El Sistema de Financiación Autonómica (SFA) lleva pendiente de renovación desde el 31de diciembre de 2013, cuando, con la ley en la mano (DA séptima de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre), habría que haberlo revisado o, como poco, desde ese día, si nos atenemos a las liquidaciones definitivas de 2013, entregadas en junio de 2015. La ley no lo deja claro, pero hace entre ocho y diez años que debería haberse reformado.

En lugar de acometer esta reforma del sistema, el Gobierno, para poder seguir en La Moncloa, pacta los aberrantes cupo catalán y condonación de deuda a Cataluña, que es injusto, insolidario e ineficiente, y que con el ordenamiento jurídico actual, es ilegal. El PSOE quiere dar una financiación a la carta, según sean los deseos de los independentistas catalanes, con la creación de un régimen foral para Cataluña o cupo catalán, cuyos primeros pasos ha dado esta semana con el otorgamiento a Cataluña de la gestión y recaudación del IRPF, el impuesto más importante. Adicionalmente, y aunque no sea parte de la financiación autonómica, siguen en el camino de condonar la deuda catalana emitida por el Tesoro a través del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) o, al menos, parte de ella, aunque si se empieza por 15.000 millones se puede llegar a la totalidad, que es, por cierto, la exigencia de los independentistas.

El actual SFA fue diseñado de manera bilateral entre el tripartito catalán liderado por Pascual Maragall y el Gobierno de España, como ahora sucede con la metodología de la condonación de deuda. Es más, los propios independentistas dieron el visto bueno al borrador de acuerdo antes de que el Gobierno de España lo propusiese al Consejo de Política Fiscal y Financiera, como ahora sucede con la condonación de deuda y el cupo catalán. Lo plagaron de retorcimientos estadísticos para beneficiar a Cataluña. Ahora, la historia se repite: pactan un cupo fiscal con Cataluña, una suerte de sistema foral, revistiéndolo de normalidad, diciendo que se extenderá a todas las comunidades, y señalando que respetará el principio de ordinalidad.

Esto no es una reforma del sistema, sino un privilegio entregado a Cataluña, por exigencia de los independentistas catalanes, para comprar tiempo para que Sánchez siga en el Gobierno gracias a sus votos. Si a Cataluña le dan ese sistema especial, quiebra la solidaridad interregional, porque no habrá dinero para ello. Por mucho que digan que Cataluña aportará a la financiación del resto de comunidades, habrá que ver si finalmente se concreta, si no es temporal y cómo se calcula. Lo normal es creer que la aportación quedará prácticamente en nada, tal y como sucede con el cupo vasco y con la aportación navarra.

Extenderlo al resto no es posible tampoco, porque si ya es imposible mantener la solidaridad interregional sin la aportación de Cataluña, más lo sería sin la aportación de Madrid y Baleares, las otras dos aportantes netas.

Sin capacidad solidaria

Por tanto, en lugar del pernicioso e ilegal cupo catalán, hay que reformar el Sistema de Financiación Autonómica, pero no en la línea catalana de dotarles de una especie de régimen foral propio, porque, entonces, se quebraría la solidaridad interregional, ya que Madrid no tendría capacidad para poder cubrir al resto de regiones de régimen común. El SFA debe ser reformado para ser transparente, superando la maraña de fondos actuales, plagados de trampas estadísticas, diseñadas principalmente contra Madrid, Valencia y Murcia. Ha de ser justo, sencillo y eficiente, incentivando el control del gasto y no penalizando las bajadas de impuestos.

Sánchez, sin embargo, rompe la solidaridad interregional y perjudica al conjunto de españoles para seguir un rato más en La Moncloa. Con este sistema, es posible que Cataluña deje de aportar más de 1.500 millones al Fondo de Garantía de los Servicios Públicos, de manera que o exprimen más a Madrid y a Baleares para cubrir ese agujero; o lo cubre la propia administración general del Estado, es decir, todos los españoles; o las regiones receptoras de fondos verán mermados sus ingresos para poder ofrecer los servicios esenciales de los que tienen competencia. Así, contribuyentes de rentas bajas de alguna regiones como Murcia, Castilla y León, Andalucía o la Comunidad de Madrid, por ejemplo, pagarán más impuestos para cubrir esa deuda, impuestos que dejarán de pagar las rentas altas de Cataluña, en claro efecto regresivo. La deuda cambia de manos, pero no se evapora, sino que se dará una regresividad fiscal en ello.

Sánchez, con esto, destruye la solidaridad y la prosperidad de toda España a costa del egoísmo de los independentistas y del suyo propio.