupos políticos.