Empleo planea limitar la cesión de inmuebles del Estado a los sindicatos

Báñez pide informes sobre la utilización de cerca de 500 edificios, con 89 «bernabéus» de superficie, «prestados» a los agentes sociales.

El Gobierno estudia limitar la cesión de inmuebles a los sindicatos contemplada por la ley de Cesión de Bienes del Patrimonio Sindical Acumulado, vigente desde 1986 para regular la reparación por la confiscación en 1939 de edificios, archivos y otras propiedades de los sindicatos. Considerada una herramienta para asegurar la llamada paz social, pues el «préstamo» de estos edificios y locales varía en función de las necesidades y de la fluidez de las relaciones entre los agentes sociales y los distintos gobiernos, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, encargado de gestionar esta cesión, ya lleva tiempo cuestionando el número de inmuebles que se ponen a disposición de los sindicatos y la utilización de los mismos.

En este sentido, según ha podido saber LA RAZÓN, el departamento de Fátima Báñez no sólo está analizando los costes para el Estado de estas cesiones, su vinculación directa o no con el patrimonio incautado a las centrales sindicales tras la Guerra Civil y la utilidad que los sindicatos dan a las mismas sino que ha solicitado informes sobre la financiación que reciben los agentes sociales en otros países de la Unión Europea en este capítulo.

El Patrimonio Sindical Acumulado está integrado por edificios cuya titularidad corresponde a la Administración General del Estado y, de acuerdo con lo dispuesto en la ley de Cesión de Bienes del Patrimonio Sindical Acumulado, se transfieren en uso a las organizaciones sindicales y empresariales españolas para que puedan desarrollar las funciones que les corresponden según el ordenamiento jurídico.

Entre los actos de gestión de este patrimonio se incluyen las operaciones de compra y venta, así como de permutas de inmuebles en todo el territorio nacional. La ley de 1986 regula la cesión en uso, no en propiedad, de estos edificios y locales.

Una actividad que, según revelan fuentes sindicales consultadas por este diario, está salpicada de «irregularidades», como la cesión de parte de estos locales a asociaciones afines o incluso «negocios» paralelos. Las mismas fuentes indican que hay incluso parte de estos inmuebles que se encuentran totalmente abandonados cuando el Estado, titular de los mismos, podría disponer de ellos para otros fines o incluso venderlos con importantes plusvalías para las arcas públicas. El Ministerio de Hacienda puso en marcha en 2013 un plan de enajenación de edificios y solares propiedad del Estado para optimizar los recursos inmobiliarios.

Esta cesión de inmuebles se rige por la legislación sobre Patrimonio del Estado, que permite utilizar los bienes cedidos, pero no transmitirlos o cederlos a terceros ni alterar los términos de la cesión realizada por el Estado. UGT reconoce en sus cuentas públicas que en 2013 ingresó casi 400.000 euros en concepto de inversiones inmobiliarias, que consisten en «arrendar a terceros edificios o locales que no se están dedicando a uso sindical».

Empleo ya valoró la posibilidad de reducir notablemente la cesión de edificios a los sindicatos en 2015, cuando la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil detectó que UGT se autoarrendó inmuebles cedidos por el Estado de forma gratuita para poder justificar ante la Junta de Andalucía parte de las subvenciones que recibía en materia de formación. Unos «gastos de alquiler» ficticios que entre 2009 y 2013 sumaron 4.117.759,45 euros a cuenta de las ayudas otorgadas por la Junta de Andalucía.

Empleo considera que, al margen de los escándalos en la gestión de algunos de estos edificios, la cesión de inmuebles debe actualizarse en función del nuevo peso específico de los sindicatos, que han perdido cerca de 600.000 afiliados desde el inicio del crisis hasta el pasado año. Asimismo, las antiguas organizaciones obreras han tenido tiempo de superar la debilidad financiera que tenían en los primeros años de la democracia, bien por su corta vida o por su funcionamiento en la clandestinidad, por lo que el Estado está legitimado para dejar de tutelar su actividad económica.

El Estado tiene cedidos a través del Ministerio de Empleo y Seguridad Social 499 edificios con un uso a cuenta del Patrimonio Social Acumulado, según figura en el Portal de la Transparencia del Gobierno. Además, el Estado también ha proporcionado a los agentes sociales, mayoritariamente a los sindicatos, numerosos solares y suelo rústico.

Precisamente, es Andalucía la comunidad autónoma que más cesiones de edificios acumula (88), seguida de Cataluña (54), Castilla y León (49), Comunidad Valenciana (46) y Madrid (36). En su conjunto, los metros cuadrados que el Estado tiene cedidos en concepto de Patrimonio Sindical equivalen a unos 89 estadios con la superficie del Santiago Bernabéu.

Las grandes capitales concentran la mayoría de estos «préstamos» de edificios. Los sindicatos tienen en las provincias de Barcelona y Madrid 36 edificios cedidos en cada caso.