Salarios
El sueldo de los funcionarios subirá el 1 de enero
El acuerdo entre Gobierno y sindicatos asegura un alza del 2,25% que podría llegar hasta el 2,75%
El acuerdo entre Gobierno y sindicatos asegura un alza del 2,25% que podría llegar hasta el 2,75%
El Gobierno subirá el sueldo de los empleados públicos desde el próximo 1 de enero. Así lo ha confirmado la ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, que no ha aclarado si la subida se hará mediante real decreto ley antes o después de fin de año. De esta forma, el Ejecutivo cumpliría con el acuerdo retributivo para 2019 que firmó con los funcionarios. «Vamos a cumplir con ese acuerdo y se va a producir esa subida a 1 de enero», señaló la ministra. Esto indica que, independientemente de si se realiza o no una vez entrado 2019, la subida seguirá siendo efectiva desde el 1 de enero, ya que tendrá carácter retroactivo.
El acuerdo entre Gobierno y sindicatos establece una subida fija para el colectivo del 2,25%. El alza salarial podría llegar hasta el 2,75% si se suma una parte variable del 0,25%, ligada a la evolución del PIB, y otro 0,25% procedente de fondos adicionales. Para que la subida variable sea efectiva, el PIB tendría que crecer un 2,5% el próximo año, dos décimas por encima del 2,3% que prevé del Gobierno (tres décimas si se compara con las estimaciones del Fondo Monetario Internacional y del Banco de España).
Por su parte, CSIF ha convocado hoy una movilización frente a la sede de la Dirección General de Función Pública para exigir al Gobierno que aplique vía decreto ley el alza salarial acordada. A pesar de las declaraciones de la ministra Batet, en las que asegura que se cumplirán las exigencias del sindicato, CSIF inicia hoy un «proceso de movilizaciones» para que se garantice el acuerdo. Los funcionarios sienten «preocupación, hartazgo y abandono» en lo que se refiere a sus condiciones laborales, según indica el sindicato. Con las movilizaciones, CSIF también pretende desbloquear la negociación de un convenio único para el personal de la Administración General del Estado (AGE) que afecta a más de 40.000 personas y que actualmente se encuentra «empantanado».
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