El Gobierno plantea la mayor subida de impuestos desde 2012

Más presión fiscal, en parte encubierta, es la receta de Sánchez para ingresar más y poder gastar más.

El Gobierno de Pedro Sánchez pretende que las Administraciones Públicas gasten en 2019 la enorme cifra 472.660 millones de euros, un 5,1% más que en 2018. Como prevé un déficit del 1.2%, que serían unos 15.000 millones de euros, necesita allegar recursos por un total de más de 457.000 millones de euros.

Para conseguirlos no tiene otra vía que un aumento generalizado de impuestos, el mayor desde 2012. Esa subida, a pesar de lo que alega el Gobierno, afectará a la inmensa mayoría de contribuyentes, de manera directa o indirecta. La ministra María Jesús Montero, en la presentación de las grandes cuentas del Estado, alardeó de que la presión fiscal aumentará hasta el 35.5% del PIB, sin subir los impuestos a «la clase media, los trabajadores con menores ingresos y a los autónomos, entre otros». No es, ni mucho menos, exacto.

El incremento de las bases de cotización a la Seguridad Social, tanto las que deben abonar los empresarios, como las que corresponde a los trabajadores, supone un alza impositiva importante –en algunos casos como en el del Salario Mínimo, la medida estrella del Gobierno– de hasta el 22%, lo que ocurre es que queda más o menos escondida entre la maraña de las cotizaciones.

Eso permite que los ingresos de la Seguridad Social alcancen los 140.256 millones de euros, un 7% más que el año anterior, un alza que también repercute en los autonómos, a los que con el aliciente de un nuevo derecho a desempleo –ya se verá en qué condiciones– se les suben las cotizaciones. Quizá no sea el principal aumento de impuestos de 2019, pero figura entre los más importantes, con el agravante de que para la gran mayoría de contribuyentes está camuflado.

El Gobierno, según la ministra Montero, avanza que para que el Estado del Bienestar español se acerque a los de los países más avanzados hay que reducir la brecha que existe entre la presión fiscal española, ahora en el 34,5%, frente a la media de la zona euro, del 41,4%. Eso significa un anuncio adelantado de nuevas –y grandes– subidas de impuestos, aunque la titular de Hacienda sortea los detalles. En su lugar, evoca una frase de Pedro Sánchez: «No podemos tener un Estado del Bienestar del primera con unos ingresos de tercera». La argumentación es débil. La presión fiscal española es menor porque también lo es la riqueza del país, aunque los tipos impositivos españoles son de los más altos de Europa en casi todos los impuestos –excepto en el IVA– como demuestran numerosos informes independientes.

Las subidas de impuestos que ha anunciado el Gobierno, más allá de la camuflada en las cotizaciones sociales, se concentran en varios puntos y muchas de ellas, además de recaudar, persiguen ser populares. Por eso subirá el IRPF de los llamados «ricos». Los que ganen más de 130.000 euros brutos pagarán dos puntos más y cuatro quienes superen los 300.000. Apenas se recaudarán 500 millones más, pero al Gobierno le permite presumir de acogotar a los «ricos». Además, consolida la aplicación del Impuesto sobre el Patrimonio. Hasta ahora era temporal y extraordinario. Ahora será permanente y ordinario, aunque es un impuesto prácticamente erradicado en todo el mundo. La parte del león de las subidas corresponderá a la empresas, con un tipo mínimo del 15% para las grandes, del 18% para la banca y las de hidrocaburos y reducción de un 5% de las deducciones por dividendos. La ministra dice que solo afectará el 0,7% de las grandes corporaciones, pero son unas 10.000, las únicas con plantillas importantes, que ya han empezado a reducir. El Gobierno además aprobará dos nuevos impuestos, el de transacciones financieras y la llamada tasa «Google», sin olvidar que, para los particulares, también subirá el diésel. En resumen, un alza general de impuestos, la mas importante desde 2012, y que afectará al bolsillo de la mayoría de ciudadanos y, lo que es peor, sin que lo sepan.