El Popular era (probablemente) insolvente

La Junta Única de Resolución (JUR) publicó este pasado viernes el conjunto de documentos que utilizó el 7 de junio de 2017 para determinar que el banco Popular debía venderse al Santander a cambio de un solo euro. Durante meses, la sombra de la sospecha ha pesado sobre la JUR, dado que la resolución del Popular se efectuó de un modo muy acelerado y, además, concluyó con una operación aparentemente muy beneficiosa para el Santander, una de las mayores entidades financieras de Europa.

Los documentos aportados por la JUR no han contribuido, sin embargo, a despejar las dudas sobre tan complejo episodio. De hecho, tras su publicación, la práctica totalidad de la prensa económica española ha llegado a la conclusión de que el Popular era solvente a dos días de que fuera intervenido (esto es, el 5 de junio) y de que, en consecuencia, su colapso se debió a la negligente actuación del Banco Central Europeo (BCE) al no continuar insuflando liquidez en la entidad. En caso de que el BCE hubiese optado por continuar refinanciando las posiciones deudoras del banco, entonces el Popular habría logrado sobrevivir.

Ahora bien, la realidad es que los documentos hechos públicos este viernes ni mucho menos permiten concluir que el Popular fuera solvente dos días antes de su intervención. Para comprobarlo, basta con que nos centremos en analizar los dos principales informes recientemente revelados: por un lado, el informe elaborado el 5 de junio por la Junta Única de Resolución; por otro, el informe redactado por Deloitte el 6 de junio .

Así las cosas, es verdad que la JUR afirma en su informe que el Popular «no parece ser insolvente»: empero, tal aseveración la efectúa esencialmente sobre la base de la información contable proporcionada por el propio Popular a finales del primer trimestre de 2017. O expresado en otras palabras, la JUR no examinó con detalle el trasfondo de las cuentas del Popular y, por tanto, sus juicios deben tomarse «cum grano salis». Justamente por ello, la propia JUR reconoce que es muy probable que haya que practicar ajustes adicionales a las cuentas del Popular, una misión que encomienda a la auditora Deloitte.

Precisamente, en ese segundo informe, Deloitte llega a conclusiones sobre la solvencia que se alejan bastante de las de la JUR. Tras examinar con más detalle los activos del Popular, la auditora considera que los activos del banco español estaban sobrevalorados en un importe de entre 11.800 y 14.700 millones de euros. De ahí que, tras aplicar tales correcciones, considerase que, en el mejor de los casos, el Popular apenas contaba con un colchón de solvencia de 1.300 millones y que, en el peor, sufría un agujero de 8.200 millones de euros. Es decir, el Popular o bien estaba al borde de la insolvencia o bien estaba profundamente quebrado.

Es verdad que la propia Deloitte se muestra muy cauta a lo largo de su informe con sus apreciaciones, dado que, según propia confesión, apenas contó con tiempo y con acceso a información relevante suficientes como para efectuar una estimación precisa y confiable del Popular. No obstante, pese a tales dificultades operativas, no debemos olvidar que este informe es la mejor (o menos mala) evaluación de la situación financiera del Popular durante sus últimas semanas de existencia. Y las conclusiones provisionales a las que llega es que el Popular era insolvente.

En definitiva, ninguno de los documentos conocidos este viernes da pie a pensar que el Popular era lo suficientemente solvente como para sobrevivir a medio plazo. Es verdad que debemos ser prudentes en nuestras afirmaciones, dado que ningún informe es plenamente concluyente, pero todo sigue apuntando a que la crisis de liquidez que azotó a la entidad no fue la causa última de su descalabro, sino tan sólo el más rotundo síntoma de que éste era visto como inevitable por todos los operadores de mercado.