El Gobierno no acelerará la jubilación a los 67 como pedía el Banco de España

La nueva reforma de pensiones que el Gobierno quiere tener lista este año para su entrada en vigor en 2014 no contemplará adelantar el retraso de la edad de jubilación a los 67 años, una medida que la anterior reforma de 2011 estableció para el año 2027. Eso, siempre que el Gobierno recoja las recomendaciones que encargó a un grupo de 12 expertos para diseñar el factor de sostenibilidad que garantice el futuro de las pensiones y cuyas conclusiones presentarán previsiblemente hoy a la ministra de Empleo, Fátima Báñez. En ellas, el comité de expertos no propone cambiar la edad legal de jubilación, que sigue su retraso hasta los 67 años en 2027. El Gobierno sortearía con esta decisión las presiones de Bruselas y del Banco deEspaña, que pedían acelerar el adelanto en la edad de jubilación con el argumento de que así se garantizaría la sostenibilidad del sistema.

El comité de expertos ha elaborado una serie de recomendaciones –que no ha recibido un respaldo unánime– que el Gobierno remitirá al Pacto de Toledo y a los agentes sociales para negociar con ellos la reforma definitiva. Los expertos difieren sin embargo en cuándo se deberá aplicar dicha reforma. Algunas recomiendan que entre en vigor en 2014 y otros, en 2019. En cualquier caso recuerdan que España no está sola en esta reforma ya que en Europa ha habido una ola de ellas desde los años 90 (Suecia, por ejemplo) y comienzos del nuevo siglo (Alemania por ejemplo) que han ido incluyendo el factor de sostenibilidad de las pensiones públicas. Los expertos aconsejan que, dado un nivel de ingresos, si el sistema de pensiones quiere sostenerse en el tiempo, tiene que tenerse en cuenta la evolución de los factores demográficos como la esperanza de vida y la tasa de dependencia y la evolución de las condiciones económicas a través de dos fórmulas: un coeficiente de equidad intergeneracional, que consistiría en introducir un sistema para calcular cada año la pensión en función de la esperanza de vida, y un factor de actualización anual de las pensiones en función de los ingresos y gastos de la Seguridad Social. Los expertos concluyen que si no se tienen en cuenta estos factores, el sistema no será sostenible, «con las consecuencias que se deriven de ello».

Factor de sostenibilidad

- Se propone su inmediata introducción para salvaguardar el futuro del sistema y no agotar el Fondo de Reserva. El comité de 12 «sabios» apuesta por aplicar ya, al menos a título informativo, un factor que haga sostenible el sistema. Afectará a los jubilados actuales y futuros, pero en grados y modalidades distintas. Su inmediata introducción pretende que quede claro cuál es la pensión que correspondería con la introducción de este factor, que atiende a dos componentes:

Coeficiente de equidad

- Para que el aumento de la esperanza de vida no distorsione el cobro de las nuevas pensiones y para que éstas resulten equivalentes a las de las del resto de pensionistas.

El coeficiente resulta de dividir la esperanza de vida de los que ya cobran su pensión entre la esperanza de vida de los pensionistas que se incorporan con la misma edad pero en un momento posterior. Ese coeficiente se multiplicaría por la pensión inicial de los recién incorporados. Así, el cálculo para los pensionistas que se jubilen en 2015 con 65 años supondría multiplicar la pensión inicial que les corresponde (según las reglas actuales) por 0,9977.

Este coeficiente es el resultado de dividir la esperanza de vida a los 65 años en 2014 (20,27) por la esperanza de vida a los 65 años en 2015 (20,32). El coeficiente resultante pasaría a ser 0,9381 para los pensionistas que se jubilen a los 65 años en 2024, y a 0,8832 para los que lo hagan en 2034. Cuanto más tiempo pase, más efecto de equidad intergeneracional tendrá la aplicación del coeficiente.

El informe apuesta por aplicarlo en 2014, pero deja abierta la posibilidad de introducirlo en 2019 para no perjudicar a quienes se vean afectados por el aumento paulatino de la edad de jubilación (de 65 a 67 años hasta 2027).

Factor de actualización

- Los expertos apuestan por actualizar las pensiones cada año en función de la ratio entre ingresos y gastos del sistema de pensiones públicas (vinculado a la evolución del PIB nominal) para garantizar el equilibrio presupuestario de la Seguridad Social a lo largo del ciclo económico.

Esto significa que, aunque en los años de recesión pueda no darse este equilibrio, sí tiende a conseguirse en el conjunto de los años del ciclo, con los superávits que se logren en las fases expansivas. Según el comité, el indicador que mejor refleja los riesgos de un sistema de reparto es la ratio entre los ingresos, en la actualidad, por cotizaciones y el gasto total de prestaciones contributivas. El factor que proponen implica actualizar la pensión media en función de los cambios entre los ingresos y el número de pensiones, teniendo en cuenta la evolución de ingresos y gastos a lo largo del ciclo, y el efecto sustitución derivado de que los pensionistas que entran cada año lo hacen con pensiones distintas a los que salen. Los ingresos se compondrían de la parte de las cotizaciones destinadas a pensiones junto con los intereses obtenidos por el Fondo de Reserva. Los gastos incluirían el pago de pensiones contributivas más los pagos por intereses de deuda a corto plazo en los que pudiera haber incurrido el sistema. Para suavizar el impacto del ciclo económico en la actualización de las pensiones, el informe cree conveniente considerar un total de 11 años, incluyendo el año para el que se actualizan, bien añadiéndole cinco años por delante o por detrás, bien con una combinación que otorgue más peso a los años pasados. La introducción de este factor siempre mantendría el valor nominal de la pensión y éste nunca descendería.

Los expertos sugieren que se aplique desde 2014, aunque de nuevo dejan las puertas abiertas a su introducción hasta 2019 (las estimaciones en el peor escenario económico apuntan a que el Fondo de Reserva se agotaría en 2018). Los posibles incrementos resultantes de aplicar el factor de actualización nunca podrán superar el IPC. Los ahorros se destinarían al Fondo de Reserva.

Si bien los expertos recuerdan en su informe que la ley de pensiones de 2011 moderará el crecimiento del gasto en pensiones, pero no tanto, según las estimaciones conocidas, como para asegurar el equilibrio presupuestario a largo plazo.

Sin embargo los expertos designados por el PSOE, el catedrático de Economía Aplicada, Santiago Ruesga y José Luis Tortuero, catedrático de Derecho Laboral y Seguridad Social no han querido firmar el informe puesto que no ven «urgente» la necesidad de cambios después de aprobada en 2011.

En opinión de Ruesga, que en la reunión del 24 de mayo del grupo de expertos emitió un voto particular en el que expresaba su desacuerdo con el informe, considera que actualmente se dispone de un colchón financiero, el Fondo de Reserva que, en su opinión, «puede permitir el equilibrio presupuestario durante al menos, otros cinco años, incluso en condiciones económicas muy adversas.»

El Pacto de Toledo tendrá la última palabra

El Comité de Expertos tratará de llegar hoy a un acuerdo definitivo sobre el documento, tras más de un mes de discusiones y después de haber superado el plazo de entrega del mismo (finales de mayo). El texto definitivo se entregará al Gobierno –puede que sin el apoyo unánime de todos los «sabios»– para su remisión inmediata al Pacto de Toledo, ya que el Ejecutivo quiere consensuar con los grupos parlamentarios y con los agentes sociales el diseño final del llamado factor de sostenibilidad de las pensiones. El Gobierno esperaba remitir el informe de los expertos al Pacto de Toledo antes del 30 de mayo, para que la comisión pudiera entre junio y julio elaborar las recomendaciones previas a la aprobación de la reforma de las pensiones.

El Pacto de Toledo se constituyó a principios de los años 90 con el compromiso de los grupos políticos de analizar los problemas estructurales del Sistema de Seguridad Social y de las principales reformas que deberán acometerse. Desde el Pacto de Toledo se ha auspiciado una serie de reformas que incluyen la recientemente aprobada reforma de pensiones en 2011 bajo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.