Caso Tarjetas «B»

El rescate de Bankia fue «un entierro para todos los españoles»

El fiscal de las «black» defiende la legitimación del banco y del FROB para ejercer la acusación

Está previsto que Miguel Blesa declare el próximo viernes
Está previsto que Miguel Blesa declare el próximo vierneslarazon

El fiscal de las «black» defiende la legitimación del banco y del FROB para ejercer la acusación

La segunda jornada sobre las cuestiones previas planteadas por las defensas de los acusados por el uso de las «tarjetas black» de Caja Madrid y Bankia tuvo como principal protagonista al fiscal anticorrupción Alejandro Luzón, quien, como era de esperar, se opuso a todas y cada una de ellas, desde la prescripción del delito hasta la presentación de los nuevos correos por parte de Bankia relativoS a la gestión de esas tarjetas o la controvertida hoja Excell que contiene los movimientos de las mismas, a la vez que defendió la legitimación de la mencionada entidad financiera y del FROB para actuar en esta causa como perjudicados. Su primera frase ya era más que significativa respecto a lo que sería el contenido de su informe. Las defensas, dijo, «han intentado sacar agua de las rocas, pero la poca agua que ha salido no es potable», aunque, eso sí, reconoció que realizaron ese planteamiento «con habilidad». El viernes se reanudará el juicio con las declaraciones de los acusados, entre ellos Miguel Blesa, a la espera de que la Sala se pronuncie sobre las cuestiones previas o anuncie que lo hará en sentencia.

Tras dejar claro su postura, entró a analizar pormenorizadamente cada una de las cuestiones puestas encima de la mesa por los defensores. En primer lugar, sobre si debían o no admitirse como prueba los últimos correos aportados por la entidad que tuvo que ser «rescatada» con no pocos miles de millones.

Para Luzón, no hay ninguna duda de que la incorporación de los mismos a la causa en este momento procesal es de todo punto de vista legítimo, al igual, señaló, que también consideró pertinente lo mismo respecto a otros informes presentados por las defensas. Esos correos electrónicos, destacó Luzón, tienen su «relevancia, aunque sea para relacionarlos con los datos» contenidos en la ya tan famosa hoja Excell.

En relación con los mismos, rechazó igualmente que pudiesen afectar a los derechos constitucionales a la intimidad o al secreto de las comunicaciones, como alegaron en la primera sesión los defensores y ayer reiteraron los que quedaban por intervenir. Esos correos, destacó Luzón al respecto, tratan sobre «temas laborales, temas profesionales, temas retributivos, ajenos completamente al ámbito de su intimidad. Otra cosa es que tales correos tengan cierta carga incriminatoria, en la medida en que se habla de “tarjetas black”», pero el que tengan carga incriminatoria no convierten en íntimo lo que es estríctamente profesional». Por ello, defendió que su incorporación como prueba está del todo punto justificada y es «idónea y necesaria» para conocer si se produjeron irregularidades, y de ahí no se puede desprender que se haya vulnerado el derecho a la intimidad de los usuarios.

Lo mismo se puede decir, en su opinión, del derecho a las comunicaciones. Así, defendió que el Ministerio Fiscal tiene plena legitimidad para solicitar a Bankia los extractos de las tarjetas, toda vez que el contenido de los mismos, destacó, «es la base misma de la imputación delictiva, determinar si las tarjetas se usaron con fines propios corporativos o con fines exclusivamente personales».

De esta forma, afirmó que no se incurrió en ningún «exceso» y que la incorporación de esa hoja Excell «ha sido del todo legal», a la vez que recordó que el origen de esos cargos procedía «de unos correos debidamente intervenidos en Bankia en los que se habla de ‘tarjetas black’ a efectos fiscales, y la auditoría interna de Bankia lo investiga». En cambio, admitió que si no se han aportado los extractos de esos cargos es porque «sencillamente no existen».

Por otro lado, y tras señalar que en ningún caso los delitos que se imputan a los acusados han prescrito –tal como ya había resuelto la Sala de lo Penal encargada de resolver los recursos–, defendió la legitimación de Bankia y del FROB para ejercer la acusación en este proceso, aunque en el momento de realizarse los gastos con esas tarjetas, las de Caja Madrid, no existiesen ni la una ni el otro. «Caja Madrid no se transformó en Bankia», señaló en este punto, pero ello no quita que resultara perjudicada en 12 millones en su patrimonio por el uso de esos plásticos entre los años 2010 y 2012.

En respuesta a lo alegado al respecto por una defensa, Luzón tiró de frase metafórica para defender esa tesis: «No es que Bankia y el FROB tengan vela en el entierro, en expresión del letrado de Rodríguez Ponga, sino que vela tenemos todos los españoles, que hemos pagado la inyección de fondos en Bankia. No sé si un entierro, pero sí algo parecido a un funeral.»

Tanto Bankia como el FROB, como era de esperar, sostuvieron que su presencia en la causa está plenamente legitimada. El letrado del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria destacó que actúan en este procedimiento «cumpliendo un mandato legal», ya que la legislación por la que se rige le obliga a actuar en aquellos casos donde se haya podido detectar responsabilidad de los administradores de las entidades. De esta forma, incidió en que el FROB cumple «a rajatabla» ese «mandato legal», en un proceso «costosísimo» como fue el saneamiento económico con dinero público de Bankia. El letrado de esta entidad se centró en defender la legitimidad de la utilización de los datos de gastos realizados con las tarjetas, a la vez que aseguró que Bankia había sido «especialmente escrupulosa en velar por el derecho a la intimidad y protección de datos personales de los acusados».

Esta misma legitimación fue defendida por la acción popular, ejercida por la Confederación Intersindical de Crédito y representada por el abogado Andrés Herzog, ya que el gasto de los acusados con las «black» tuvo repercusión negativa en las cuentas de Bankia.

Por su parte, los defensores que quedaban por intervenir reiteraron su petición de que no se aceptasen como prueba los últimos correos de Bankia, al considerar que ello supone un «fraude procesal», como destacó la defensa de la ex consejera de Caja Madrid Mercedes Rojo.