El Supremo no decidirá hasta 2021 si el Estado debe pagar 2.900 millones a Abertis

El Alto Tribunal retrasa dos años su decisión sobre el contencioso por la AP-7

El Tribunal Supremo ha dado hoy un balón de oxígeno a las cuentas públicas. El Alto Tribunal ha aplazado un par de años, hasta el 31 de agosto de 2021, su decisión sobre el contencioso que mantiene el Estado con la empresa Abertis, concesionaria de la autopista AP-7 y que le reclama una indemnización de casi 3.000 millones de euros que, de concretarse, ampliaría el desvío de las cuentas públicas.

Según ha informado la compañía participada por ACS y Atlantia, el Supremo no resolverá sobre el fondo de la cuestión hasta que no finalice la concesión y se proceda, conforme a lo establecido en el propio convenio, a practicar la liquidación definitiva del saldo de compensación.

Abertis ha reclamado al Estado 2.951 millones de euros por las inversiones y los descuentos del peaje que realizó en un tramo de la autopista AP-7. En 2006, el Gobierno socialista que presidía José Luis Rodríguez Zapatero suscribió un acuerdo con Abertis por el que la empresa se comprometía a realizar trabajos de ampliación de la vía y a aplicar descuentos en los peajes. A cambio, el Estado asumía el riesgo del tráfico si el volumen de circulación no alcanzaba ciertos niveles.

Sin embargo, en 2011 cambió el Gobierno y el nuevo Ejecutivo, liderado por Mariano Rajoy, no se mostró de acuerdo con lo firmado por Zapatero. El Ministerio de Fomento mostró sus dudas sobre la interpretación del acuerdo en lo que a las compensaciones por el tráfico se refiere. Abertis no estuvo de acuerdo con el cambio de criterio y ante la falta de consenso entre ambas partes, la concesionaria decidió llevar la cuestión ante la Justicia.

El asunto ha quedado en manos del Tribunal Supremo después de que en 2017 la compañía recibiese una sentencia a su favor del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que fue recurrida por el Ministerio de Fomento.