El rescate de las autopistas quebradas llega a los tribunales

Bankia y los fondos acreedores interponen recursos ante el Tribunal Supremo para reclamar 4.500 millones, frente a los alrededor de 2.000 que ofrece el Gobierno.

Era cuestión de tiempo que el rescate de las autopistas de peaje quebradas acabara en los tribunales. Y el momento ya ha llegado. Bankia se ha sumado hoy a los fondos acreedores de las nueve vías en bancarrota y ha presentado un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Supremo contra el método de cálculo de la responsabilidad patrimonial de la administración (RPA) aprobado por el Consejo de Ministros en abril.

La RPA es la compensación que el Estado debe abonar a los acreedores de las vías por su quiebra. Según ha anunciado el Gobierno, este pago no excederá en ningún caso los 3.305 millones de euros por las obras y expropiaciones acometidas en su día por las concesionarias por la construcción de las vías y que no pudieron recuperar con los peajes por la cancelación anticipada de la concesión tras su quiebra y la reversión de las vías al Estado. A esta cantidad se sumará el coste de las modificaciones y las obras adicionales, aún sin determinar. Del total, se restarán las inversiones que se consideren necesarias para poner a punto las autopistas, la conocida como "puesta a cero". La compañía pública de ingeniería Ineco calcula que esta cantidad asciende a 370 millones de euros.

Aunque el método de cálculo del Ejecutivo arroja una cifra cercana a los 3.000 millones de euros, en las diversas comunicaciones sobre sus planes económicos a Bruselas el Gobierno la ha rebajado de forma sustancial, hasta el entorno de los 1.800 o 2.000 millones de euros. Una cifra que dista mucho de los 4.500 millones que los fondos calculan tiene derecho a percibir.

La judicialización del rescate de estas autopistas se daba por segura mucho antes de que el Consejo de Ministros anunciase el método de cálculo de la RPA. Las conversaciones entre los fondos y el Estado para buscar una solución dialogada se rompieron siendo todavía Íñigo de la Serna ministro de Fomento. Su llegada a los tribunales dilatará un proceso que podría resultar clave para cuadrar el déficit en años venideros, pues la RPA engrosará directamente el agujero público. Además, si son los tribunales los que resuelven el asunto y lo hacen a favor de los fondos, la factura engordará por los intereses de demora.

Las autopistas que quebraron son la R-2 (Madrid-Guadalajara), la M-12 (Eje Aeropuerto), la R-3 (Madrid-Arganda del Rey), la R-4 (Madrid-Ocaña), la R-5 (Madrid-Navalcarnero), la AP-36 (Ocaña-La Roda), la AP-41 (Madrid-Toledo), la Circunvalación de Alicante y Cartagena-Vera.