La industria española presenta una electrificación de apenas el 32%. El gas supone el 42% del consumo de energía final industrial y los productos petrolíferos un 11%. Las energías obtenidas de fuentes renovables (eólica, solar, biomasa, etc.) y los biocombustibles representan otro 12%. El proceso de electrificación requerirá un aumento de su capacidad de conexión a la red eléctrica para descarbonizarse e incrementar la competitividad de la industria.

Cinco subindustrias intensivas en energía concentran casi el 75% del consumo energético industrial. La de los minerales no metálicos tiene un 20,7% de su actividad electrificada, según los datos recabados por Deloitte del IDAE. La penetración de la electricidad en la industria química y petroquímica es de un 18,8% que se reduce al 14,6% en el caso de la industria de la alimentación, bebidas y tabaco. El porcentaje de penetración es aún menor para la industria del papel y las artes gráficas (9,8%) y del hierro y el acero (9,3%).

La electrificación industrial supondría para la industria española una reducción de los costes energéticos gracias a que la generación renovable en España es un 20–30 % más barata que en la UE, siempre que esta ventaja se traslade al precio final del consumidor.

También una reducción de los costes asociados a la penalización por emisiones de gases de efecto invernadero, estimados en 6.000-7.000 millones de euros anuales a partir de 2034.

Asimismo, permitiría un menor consumo de energía por las ganancias de eficiencia asociadas a la electrificación de los procesos térmicos y que la industria disfrute de una mayor estabilidad de precios de la energía (y, por tanto, de costes) en el largo plazo por su menor fluctuación que otras alternativas mediante el uso de PPAs (contratos a largo plazo de suministro de electricidad renovable).

Estancamiento

Se trata de una situación generalizada que preocupa a Bruselas, que ha detectado un estancamiento del nivel de electricidad en el consumo energético, que ralentiza la descarbonización y el uso óptimo de la creciente cantidad de electricidad renovable de carácter intermitente que está entrando en el sistema eléctrico europeo y, en particular, en el español.

La Comisión Europea, en su Plan de Acción de la UE para la Electrificación, señala tres grandes problemas.

El primero, el creciente nivel de generación de electricidad renovable en momentos de baja demanda que provoca un aumento de los episodios de precios negativos de la electricidad y de restricciones.

El segundo, la incertidumbre sobre los costes operativos del uso de la electricidad en lugar de los combustibles fósiles que se convierte en un factor disuasorio para las decisiones de inversión.

El tercero, la continuación del consumo basado en combustibles fósiles, con altos niveles de emisiones y bajos niveles de eficiencia.

La UE considera que el estancamiento de la demanda de electricidad, vinculado a la lenta electrificación de la demanda durante los últimos diez años, tiene en buena parte que ver con la «incertidumbre relativa al ahorro en los costes operativos y la desfavorable relación entre el precio de la electricidad y el de los combustibles fósiles, agravada por los impuestos, los costes de red y otros gravámenes», así como por los «elevados costes de inversión que supone la adquisición e instalación de tecnologías de electrificación» en comparación con sus competidores basados en combustibles fósiles.

Y no es la primera vez que se insta a los socios europeos a «limpiar» de impuestos la electricidad para favorecer un despegue de la electrificación.

Además de incentivar el rápido desarrollo de más generación de electricidad limpia y su transporte, así como establecer nuevos «polos industriales» para que la nueva demanda se ubique cerca de las instalaciones de generación de energía limpia, la UE recomienda activar medidas para «aligerar la fiscalidad de la energía, revisar las tarifas de red o excluir los gravámenes no vinculados con la energía de la factura de electricidad».

El sector eléctrico lleva tiempo exigiendo que se cumplan esas directrices, que se «limpie» la tarifa de asuntos ajenos e impuestos y se acabe con la voracidad fiscal eléctrica si lo que se pretende es impulsar la electrificación de la industria o el transporte. Sin embargo, el Gobierno no da su brazo a torcer.

Sin presupuestos, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha recuperado este año su voracidad recaudatoria en materia eléctrica, con un impacto sobre los precios y el bolsillo de consumidores y empresas. A esto se ha sumado la utilización constante de los ciclos combinados de gas –con el coste que supone– para apoyar al sistema tras el apagón del pasado 28 de abril.

Y es que en enero el Gobierno recuperó la agenda impositiva tras las medidas especiales aprobadas en respuesta a la crisis energética tras la pandemia y la guerra de Ucrania. El IVA ha pasado del 10%, donde se mantuvo para los contratos de hasta 10 kilovatios, hasta el 21% para todos los consumidores, independientemente de la potencia contratada. El IVA se aplica directamente sobre el coste de la factura.

También se recuperó el Impuesto Especial de la Electricidad (IEE) que tras reducirse al 0,5% en 2023, ha retornado hasta el 5,11% este año, con lo que se ponía fin a un mecanismo de contención de los precios de la electricidad.

Regresó de igual modo en 2024 el Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica IVPPE. Establecido en 2012 y suspendido entre 2021 y 2023, regresó con todo su impacto en 2024. Lo sufren los productores de energía, pero su coste acaba llegando en parte al consumidor en la tarifa y grava con un 7% la producción de energía y su incorporación al sistema.