El Consejo de Garantías catalán tacha de inconstitucional el decreto de los VTC de Torra

Considera que la precontratación vulnera el derecho a la libertad de empresa que consagra la Carta Marga porque constituye una “restricción no razonable de los principios de adecuación, necesidad y proporcionalidad”

La regulación para los vehículos de alquiler con conductor (VTC) aprobada por la Generalitat de Cataluña acaba de recibir un duro varapalo jurídico. El Consejo de Garantías Estatutarias catalán, la más alta institución jurídico-consultiva del Ejecutivo autonómico, ha dictaminado que el punto más importante de la norma, el de la precontratación, es inconstitucional. Según el dictamen hecho publico por el Consejo, el artículo que establece que estos servicios deben contratarse con una antelación mínima de 15 minutos “vulnera el derecho a la libertad de empresa del artículo 38 de la Constitución Española dado que constituye una restricción no razonable de esta, según los principios de adecuación, necesidad y proporcionalidad”. De igual manera, el escrito dictamina que la disposición adicional primera del decreto, relativa a la habilitación de los entes locales para aumentar los intervalos de tiempo fijados para la precontratación, vulnera también el artículo 38 de la Carta Magna por los mismos motivos que el artículo anterior.

Aunque los dictámenes del Consejo no son vinculantes, son relevantes por el hecho de que, de acuerdo al Estatuto de autonomía de Cataluña, es el órgano encargado de velar por que las leyes del Parlamento y las normas con fuerza de ley del Gobierno de Cataluña se adecuen al Estatuto y a la Constitución. Y el hecho de que haya dictaminado que el principal precepto de la norma sobre los VTC es inconstitucional supone un revés jurídico para Quim Torra.

El Consejo Consultivo es el segundo organismo independiente, tras la Autoridad Catalana de la Competencia (Acco), que se posiciona abiertamente en contra de la norma de la Generalitat. En su informe sobre el decreto, considera que supone “un perjuicio inmediato para los usuarios”, a los que “impide beneficiarse de las innovaciones tecnológicas que suponen estas plataformas”. En su análisis sobre el Decreto del Govern lamenta también que esta norma disminuya la oferta e incentive una modalidad de contratación más ineficiente. Por ello, recomienda no convalidar el Decreto Ley de VTC en el Parlament. Además, advierte de que aunque no puede impugnar el Decreto, sí puede recurrir todas las normativas que deriven de él, como las que desarrollen ayuntamientos y entes supramunicipales para ampliar el tiempo mínimo de contratación para los VTC.

A pesar del dictamen tanto del Consejo de Garantías como de la ACCO, la Generalitat ha asegurado esta tarde que va a mantener el decreto porque se trata de una normativa “temporal” a la espera de concluir los trabajos sobre una futura ley sobre esta materia, según ha comunicado a través de su portavoz, Elsa Artadi.

La precontratación fue la principal reivindicación del sector del taxi de Barcelona para regular la actividad de los vehículos VTC. Tras varios días de huelga, el Ejecutivo de Torra accedió a sus reclamaciones, lo que empujó a Uber y Cabify a abandonar su actividad en la Ciudad Condal. En la actualidad, el sector VTC en Barcelona se ha reducido a unos 300 coches.