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El presidente de Panamá cita a los embajadores de España e Italia por el conflicto del Canal

El presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, asiste a la Asamblea Nacional ayer, jueves 2 de enero de 2013, en Ciudad de Panamá.
El presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, asiste a la Asamblea Nacional ayer, jueves 2 de enero de 2013, en Ciudad de Panamá.larazon

El presidente panameño, Ricardo Martinelli, ha citado hoy en su despacho a los embajadores y encargados de negocios de España e Italia para hablar del conflicto contractual que amenaza con paralizar el proyecto de ampliación del Canal de Panamá.

La cita está prevista a las 10:00 hora local (15:00 GMT) en el Palacio Las Garzas, la sede del Gobierno, confirmó a Efe el embajador español, Jesús Silva.

Martinelli dijo ayer que los gobiernos de España e Italia tienen una "responsabilidad moral"en el conflicto, y que exigiría a ambos que obliguen a las empresas española e italiana involucradas en el proyecto de ampliación del Canal de Panamá a cumplir el contrato.

El embajador Silva aseveró ayer jueves Efe que "el Gobierno español está dispuesto a mediar", y que Madrid "ha estado siguiendo desde el primer momento muy de cerca este proceso".

El consorcio Grupo Unidos por el Canal (GUPC), que lidera la española Sacyr e integran la italiana Impregilo, la belga Jan de Nul y la panameña CUSA, anunció que suspenderá el 20 de enero próximo las obras de ampliación si la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) no reconoce "sobrecostos"cifrados por el consorcio en 1.625 millones de dólares y de los que responsabilizó a la Autoridad panameña.

Ante la probable suspensión de los trabajos de ampliación, las acciones de Sacyr perdieron el jueves en la Bolsa de Madrid un 8,95 %, y este viernes en la apertura se mantenían con tendencia a la baja y se dejaban el 2,77 %.

Mientras el consorcio aduce que anunció la suspensión porque no ha podido acordar con la ACP una forma de pago de los sobrecostes, la Autoridad del Canal dice que no puede aceptar la supuesta pretensión del contratista de negociar fuera del contrato unas cantidades que, además, no ha podido sustentar debidamente.

"No puede ser que una empresa meta una cantidad enorme de sobrecostos (...) cuando ellos licitaron pusieron un precio y ahora van a venir con el cuentito de que están subiendo los precios (...) no van a venir con el relajito este de que nos han dejado en este tres y dos a Panamá", dijo el jueves Martinelli.

El GUPC se adjudicó el proyecto de ampliación por un valor global de 5.250 millones de dólares, de los cuales 3.118 millones corresponden al contrato para la construcción del nuevo complejo de esclusas que permitirán duplicar la carga que pasa por la vía.

El administrador de la ACP, Jorge Quijano, ha sostenido que espera que antes del próximo día 20 el GUPC "recapacite en su propuesta de suspender la obra", porque lo conveniente tanto para el contratista como para el Canal es "completarla dentro de lo pactado".

Quijano afirmó que el consorcio no ha podido "justificar"ante el Canal los supuestos sobrecostes por más 1.600 millones de dólares, que representan el 50 % del contrato de las nuevas esclusas, y que está dispuesto a pagar solo gastos adicionales plenamente sustentados y por las vías que establece el contrato.

Sostuvo que el contrato establece mecanismos que garantizan la culminación de la obra aunque el consorcio lo abandone, expresó que espera que eso no suceda, pero que ese escenario ya ha sido contemplado por la ACP que está comprometida con finalizar la obra.

La prensa panameña, tanto escrita como audiovisual, reprodujo ampliamente este viernes una entrevista con la cadena española Canal 13 del responsable de comunicaciones de Sacyr, Pedro Alonso, en la que señala que los sobrecostes son producto de "imprevistos"surgidos en el proyecto de las nuevas esclusas, que según la ACP tiene un avance del 65 %.

Según Alonso, cualquier otra empresa que hubiera asumido el proyecto de ampliación estaría ahora en las mismas dificultades, rechazó la posibilidad de que Sacyr asuma los sobrecostes, y dijo que espera que la ACP cambie su actitud hacia el consorcio y reconozca los reclamos económicos.