El PP duda si seguir adelante con la segunda fase de la liberalización de las torres de control aéreo si gobierna

La segunda fase de la liberación de las torres de control aéreo lanzada por el Gobierno de Pedro Sánchez puede dar un giro de 180 grados en caso de Alberto Núñez Feijóo gane las elecciones generales del próximo 23 de julio. Y es que los populares no tienen tan claro que vayan a seguir adelante con el proceso.

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) anunció en febrero su intención de poner en marcha la liberalización de los servicios de control de torre de los aeropuertos de Bilbao, Santiago-Rosalia de Castro, Palma de Mallorca, Málaga-Costa del Sol, Gran Canarias, Tenerife Sur y Tenerife Norte-Ciudad de la Laguna. Esta nueva fase de privatización de torres está ahora mismo en proceso de consulta pública interna para recibir las alegaciones pertinentes del sector y no se ha publicado aún ninguna orden ministerial o resolución. Sin embargo, la convocatoria adelantada de elecciones para el próximo mes tras la debacle electoral que sufrió el PSOE en las elecciones municipales y autonómicas del pasado mes de mayo ha dejado el proceso pendiente de lo que suceda en las urnas.

En caso de que el PP ganara las elecciones y formase gobierno, los planes para liberalizar estas torres podrían verse comprometidos. Fuentes del sector aéreo aseguran que los populares han transmitido que, aunque son partidarios de privatizar aquellos servicios que sean posibles, no lo harán si existen riesgos que comprometan la seguridad. Y, en el caso de las torres de control aéreo, es un aspecto que parece que tendrían que evaluar mucho.

El PP ya paralizó, de hecho, esta segunda fase cuando Mariano Rajoy accedió a la Presidencia del Gobierno a finales de 2011. Entonces, la ministra de Fomento, Ana Pastor, tomó la decisión de no seguir adelante con las privatizaciones que había iniciado José Blanco. Y una de las razones de peso que esgrimió entonces Pastor ante los controladores para hacerlo fue el de que consideraba más fiable mantener el control de las torres bajo el paraguas de Enaire. En marzo, los populares dejaron abiertas todas las opciones respecto a lo que podrían hacer con esta cuestión y se abstuvieron en la votación de una enmienda impulsada por BNG, Bildu y ERC que salió adelante para instar al Gobierno a revisar la orden que ha puesto en marcha el segundo proceso liberalizador de las torres.

Apoyo al proceso

Pese a las posibles reticencias de los populares sobre la seguridad, desde el Mitma, sin embargo, han asegurado desde que se conoció el lanzamiento de esta segunda fase de liberalización que "la seguridad está plenamente garantizada porque las nuevas empresas que presten este servicio estarán certificadas, según los requisitos establecidos en los Reglamentos europeos y que han sido recogidos en el Real Decreto por el que se regula el procedimiento de certificación de proveedores civiles de servicios de navegación aérea, aprobado el 23 de julio". Es decir, sólo podrán prestar el servicio de control de torre las empresas que estén certificadas por la Agencia de Seguridad Española u otro supervisor de la Unión Europea.

También lo creen así las aerolíneas. Su patronal, ALA, defiende que las torres liberalizadas han reportado datos de eficiencia, seguridad y calidad similares o incluso mejores que aquellas en las que los servicios se siguen prestando a través de los controladores de Enaire. ALA, en sus alegaciones a la consulta pública lanzada por el Mitma, asegura que los ahorros que se han logrado por la primera fase de liberalización se han tenido en cuenta, como así estipula la ley, para fijar las tarifas aeroportuarias de estos años. Según ALA, entre 2014 y 2022 se ha reducido un 13% lo que Aena cobra a las aerolíneas por el servicio de control de torres, lo que habría repercutido en una rebaja en los precios de los billetes a pesar de la difícil situación que atraviesan las aerolíneas. "El de las compañías aéreas no es un sector especialmente rentable -2-3% de rentabilidad-. En los tres últimos años, nos hemos tenido que endeudar para sobrevivir y ahora estamos luchando para volver a beneficios, comparado con otros sectores que tienen beneficios récord", defienden.

La liberalización de torres también cuenta con el beneplácito de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). En 2018, un informe de Competencia recomendaba al Gobierno que ampliara la liberalización a un mayor número de torres. Según el documento, "la puesta en marcha de la liberalización en las 12 torres ha generado aumentos de eficiencia en la prestación de los servicios". En aquel momento la CNMC recomendaba que abriera esta actividad a la competencia, "para así poder obtener eficiencias adicionales en este mercado, así como en mercados conexos, de modo que se generen ahorros, mejoras de calidad y aumentos de bienestar al consumidor".