El nuevo PSOE se distancia de Europa

Bruselas reclama una mejora de la reforma laboral para impulsar la contratación indefinida, pero Pedro Sánchez pedirá su derogación. Asimismo, propone medidas que complicarían el cumplimiento de los objetivos presupuestarios.

La reelección de Pedro Sánchez como secretario general del PSOE apuntala un giro radical hacia la izquierda del Partido Socialista. Más allá de pedir la dimisión de Mariano Rajoy, de persistir en el «no es no» y de arremeter contra todo aquello que plantee el Gobierno, lo que implicaría paralizar las grandes reformas que necesita España –como la de las pensiones–, y aunque por el momento no parece que vaya a secundar la moción de censura, intentará derogar la reforma laboral con el objetivo de dar más peso a los sindicatos en los convenios.

Pese a que las autoridades comunitarias hayan advertido de que elevar el déficit público no sirve para crear empleo, el programa económico del nuevo PSOE, apadrinado por Manuel Escudero, elevaría el gasto de forma significativa. Recoge una reducción progresiva de la jornada laboral hasta las 35 horas semanales, el aumento del salario mínimo hasta los 1.000 euros mensuales para 2020 o la concesión de un cheque fiscal de hasta 5.000 euros para las rentas más bajas. Es decir, medidas que alejan esta formación de las recomendaciones realizadas por la Comisión Europea.

Reforma laboral

La factura de las propuestas económicas de Sánchez complicaría el cumplimiento de los objetivos presupuestarios. España, a pesar de que ya no se encuentra entre los socios comunitarios que presentan desequilibrios excesivos, continúa registrando uno de los mayores déficit de la eurozona, por lo que debe ser más eficiente a la hora de gastar y ha de continuar realizando algún esfuerzo extra de cara al próximo año. Pero el nuevo PSOE, sin oponerse a cumplir con Bruselas, es partidario de pedir flexibilidad para no tener que acometer más ajustes. De hecho, algunas de las medidas del flamante secretario general no gustan a los mercados. Es más, la posible radicalización de los socialistas podrían originar un repunte de la prima de riesgo y, por ende, ahuyentar a los inversores, que temen un incremento de la incertidumbre.

Si antes de la aprobación de la reforma laboral la economía debía crecer en torno al 3% para empezar a crear empleo, su puesta en marcha redujo el umbral de crecimiento necesario hasta el 1,2%. Asimismo, su entrada en vigencia incrementó la probabilidad de firmar un contrato indefinido y disminuyó la posibilidad de sufrir un despido a los trabajadores temporales. La reforma podría haber sido responsable de, aproximadamente, el 32% de la reducción del paro entre marzo de 2012 y diciembre de 2015, así como de haber evitado la destrucción de 910.000 empleos hasta el arranque del pasado año.

Convenios colectivos

Mientras que desde Bruselas reclaman una vuelta de tuerca para mejorarla, el líder socialista pedirá su derogación. Miguel Ángel Bernal, profesor del IEB, asegura que «la reforma laboral no puede derogarse», y que «lo que Sánchez dice no tiene nada que ver con lo que recomienda la UE, que ahora pone el acento en la reducción de la temporalidad y en la lucha contra la precariedad. Pero la Comisión está encantada con la reforma laboral. La pone como ejemplo para generar empleo en todos los países».

Por su parte, Sandalio Gómez, profesor del IESE, considera que las medidas que plantea el Partido Socialista son contrarias a la tendencia europea de pedir mayor flexibilidad y que supondrían un paso atrás muy grave en la realidad presente y futura de la economía y de las empresas, que necesitan cada vez una mayor capacidad de adaptación a los nuevos modelos que impone la revolución digital. Y agrega que hay algunos partidos políticos, junto a unos sindicatos anquilosados, que pretenden que la realidad se adapte a sus principios en vez de ser ellos quienes se adapten. «Antes o después la realidad se acabará imponiendo», apostilla.

La CE aboga por incrementar la flexibilidad del mercado laboral. Sin embargo, Sánchez quiere promover una alianza de los socialistas con los sindicatos para desarrollar un modelo de crecimiento y un marco laboral basado en el diálogo social y en la negociación colectiva, así como restablecer el equilibrio en las relaciones laborales y corregir la unilateralidad empresarial a la hora de modificar las condiciones de trabajo. De igual modo, el nuevo PSOE defiende la autonomía colectiva de los interlocutores sociales para pactar acuerdos interprofesionales estatales, preservar la fuerza vinculante de los convenios y suprimir la prioridad aplicativa de los convenios de empresa mediante la negociación sectorial articulada.

Se trata de una propuesta que va en otra dirección que la marcada por Bruselas, que en algunos de sus informes, además de resaltar que de no haberse aplicado la reforma se habrían perdido 400.000 puestos de trabajo, sugería implementar nuevas medidas para primar los convenios colectivos firmados a nivel de empresa sobre los sectoriales –especialmente a la hora de fijar salarios–.

Bernal entiende que Sánchez se refiere a la eliminación del procedimiento actual que permite al empresario de forma unilateral modificar las condiciones de trabajo de carácter individual y colectivo, y a la supresión en los «descuelgues» de los convenios, dos premisas que permiten al empresario adaptar su plantilla a las necesidades y situaciones que surjan. «Antes de las dos últimas reformas, dada la rigidez del mercado laboral, España era una máquina de triturar empleo», apunta.

Menos jornada, más salario

El plan económico del nuevo PSOE esboza un reparto del trabajo asalariado y un avance hacia la jornada laboral de 35 horas semanales antes de 2020. Gómez sostiene que si lo que se plantea es reducir las horas de trabajo manteniendo el nivel de salario, habrá que pensar en las medidas para conservar los niveles de productividad en las empresas y para financiar el mayor coste que ello supone. El profesor del IESE no cree que el actual sea el momento adecuado para plantear una reducción de jornada en España, sino que el objetivo debería de ser el de consolidar el crecimiento de los tres últimos años, reducir el paro por debajo del 15% y mantener el nivel de competitividad de las empresas.

Fijar el Salario Mínimo Interprofesional en los 1.000 euros mensuales para 2020 y alcanzar el 60% del salario medio, como establece la Carta Social Europea, es otra de las medidas que recoge el documento «Por una nueva socialdemocracia», con el que Sánchez se impuso en las primarias socialistas. En este sentido, Gómez remarca que, con la tasa de paro actual, se debe actuar con mucha prudencia a la hora de plantear un incremento importante del SMI. Y avisa de que si el aumento no se atempera a las posibilidades reales de la economía puede producir un impacto negativo en la tasa de paro y el efecto contrario al que se pretende.

Bruselas reconoce la intensa creación de empleo que se ha logrado gracias a las reformas acometidas y a la moderación salarial, pero alerta sobre la elevada temporalidad –que reduce la productividad y la competitividad e incrementa el riesgo de pobreza-, exige medidas para impulsar la contratación fija y afea que no se haya desarrollado ningún plan para luchar contra la dualidad.

La tasa de temporalidad ha descendido hasta el 26,1%, pero aún sigue más de 10 puntos por encima de la media europea (se sitúa en el 14,2%). Bernal lo achaca, por un lado, a la legislación laboral y a la gran cantidad de contratos existentes, y piensa que «lo lógico sería rebajar ese número de contratos, suprimiendo los temporales y adaptando las indemnizaciones por despido». Por el otro, a la estructura empresarial y a las características cíclicas de la economía. Así, afirma que «un cambio en la estructura económica permitiría un empleo más estable, de más valor añadido, menos precario y mejor retribuido».

Desde Europa reclaman medidas para impulsar e incentivar la contratación indefinida, para lo que el profesor del IEB sugiere una simplificación del número de contratos -de formación, por obra e indefinido-; la adopción de la denominada mochila austriaca para promover que los trabajadores no se vean atados a una empresa por no perder los derechos adquiridos y para generar competencia, lo que incrementaría los salarios; y una fuerte apuesta por la formación profesional dual.

Las recomendaciones de la CE reprochan la incertidumbre judicial que se ha generado. Y es que la aplicación de la reforma, dado el profundo cambio en el sistema de relaciones laborales, ha originado criterios dispares en los Tribunales de Justicia que, poco a poco, se van uniformando con las últimas decisiones del Supremo.

¿Hacia una renta básica?

El programa de Sánchez insta a pensar en nuevas formas de organización del trabajo humano y considera inevitable valorar la pertinencia de fórmulas viables relacionadas con una Renta Básica Universal. Expertos consultados por LA RAZÓN calculan que, si oscilara entre los 600 y los 800 euros mensuales, su implantación en España obligaría a fijar un tipo único del IRPF del 50% a todos los contribuyentes y que el coste escalaría hasta el 30% del PIB.

El nuevo asesor económico de Sánchez, defensor de una renta básica para apoyar a los más desfavorecidos, opina que ésta debería estar articulada sobre un impuesto negativo de la renta. La medida beneficiaría a más de 12 millones de personas y tendría un coste próximo a los 12.000 millones de euros.

Gómez opina que en un tema tan delicado y sensible como éste, hay que evitar la demagogia fácil y considerar tanto las propuestas que permitan una financiación correcta como las consecuencias que producen en una economía recién salida de la crisis. «Las medidas son tan imprecisas y poco concretas que resulta muy difícil valorarlas de manera razonable y pensar en su viabilidad real en las condiciones actuales», puntualiza.