El ahorro privado, salvavidas de la jubilación

El sistema público de subsidios perderá su viabilidad en el futuro. Según los estudios, los jóvenes de ahora sólo disfrutarán de una pensión de 500 euros mensuales, la cual se verán obligados a complementar.

El Gobierno hace subir la marea de los planes de pensiones. Esta semana el Ejecutivo ha anunciado que aprobará dentro de medio año un Real Decreto con el fin de fomentar que más españoles opten por los productos privados de ahorro para complementar su futuro subsidio público de jubilación. En un texto previo, la Administración nacional ha planteado dos medidas estrella: reducir las comisiones y dar la posibilidad de que el cliente pueda retirar su capital a los 10 años.

El Gobierno de España pretende que los jóvenes entren en la corriente de las pensiones privadas. Tarea difícil, ya que una de las características de los «millennials» –nacidos entre 1981 y 2000– es vivir el presente y la gran mayoría no quiere ni imaginar cómo será su jubilación. No obstante, el Ejecutivo se ha puesto en modo paternalista con estas reformas, avisando así a los españoles entre los 20 y 30 años de que no dejen de lado un retiro laboral que, a día de hoy, se vislumbra oscuro. La asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones (Inverco) prevé que en 2049 la pensión pública de jubilación será de sólo 500 euros de media, menos de la mitad de la actual, situada en 1.068, 38 euros. Es cierto que ahora los jóvenes viven mejor que sus padres cuando tenían su edad pero, al paso que vamos, también parece que vivirán la jubilación mucho peor que sus progenitores.

Jorge García, director de la División de Vida y Seguros Personales de Generali España, afirma que «con estas reformas se intenta eliminar la imagen de liquidez que estos instrumentos pudieran tener dentro del colectivo juvenil, lo que actualmente provoca la sensación de bloqueo de los ahorros acumulados cuando, por edad, tienen otras prioridades». Juan Fernández Palacios, consejero delegado de Mapfre Vida, subraya que «los jóvenes son quienes más necesitan invertir en su futuro porque son ellos los que tienen mayor riesgo de ver reducida la tasa de sustitución sobre su último salario y, por tanto, más van a necesitar haber gestionado con tiempo un ahorro complementario».

Un sistema inviable

Las palabras de Fernández Palacios tienen una causa muy obvia. El sistema de pensiones públicas es, a los ojos de todos, inviable. El mes pasado se contabilizaron 5.858.984 subsidiarios de jubilación, casi un millón más que en octubre de 2007, y justo en el mismo intervalo de tiempo el número de cotizantes ha descendido, igualmente, en cerca de un millón de personas, de los 19.232.271 a los 18.430.529. A ello hay que sumar que en la última década la ayuda media al retirarse ha aumentado un 30%, a la vez que la Seguridad Social ha pasado de un superávit del 2,2% del PIB en 2007, a un déficit del 1,5% del PIB en 2015; que su Fondo de Reserva para pensiones representaba el 6,2% del PIB en 2011 y sólo el 1,4% a finales de 2016; y que los mayores de 67 años eran el 10% de la población en los 80 y en 2040 serán más del 30%.

Todos estos datos forman un «cocktail molotov» que explotará en cualquier momento en la cara de todos lo españoles. «El déficit del sistema público es ya de varios miles de millones de euros, lo que ,previsiblemente, derivará en una reducción paulatina de la tasa de reposición que representa la pensión pública sobre el último salario de la persona que se jubila. Por tanto, empieza a ser urgente tomar medidas al respecto, sobre todo, porque el patrimonio privado en fondos de pensiones, de momento, no crece lo suficiente como para compensar la previsible reducción en la tasa de reposición indicada. En consecuencia, lo más probable es que caiga el poder adquisitivo de los futuros pensionistas», comenta Jorge García.

Y ni siquiera nos asustará, pues nos han venido avisando tanto las entidades financieras como el Gobierno. Con las reformas propuestas, la Administración ha reconocido, y lo viene haciendo hace años, que el sistema de pensiones públicas se verá totalmente desbordado.

Menos comisiones

De esta manera, para minimizar las consecuencias se busca que los ciudadanos complementen la pensión pública una «hucha privada». Para ello se rebajarán las comisiones de los planes de pensiones. La comisión máxima media de los planes de pensiones se reduce del 1,5% al 1,25%. Así, la comisión depositaria sobre el importe invertido hasta ahora era del 0,25%, y se establecerá en el 0,2%, igualándose a la de los fondos de inversión; mientras que la comisión máxima de gestión de los fondos de renta fija desciende hasta el 0,85%, y en el caso de la renta fija mixta el importe máximo hasta el 1,3%. Por otra parte, en cuanto a la renta variable y los fondos garantizados, la comisión de gestión máxima se mantendrá en el 1,5%.

El otro gran incentivo que aprobará el Gobierno es que el capital invertido en un plan de pensiones podrá retirarse a los 10 años. Con ello, no será necesario jubilarse ni sufrir una circunstancia excepcional como enfermedad grave, desempleo de larga duración o ejecución hipotecaria, para poder recuperar el dinero ahorrado. La medida se aplicará a los fondos individuales depositados desde el 31 de diciembre de 2015, por lo que los efectos comenzarán a ser realidad en 2025. Algunos analistas consideran que cuando se alcance ese año puede existir un riesgo: una fuga masiva del capital, pues de los 106.000 millones de euros acumulados en planes de pensiones individuales, 68.000 millones han sido invertidos a partir del 1 de enero de 2016, éste incluido. Por lo tanto, si ese peligro se hiciese realidad, el resultado de la medida sería inconveniente para el sector privado financiero, a pesar de que el objetivo del Ejecutivo sea el opuesto.

«La realidad año tras año acabará demostrando que esta opción debe mantenerse hasta el momento de la jubilación si se quiere disfrutar de verdad de un retiro sin ahogos económicos. No obstante, evidentemente, debemos ser cautos y cuidadosos respecto al modo en que se ofrece la liquidez para evitar, precisamente, el efecto contrario a lo deseado; es decir, la descapitalización de los fondos de pensiones y la licuación de todo el patrimonio ahora acumulado. Deberán realizarse importantes campañas de concienciación para evitar que el ahorro que se haya sumado hasta el momento en que se pueda hacer efectivo el derecho de rescate en planes de pensiones se esfume hacia otras finalidades».

Hasta que el Real Decreto se apruebe dentro de medio año y empiece a aplicarse, no sabremos si estas reformas bastan para incentivar los planes de pensiones. Desde Inverco, admiten que «quizás sean insuficientes, como ya se ha demostrado en recientes reformas, que buscaban el mismo objetivo pero cuyos resultados no fueron los deseados», como la puesta en marcha de los sistemas de ahorro SIALP en la reforma fiscal de 2015. La verdadera solución está, manifiestan, «en un plan de actuación global sobre el modelo de pensiones, que implique a los distintos agentes sociales públicos y privados, y cuyo punto de partida debiera ser el envío a los trabajadores actuales de la información sobre su pensión estimada que, a pesar de la obligación que estableció la Ley 27/2011, sigue sin ser remitido».

En el mismo sentido, Jorge García opina que «no parece que sean las únicas medidas que se han de tomar, pero ya es una señal de que empezamos a tomar conciencia, sobre todo desde el entorno político, de la importancia que tiene ser capaces de transmitir a la sociedad la situación actual en este ámbito».

Fernández Palacios también recibe con los brazos abiertos la posibilidad de que los clientes retiren el capital invertido a los diez años porque «el ahorro a largo plazo debe tener movilidad». Pero eso sí, «sin perder de vista la finalidad para la que se realiza, que es acumular un patrimonio financiero suficiente para complementar la pensión pública al terminar la vida activa. Es decir, en el caso de recuperar la liquidez debería ser, únicamente, para invertirla en otros productos que ofrezcan mayor rentabilidad del capital.

Menos planes

Justo esa ha sido la razón por la que los planes de pensiones, ya no son el producto estrella de ahorro para la mayoría de los españoles, que cada vez más prefieren tomar ciertos riesgos si éstos –suponiendo que la inversión sale bien– también pueden repercutir en mayores beneficios. En 2010 este producto financiero se encontraba en marea plena, con 10.829.181 cuentas abiertas, su máximo histórico, pero, desde entonces, no han hecho más que retroceder hasta las 9.667.008 en septiembre de 2017 según Inverco. Este descenso tiene varias causas: la tendencia hacia nuevos productos financieros como las hipotecas inversas, las rentas vitalicias o las mencionadas SIALP, la destrucción de empleo durante la crisis y, sobre todo, que aunque estadísticamente los sueldos se estén recuperando, ésto no se refleja en la mayoría de los hogares y los españoles continúan con serias dificultades para llegar a final de mes, con lo que les resulta imposible plantearse depositar parte de su salario en un plan de pensiones.

Sin capacidad de ahorro

El sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda, Gestha, señala que el 86,6% de los ciudadanos ingresan de media 22.381 euros brutos anuales. Así, quitando las retenciones y las cuotas de la Seguridad Social, a la gran masa de españoles sólo les quedan 16.000 euros al año que se destinan al consumo, y no precisamente por placer, sino por necesidad. Este hecho provoca que, además, sea difícil que España se ponga a la altura de los países de su entorno en cuanto al ahorro privado hasta que no cambie el modelo.

De momento estamos bastante lejos de equilibrarnos con el resto de Europa porque, como detalla Jorge García, «la falta de ahorro en los planes deja a España como uno de los países donde los planes de pensiones tienen menos peso sobre el PIB: el 9,6%, a años luz de la media de los países de la OCDE, que se sitúa nada menos que en el 82,4%».

Fernández Palacios propone que para lograr que de verdad los españoles puedan ahorrar de cara a su jubilación, «se debe crear un sistema de afiliación automática cuando el trabajador se incorpore al mercado laboral con libertad para renunciar a la misma. Es decir, algo parecido al modelo del Reino Unido, para que todos los empleados comiencen a ahorrar de manera sistemática y a lo largo de toda su vida laboral». Esta opción, además, conseguiría optimizar los planes de pensiones porque «para que los modelos de ahorro-previsión alcancen su plena eficacia necesitan tiempo, al menos 15 o 20 años, por lo que cuanto antes se empiece más capas de población quedarán protegidas por una pensión complementaria», añade.

Implicación empresarial

Desde las instituciones públicas ya han comunicado a las empresas, al menos indirectamente, que deben hacer un esfuerzo para dar a sus empleados la posibilidad de incluirse en un plan de pensiones colectivo. «Hace poco, el secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos, afirmaba que uno de los retos pendientes es fomentar y desarrollar el ahorro privado para complementar y colaborar con el sistema público de pensiones. Por ejemplo, los planes de empleo colectivos, ofrecidos por las empresas a sus trabajadores, son una opción que solo ofrecen a su plantilla el 0,4% de las compañías», admite Jorge García.

Es necesario que las empresas se pongan las pilas en el sentido de la responsabilidad social corporativa, ya que los ciudadanos, por sí solos, encuentran suficientes motivas para no tomar la decisión personal de abrir un plan de pensiones. Los datos son la evidencia clara de ese fenómeno. «Mientras que en los países de la OCDE, el ahorro privado acumulado durante la etapa laboral supone el 16,3% del último salario percibido por el trabajador, en España es prácticamente el 0%, por lo que el sistema público debe asumir toda la carga de la pensión de jubilación de un trabajador medio, haciendo el sistema poco sostenible, en un entorno de envejecimiento acelerado de la población», aseguran fuentes de Inverco.

Ese es el problema de las pensiones. No es algo cuantificativo, sino cualitativo, respecto a la edad media de los ciudadanos españoles. El índice de envejecimiento en nuestro país ha aumentado por séptimo año consecutivo y es más alto que nunca, situándose en el 118% –mientras que en 1980 era sólo del 39,5%–, según datos recogidos por la Fundación Adecco. De estos valores se extrae que en los primeros años de democracia en España había 39 mayores de 64 años cada 100 menores de 16, sin embargo, a día de hoy la distribución es de 118 mayores de 64 por cada 100 menores de 16. ¿La causa principal? El crecimiento de la esperanza de vida, que se encuentra en los 83 años mientras que en 1980 estaba en los 5, y el descenso paulatino de la natalidad. El estado del bienestar tiene una consecuencia, la gente vive más, en cuanto a longevidad, y en cuanto a experiencias, y los hijos en eso, al menos así parece entenderse, son un obstáculo. Las reformas con las que el Gobierno intenta elevar la marea de los planes de pensiones, tienen una razón, contrarrestar la corriente de envejecimiento de la población.

Beneficios fiscales

Se acerca el final de año y ya los ciudadanos van pensando cómo deducirse gastos en la declaración de la renta correspondiente a 2017. Una de las posibilidades es invertir en un plan de pensiones por los beneficios fiscales que ofrece. Este producto financiero, sostienen en Inverco, «es el único instrumento que permite reducir directamente de la base imponible del IRPF las aportaciones realizadas durante el año, con un máximo de 8.000 euros o el 30% de los rendimientos netos del trabajo. Ello supone una ventaja fiscal muy relevante, ya que aunque las prestaciones continúan gravadas al marginal, al realizarse durante la jubilación (es decir, varios décadas después), este diferimiento fiscal permite rentabilizar durante todos esos años las bonificaciones fiscales de cada ejercicio. Si el ahorro fiscal generado año a año se reinvirtiera en el propio plan de pensiones, el importe acumulado en el momento de la jubilación sería muy importante. En cualquier caso, lo habitual es que el marginal durante la vida laboral sea superior al de la etapa de jubilación, por lo que las deducciones de las aportaciones serán superiores a las retenciones de las prestaciones». Sin embargo, aunque los planes de pensiones deduzcan en la declaración de la renta, pero, por otra parte, su tributación no es nada positiva para los consumidores. Según explica Jorge García, de Generali, «las prestaciones en planes de pensiones tributan como rendimientos del trabajo, es decir, que oscilan entre el 19% para rentas hasta 12.450 euros al 45% para cuando esa renta supera los 60.000 euros. Es precisamente la tributación de las prestaciones lo que resta atractivo a estos instrumentos financieros. Una iniciativa interesante podría ser que tributaran como rendimientos de capital mobiliario, reduciendo el impacto fiscal de las mismas».

La Unión Europea intenta crear su producto

Europa tiene un problema con su población, está muy envejecida. España es un claro ejemplo de ello, y esa circunstancia no ayuda, para nada, a los sistemas de pensiones públicas. Además, cada nación europea ofrece, a través de sus reformas fiscales, diferentes productos y condiciones de ahorro a sus ciudadanos. Así, no parece justo entre países que conforman un mismo proyecto continental bajo la tutela de una institución como la Unición Europa, unos disfruten de unas ventajas frente al ahorro a las que otros no pueden acceder. Con estos dilemas sobre la mesa, la UE se ha planteado equilibrar la posibilidad de complementar la pensión pública de todos los consumidores del continente, y ya ha comenzado a trabajar en el desarrollo de un producto propio para los ciudadanos de Europa. De esta manera, Jorge García, de Generali, explica que «el pasado 29 de junio de 2017, la Comisión Europea (CE) propuso crear un plan personal de pensiones paneuropeo (PEPP en inglés), un producto financiero que podría contratarse y disfrutarse en toda la UE con unas condiciones esenciales comunes, y que sería complementario a los regímenes de pensiones nacionales. El objetivo de Bruselas es contribuir a solventar el agujero en las pensiones que se creará en Europa por el descenso de la población activa y el aumento del número de jubilados debido al envejecimiento. Quieren también impulsar el mercado europeo para estos productos financieros, que están muy desarrollados en algunos países pero apenas existen en otros. Veremos cómo evoluciona, pero este plan puede abrir nuevas oportunidades en un mercado europeo único de pensiones particulares que se espera que crezca a 2,1 billones de euros en la próxima década».