El Gobierno destina 200 millones a los seguros agrarios en 2014

El Gobierno aprobó el pasado viernes dos medidas de distintos signo que afectan al sector agrario, aunque de manera muy diferente. Por un lado, el Plan de Seguros Agrarios para 2014, que cuenta con una dotación de casi 200 millones de euros. Entre sus objetivos se encuentra el mantenimiento de la contratación. Ese dinero se destinará a subvencionar el coste de las 47 líneas de seguros incluidas en el citado plan. Por otro lado, el Consejo de Ministros acordó también una subida de la tarifa eléctrica del 2,3%, que afectará a todas las explotaciones agrarias, pero especialmente a las de regadío.

Durante 2013 se ha producido un importante incremento de los costes de este tipo de explotaciones como consecuencia del encarecimiento de la energía eléctrica y de los cambios en el sistema de cálculo de la tarifa. Las organizaciones agrarias más importantes y las Comunidades de Regantes han anunciado manifestaciones de protesta ante Industria si no se encuentra una solución y se busca una salida a lo que califican de «situación inviable e insostenible».

Con estas dos decisiones del Gobierno se cierra un año muy importante para el sector agroalimentario desde el punto de vista de la política interna. En 2013 se han aprobado la Ley de Mejora de la Cadena Alimentaria y la Ley de Integración Cooperativa, dos de los asuntos estrella que figuraban en el programa electoral del PP. Asimismo, se ha puesto en marcha un plan de internacionalización para fomentar las exportaciones agroalimentarias.

Para 2014 se deja otro proyecto de Ley para medir la representatividad de las organizaciones agrarias y la Norma de Calidad del Ibérico. En lo que respecta a la política de aguas se han registrado importantes avances en la planificación hidrológica: se han aprobado ya 13 planes de cuenca y el resto, hasta 25, se encuentran en fase de tramitación. Por último, se ha registrado un pacto histórico con las CC AA implicadas en el funcionamiento del Trasvase Tajo-Segura que proporcionará seguridad jurídica, transparencia y garantía de dotaciones.