El canal ignoró el aviso de Sacyr en junio

Aunque el consorcio que lidera Sacyr no ha hecho pública hasta esta semana la imposibilidad de concluir las obras de ampliación del Canal de Panamá si no cobra los 1.200 millones de euros en sobrecostes que reclama al gestor de la infraestructuras, sus advertencias vienen de lejos. Según fuentes de la constructora española, el Grupo Unidos por el Canal (GUPC) avisó en junio a la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) de que si no recibía el dinero que reclamaba por los sobrecostes sobrevenidos, se iba a quedar sin liquidez en pocos meses, como ha ocurrido finalmente. «Desde entonces, les hemos pedimos agilidad para resolver las reclamaciones. Y aunque en algunas reuniones nos han reconocido que parte de nuestras reivindaciones son justas, no se ha hecho nada. Como el consorcio ha realizado esfuerzos para seguir adelante con el proyecto y no se ha parado, tampoco debieron inquietarles demasiado los avisos», añaden las fuentes.

Paolo Moder, miembro de la junta directiva de GUPC, explicó ayer en una entrevista a Efe que están sorprendidos del «doble discurso» de la ACP. «Por un lado, los miembros de la administración van a reuniones y se muestran receptivos en llegar a puntos de acuerdo. Sin embargo, cuando llega la hora de cerrar el acuerdo, siempre dentro del contrato, la ACP no es consecuente con la primera propuesta», afirmó Moder.

Pero ahora, como explican gráficamente desde la constructora, «la manta ya no llega para tapar tantos pies. Necesitamos que paguen [los sobrecostes] para seguir adelante con los trabajos», advierten. Si no la totalidad de lo reclamado, al menos aquellas demandas del GUPC que la propia ACP ha considerado justas y razonadas. «Al menos, sería una solución para poder seguir adelante con la obra, de ganar tiempo, porque no la podemos financiar nosotros», añaden.

El consorcio constructor sigue convencido de que la mejor solución para todos es que acaben la ampliación. Si se rescinde el contrato, el gestor del canal «deberá buscar un contratista para que finalice la obra», aseguró Moder. «El problema que se plantea es que esa solución siempre será más cara y la finalización del proyecto se prolongará sustancialmente, impactando a la economía panameña. En este punto, mientras que el administrador habla de presiones, nosotros estamos convencidos de que somos la solución, no el problema», resaltó el responsable del GUPC. El canal aporta aproximadamente el 7 por ciento del PIB de Panamá. El objetivo que persigue la construcción de la tercera esclusa es duplicar la capacidad de la infraestructura, lo que impactaría de forma notable en la economía del país centroamericano.

La ACP insistió ayer en que las reclamaciones del consorcio no están justificadas. Un portavoz del mismo reiteró que el GUPC ha invocado una cláusula de suspensión que se aplica «cuando tú no le estás pagando a alguien un trabajo, lo cual no es el caso, porque ya han recibido más de 2.000 millones de dólares –unos 1.480 millones de euros–» del contrato original para la construcción de la tercera esclusa, valorado en 3.118 millones de dólares –2.309 millones de euros al cambio actual–. «Invocar esa cláusula, que no significa terminación del contrato sino suspensión temporal, no es válido», destacó el portavoz.

Menos ritmo

El portavoz también aseguró que desde que el pasado 30 de diciembre el GUPC le envió la carta en la que le advertía de que suspendería los trabajos el día 20 si no cobraba los sobrecostes, es «visible» que los trabajos «se han ralentizado». Sin embargo, aseguró no tener un cálculo preciso de esta disminución.

Si en las reuniones que se sucederán la próxima semana en Panamá, empezando por la del presidente de este país, Ricardo Martinelli, con la ministra de Fomento, Ana Pastor, no se desbloquea la situación, las obras se pararán el próximo día 20. El impacto de su paralización en las cuentas de la constructora española sería, en ese caso, limitado. Según sus cuentas, el Ebitda –beneficio antes de impuestos– que aporta este proyecto es de unos 15 millones de euros, lo que deja unas ganancias netas en las arcas de Sacyr de entre 8 y 9 millones de euros. «No se trataría de ningún desastre para las cuentas de la compañía», explicaron fuentes de la misma.

Provisión

La constructora se apuntó en 2012 unos 234 millones de euros de reclamaciones pendientes como ingresos. Lo hizo basándose en los informes de sus auditores independientes, que creen muy probable que la Junta de Resolución de Conflictos (BAD, por sus siglas en inglés) o un tribunal de arbitraje internacional les dé la razón en sus reclamaciones sobre los sobrecostes. Si no les dieran la razón, la compañía se vería entonces obligada a reformular sus cuentas y a provisionar tal cantidad.

Por el momento, el único efecto visible del contencioso en Sacyr es la depreciación de un 15% que ha sufrido su acción desde que comunicó la posibilidad de suspender el proyecto.