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El Pacto de Toledo más efímero: las pensiones subirán un 0,25% si hay elecciones

La Comisión de esta institución se constituye oficialmente en el Congreso, pero si no hay Gobierno quedará de nuevo disuelta sin ejecutar sus funciones

  • Los pensionistas llevan meses movilizándose para exigir pensiones más altas
    Los pensionistas llevan meses movilizándose para exigir pensiones más altas /

    David Jar

Tiempo de lectura 2 min.

12 de septiembre de 2019. 19:50h

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Javier de Antonio 12/9/2019

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La Comisión del Pacto de Toledo en el Congreso se constituyó oficialmente ayer bajo la incertidumbre electoral y con el objetivo primordial de cerrar un acuerdo definitivo sobre la revalorización de las pensiones, cuyas bases quedaron casi selladas en febrero pasado. El Gobierno aprobó en diciembre un real decreto para actualizar la pensión al IPC en 2018 y 2019, pero dejó en el aire el incremento para 2020, por lo que sigue en vigor el índice del 0,25%.

La comisión de seguimiento del sistema público de pensiones ha echado a andar con dudas sobre el punto de partida de sus recomendaciones, con posturas enfrentadas entre los dos grandes partidos. Mientras el PSOE confía en "rubricar" las recomendaciones "aparcadas" en febrero, el PP lo supedita a la evolución positiva de la economía. Por su parte, Podemos reclama al Ejecutivo en funciones un nuevo real decreto ley que pueda derogar dicho índice y que apruebe una fórmula de revalorización ligada a la inflación.Tras más de dos años de trabajos, el Pacto de Toledo dio por rotas las negociaciones para cerrar unas recomendaciones que estaban prácticamente acordadas y que debían servir para orientar en los próximos cinco años una reforma que garantizase la sostenibilidad y suficiencia de las pensiones, aunque el adelanto electoral frustró estas expectativas.

La diputada socialista Josefa Andrés Barea presidirá con la mayor de incertidumbres la nueva comisión del Pacto de Toledo de la XIII Legislatura el mismo día en que la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, se reunió con el Rey Felipe VI, que iniciará una nueva ronda de consultas los días 16 y 17 para evaluar la viabilidad de una investidura.

El bloqueo parlamentario puede dejar en el aire la subida salarial para 2,5 millones de funcionarios públicos –estatales, autonómicos y municipales– y casi nueve millones de pensionistas. A ellos habría que sumar 3,1 millones de desempleados que cobran algún tipo de subsidio y los 1,3 millones de trabajadores que reciben el salario mínimo interprofesional. En total, casi 16 millones de afectados.

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