El «crowdfunding» estará sujeto a control antiblanqueo

La reforma de la ley contra el blanqueo reforzará también la vigilancia del patrimonio de los cargos públicos.

El Consejo de Ministros dio luz verde ayer a la primera vuelta del anteproyecto de ley por el que se modifica de manera parcial la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo. Las propuestas aprobadas ayer son, concretamente, la consideración de las plataformas «crowdfunding», y los intermediarios en operaciones de arrendamiento por un valor superior a los 10.000 euros mensuales, como sujetos obligados a la aplicación de las medidas contra el blanqueo de capitales.

La reforma, que tendrá que volver más tarde al Consejo de Ministros para pasar de ser un anteproyecto de ley a proyecto de ley, y finalmente ser tramitado en el Parlamento, supone una adecuación de la normativa europea al marco jurídico español. Por otro lado, la nueva norma incrementará el nivel de vigilancia sobre los ciudadanos españoles con responsabilidad pública con el objetivo de equiparar dicho control entre cargos públicos nacionales y extranjeros pues, sobre los últimos, ya se realiza un riguroso seguimiento, tal y como adelantó La Razón.

Por lo tanto, la norma afectará a personas que desempeñen responsabilidades públicas, o lo hayan hecho, y que, según explicó el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, son aquellas cuyo cargo pertenezca a las administraciones centrales, autonómicas o locales. En el caso de las administraciones locales, estarán sujetos a esta norma quienes trabajen en municipio de más de 50.000 habitantes.

Así, la reforma obliga a entidades financieras, de seguros, notarios e intermediarios en la compraventa de inmuebles a comunicar cualquier indicio de delito al Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, más conocido por sus siglas Sepblac. El objetivo es evitar que fondos de procedencia ilegal entren en el sistema financiero español. Y es que el blanqueo en España no deja de crecer. Según los datos recopilados por Sepblac, en el año 2015 se tramitaron 4.757 operaciones sospechosas, un 2,5% más que en el año anterior; y del total de los trámites, el 83% corresponde a las entidades bancarias.

Aumento de la vigilancia

El anteproyecto contempla un aspecto que no está incluido en la normativa europea. Se trata de la revisión del contenido y de los usuarios integrados en el Fichero de Titularidades Financieras, es decir, la base de datos en la que se registran las cuentas corrientes abiertas en entidades financieras, que se actualiza mensualmente. A la herramienta, controlada por la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, se incorporarán, como novedad, las cajas de seguridad y las cuentas de pago.

También se creará un registro de aquellos sujetos cuya actividad consista en la creación de sociedades para terceras personas o cesión de domicilio, entre otras. La última modificación aprobada ayer fue la revisión y endurecimiento de las sanciones para aquellos casos en los que no se cumpla la ley, que pasa de la actual cifra del 5% del patrimonio neto de la entidad hasta el 10% del volumen de negocio consolidado del grupo.