La excesiva presión fiscal que Hacienda ejerce sobre los autónomos se ha convertido en el principal problema para el colectivo, que reclama al Gobierno que concrete una "auténtica reforma fiscal" que reduzca la brecha entre trabajadores autónomos y grandes sociedades". Así lo reclama la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), que advierte de que el 80% de los autónomos consideran que su principal preocupación es la carga fiscal que soportan, con una brecha fiscal con las sociedades que supera actualmente el 30%.

"Mientras que las sociedades tributan a un tipo máximo del 25%, los autónomos en estimación directa afrontan tipos efectivos de entre el 20% y el 24%, con una deducibilidad mucho más limitada y mayores cargas administrativas", apunta su presidente, Eduardo Abad, que denuncia que esta situación de desventaja se agrava por la imposibilidad de deducir gastos reales de actividad de manera sencilla por la burocracia asociada al IVA y la falta de un tratamiento fiscal adaptado a la rentabilidad de los pequeños negocios. En contraste, las sociedades pueden optimizar gastos, amortizaciones y deducciones que están fuera del alcance de los trabajadores por cuenta propia".

Abad recuerda que hay 3,4 millones de trabajadores afiliados al RETA, "muchos de ellos con ingresos modestos y márgenes reducidos", y 1,5 millones de sociedades, de las cuales solo unas 50.000 superan los cuatro millones de euros de facturación anual, lo que representa menos del 5% del total, "un desequilibrio en la estructura empresarial evidencia la necesidad de un modelo fiscal que tenga en cuenta la capacidad real de contribución de cada agente económico".

Desde esta asociación reclaman al Gobierno una reforma fiscal "basada en la equidad y la progresividad", en la que los autónomos vean reducida su carga impositiva al menos en un 5% del IRPF y otro 5% en el tramo autonómico, "y que que las grandes empresas, con mayor capacidad económica, contribuyan más a través de un incremento de entre un 5% y un 7% en el Impuesto de Sociedades". Además, proponen "ampliar y flexibilizar las deducciones de los gastos reales vinculados a la actividad económica y la simplificación de las obligaciones formales".

Para ello, han solicitado la creación urgente de una mesa de diálogo fiscal en la que participen las organizaciones representativas del colectivo, el Ministerio de Hacienda y los agentes sociales, con el objetivo de elaborar un nuevo marco tributario equilibrado antes del año 2026. "No se trata de pagar menos, sino de pagar de forma más justa y equitativa. El sistema tiene que reconocer la diferencia entre una gran empresa con capacidad para planificar sus finanzas y aquel trabajador autónomo que trabaja para sobrevivir", recalcó Abad.

UPTA también ha propuesto una modificación parcial del Real Decreto-ley 11/2024 sobre la jubilación activa para facilitar el acceso a la jubilación activa y hacerla más beneficiosa para los autónomos, independientemente de su situación en relación con la contratación de empleados. Una modificación que tiene como objetivo fomentar una legislación más equitativa, eliminando las desigualdades que actualmente existen entre los autónomos que tienen empleados a su cargo y aquellos que no los tienen.