El fiscal pide cárcel para dos ex presidentes de Cepyme

Terciado y Bárcenas están acusados de cobrar honorarios ilegales por consultoría a la patronal de la mediana empresa mientras la dirigían.

Los ex presidentes de la patronal de la pequeña y mediana empresa (Cepyme), Jesús Terciado y Jesús Bárcenas, se enfrentan a una petición de cuatro años de cárcel por parte de la Fiscalía, acusados de falsedad documental y apropiación indebida, una vez que el juez ha decidido la apertura de juicio oral.

Ambos habrían cobrado irregularmente honorarios por labores de consultoría a la Confederación a través de sus sociedades Ingaset y Tecrucyl, que habrían causado un deterioro de 1,2 millones de euros, según consta en el escrito de acusación, adelantado por «El Confidencial», informa Efe. El juzgado de instrucción número 33 de Madrid investiga desde 2014 la denuncia presentada por tres miembros de la Confederación de Empresarios de Salamanca (Confaes): el secretario general, Bernabé Gascón; el tesorero, Benjamín Castro y el asesor jurídico, Ricardo Andrés.

Además de a Terciado y Bárcenas, el Ministerio Público acusa también a tres ex secretarios generales de Cepyme, José Manuel Vilar Martínez, José Alberto González-Ruiz y Gonzalo Garnica como cooperadores necesarios, y para todos ellos pide cuatro años de prisión.

Asimismo, Terciado deberá hacer frente al pago de 967.418 euros, tal y como ha acordado el juez instructor, que también ha impuesto 3.000 euros en concepto de fianza al resto de los acusados en el proceso. Por su parte, la acusación particular eleva su petición de pena en el caso de Terciado, a quien imputa estafa agravada y falsedad documental, por lo que solicita para él seis años de prisión y una indemnización a Cepyme de 722.563 euros por el perjuicio económico causado.

Un sueldo oculto

Según relata la Fiscalía, Bárcenas acordó dotarse de un sueldo contando para ello con el beneplácito del entonces secretario general José Manuel Vilar, «de común acuerdo, ocultándoselo a los órganos colegiados y pese a no existir ninguna disposición que lo acordara», fundamentalmente, a través de dos vías. En primer lugar, alquilando por un precio de 5.365 euros un vehículo «de la más alta gama» y que pertenecía a la empresa del ex presidente de la patronal, quien «accedía a esta importante partida económica que cobraba conforme a su libre designación», escondiéndola bajo la denominación de «gasto de personal».

Además, expone el escrito, Bárcenas se adjudicó un sueldo de 5.500 euros mensuales brutos entre los años 2009 y 2010, que no constaba en los libros contables. Al margen de los anteriores gastos, asumidos en concepto de representación, también estaba dispuesto el reembolso del dinero mediante dietas o el abono del mismo por medio de una tarjeta bancaria, propiedad de la patronal Cepyme.

Práctica vigente

El fiscal apunta a Vilar y José Alberto González, ex secretarios generales, como encargados de enmascarar los más de 730.000 euros derivados a las empresas de Jesús Terciado, quien entonces se encontraba al frente de la patronal, por su «asesoramiento y consultoría» entre los años 2010 y 2012.

En declaraciones ante el juez, Bárcenas negó haber cargado a Cepyme honorarios de ninguna de estas sociedades, en contra de lo que declaró por su parte Jesús Terciado, que aseguró que esta práctica estaba vigente en la Confederación «durante los mandatos anteriores».

Entre los testigos llamados a declarar en este proceso que sacude la organización empresarial figuran, además de los denunciantes, el actual presidente de Cepyme, Antonio Garamendi; el ex secretario de la Confederación Española de Organizaciones Empressariales (CEOE), José María Lacasa; el socio de la consultora EY, José Luis Ruiz Expósito, y Rafael Ruiz Anguita.

El Ministerio Público señala al mismo tiempo en el escrito que, puesto que la Asamblea de Cepyme renunció a solicitar la devolución de los 1,2 millones de euros a los que alude, no cabe por tanto exigir responsabilidad civil, pero sí insta al juez, en cambio, a que abra una pieza separada para ello.