«El sector público y el privado deberían colaborar siempre»

La alianza entre las empresas y las administraciones es una opción legítima para gestionar los servicios ciudadanos.

Cuando alguien entra en política sabe que uno de sus futuros retos más importantes será el de las decisiones sobre los servicios que se prestan a la ciudadanía. La recogida de basuras, el mantenimiento de las carreteras, el abastecimiento de agua, luz o gas, los aeropuertos...Quienes gobiernan tienen en su mano las principales preocupaciones de la gente, y por eso se mira tanto con lupa. Y en España se han encontrado muchos defectos. De los más fáciles de detectar es que a la política se suele llegar con un punto de vista predeterminado de la gestión de estos servicios que no siempre corresponde al bienestar de los habitantes. La cuestión fue calificada de «debate histórico» en la mesa de análisis convocada por LA RAZÓN bajo el título «Servicios públicos: el interés general por encima de las ideologías», en la que participaron Francisco Caamaño, catedrático de Derecho Constitucional y ex ministro de Justicia; Valeriano Gómez, economista y ex ministro de Trabajo e Inmigración; Ramiro Aurín, ingeniero y consultor en Gobernanza del Agua; y Roger Cots, secretario general del Ayuntamiento de Gavá (Barcelona) y profesor asociado de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Barcelona.

Hay que diferenciar dos tipos de gestión de los servicios públicos. Por un lado, el directo. Es decir, la propia administración se hace cargo de su funcionamiento. Por otro, el indirecto, por el cual cede la tarea a una empresa externa. Estas dos opciones, además, están enfrentadas por las preferencias ideológicas, pues «la izquierda tiende a la regulación pública, mientras la derecha está más vinculada al sector privado», sostuvo Valeriano Gómez. Son dos formas de dirigir la sociedad que se encuentran en una carrera de fondo, y si bien durante los últimos años parecía que la externalización iba por delante, la gestión directa ha ganado terreno gracias a la llegada al poder de partidos de izquierdas. Estas organizaciones políticas, dijo Francisco Caamaño, «creen que pueden recuperar al Estado como único prestador de servicios, pero es que éstos nunca han sido administrados exclusivamente por los poderes públicos. Quieren volver a un pasado que no existe».

Pero ese regreso utópico suma cada vez más ejemplos, las llamadas reversiones, es decir, que un servicio externalizado sea de nuevo de gestión directa. El caso más sonado últimamente es el del hospital valenciano de Alzira. La concesión para administrarlo, obtenida por la compañía Ribera Salud bajo el mandato del Partido Popular hace 15 años, expiró el 30 de mazo y la Generalitat valenciana, ahora gobernada por PSOE, Podemos y Compromís, ha decidido recuperar la gestión pública. Ramiro Aurín manifestó que este dictamen «va en contra de los intereses de los valencianos porque la gestión privada era un 25% más barata y tenía seis puntos más de calidad según una auditoría interna». Valeriano Gómez, sin embargo, sostuvo que una vez acabado un contrato, el poder público que ha sido elegido democráticamente tiene plena libertad para elegir lo que ocurre con ese servicio. Y, a pesar de lo que señale el informe del Tribunal de Cuentas de la Comunidad, «eso no significa que la gestión pública que sustituya a la privada vaya a ser peor».

Uno de los grandes problemas del paso de un tutelamiento externo a uno público es lo que ocurre con los trabajadores. Para Gómez, «España es de los países que peor tiene resuelto este asunto porque la legislación, en este sentido, es un campo de minas». El principio de sucesión de empresa indica que los empleados contratados bajo la gestión privada deberían continuar en su puesto aunque el servicio pase al sector público.

«Indefinido no fijo»

No obstante, estos trabajadores no han realizado el mismo proceso selectivo que un funcionario público, que acredita mediante el mismo tener las capacidades y méritos requeridos por la legislación. ¿Cuál ha sido la solución a esta confrontación de modelos? Gómez destacó que los jueces han desarrollado una nueva forma de contratación, «la de carácter indefinido no fijo». La contradicción del propio concepto causó leves risas en la mesa de análisis, y Gómez recuerda que mediante estas fórmulas «no se le puede prometer el paraíso a los empleados que transiten del sector privado al público».

El ex ministro de Trabajo e Inmigración tiene claro que «la legislación debería facilitar que la gestión privada pase a ser pública, o viceversa», porque la libertad de decisión de los gobiernos elegidos por la ciudadanía es la muestra de la calidad de nuestra democracía. Y todavía quedan muchas lagunas por resolver. Pero el pasado 9 de marzo entró en vigor una nueva Ley de Contratación Pública, que aplica disposiciones europeas de 2014 y que, en principio, viene a mejorar la gestión de los servicios. Roger Cots comentó que esta legislación «exige que se olvide la visión economicista en políticas sociales o medioambientales. El precio ha dejado de ser lo más importante». Por este mismo motivo, subrayó Caamaño, gracias a esta nueva norma los administradores que se han creído empresarios hasta ahora, tendrán que olvidarse de ello para ser lo que verdaderamente son, supervisores.

Como controladores de los servicios ciudadanos, su labor principal es la optimización de éstos. Para buscar el mejor rendimiento, citó Cots, «el sector público debe colaborar con el mercado, preguntarle sobre lo que podría ser mejor, e incluir estas consultas preliminares en los pliegos para que sean de la mayor calidad posible».

Más exigentes

Y es que se reconoció que los famosos pliegos por los que sale a concurso la gestión de los servicios a una empresa externa, en España, a veces, son deficientes. Cots añadió que, en muchos casos, «la culpa es del letrado que copia y pega los documentos sin tener en cuenta las particularidades de cada municipio». Además, Caamaño declara que se pueden introducir cláusulas sociales, como políticas de igualdad. Es decir, que la concesionaria preste el servicio con una plantilla formada por un número mínimo de mujeres. El ex ministro de Justicia concluye que para ello, se deben realizar pliegos amplios porque todas las condiciones a cumplir tienen que estar redactadas previamente.

Hay que aceptar, sin embargo, que los contratos requieren de cierta flexibilidad, aunque no se pueden cambiar sin ton ni son. Para Cots, «las modificaciones contractuales inexplicables» han sido uno de los males de los servicios públicos provocado por la ideologización y –en palabra de Caamaño– el capitalismo de granujas, a lo que se une «la dejadez de control en los municipios y el endeudamiento de los ayuntamientos». A pesar de todos estos defectos que quedan por resolver, Ramiro Aurín recordó una frase que Alfonso Guerra dijo en los 80: «Dentro de 20 años a este país no lo va a reconocer ni la madre que la parió». El consultor en Gobernanza del Agua asegura que aquellas palabras «son ciertas, ahora somos ricos y europeos, y los servicios públicos han evolucionado de una manera espectacular». Pero los cuatro ponentes están de acuerdo en no conformarse con lo que tenemos.