Empleo protege a los funcionarios del Inem contra las agresiones

No son muchos los funcionarios que trabajan en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) que se atreven a denunciar los insultos y agresiones que sufren en su puesto de trabajo. En 2013, sólo se comunicaron a la dirección del antiguo Inem 124 incidentes de este tipo. Pero, como admiten tanto desde el Ministerio de Empleo en su «Registro de comunicaciones por situaciones de violencia en el puesto de trabajo en el SEPE» de 2013 como desde el sindicato CSI-F, la crisis ha enervado la paciencia de muchos desempleados y ha disparado estos incidentes. Si no se denuncian, argumentan desde la central, es por el posible miedo a represalias o porque muchos piensan que no sirve para nada. Pero también porque el funcionario que quiere hacerlo «tiene que poner el dinero de su bolsillo», explica la abogada del sindicato Marian Mur. Para animar a estos empleados públicos a sacar a la luz los hechos, Empleo ha puesto en marcha una póliza de seguros colectiva, con un coste de 18.000 euros, que garantiza la defensa jurídica de los empleados de estas oficinas en situaciones de agresión verbal o física. El seguro cubre los gastos judiciales y las reclamaciones de daños y perjuicios ante daños corporales, insultos, amenazas, intimidaciones o coacción, daños materiales al vehículo de su propiedad o perjuicios patrimoniales, según explicó el CSI-F.

En caso de que haya agresión física, el ministerio ha habilitado un teléfono especial –902 42 46 27– en el que los trabajadores tendrán a su disposición a un abogado para que les informe del alcance de sus derechos que, con carácter general, les asisten y de la mejor manera para defenderse.

Las empleadas del SEPE son el principal blanco de la ira de los desempleados que se consideran injustamente tratados en las oficinas. De los 124 incidentes comunicados en 2013, el 52,03% afectaron a mujeres, el 36,59% a hombres, y del resto no existen datos. Estadísticamente, es más fácil que las mujeres sean las víctimas de estas agresiones puesto que de los 9.503 empleados que tienen las oficinas del SEPE, 6.012 son mujeres.

Las causas fundamentales que motivaron los incidentes el año pasado fueron la denegación de prestaciones o subsidios –17,74%–, no cobrar la prestación por cambio de cuenta, la no presentación de la documentación, la extinción o cobro indebido por sanción –16,94%– y no tener cita previa o presentarse fuera de la hora –16,94%–.

La mayoría de las agresiones no pasaron del insulto –86–. Sin embargo, en siete hubo violencia física y en otras 26 hubo tanto verbal como física. Empleo también está detectando un nuevo tipo de situación: la grabación con móvil a los trabajadores del SEPE y la amenaza de su difusión en las redes sociales o la realización de amenazas a través de dichas redes.

Aunque en la gran mayoría de los casos no hubiera agresiones físicas, sí que son más los casos en los que se precisó de la intervención de algún tipo de seguridad que los que se resolvieron por sí solos. En el 15,45% tuvieron que intervenir las Fuerzas de Seguridad del Estado; en otro 15,45%, lo hicieron las empresas de seguridad y en un 31,70 por ciento de los casos, ambas fuerzas de forma conjunta.

Más vigilancia

Para prevenir incidentes y minimizarlos, el CSI-F ha solicitado a Empleo que refuerce la seguridad de las oficinas con vigilantes en aquellas que no los tienen. Desde el sindicato consideran que con los arcos para detectar objetos metálicos contundentes no son suficientes. No obstante, el CSI-F asegura que su petición ha caído en saco roto. «Por el momento, lo que se ha hecho es instaurar la cita previa como medida para evitar aglomeraciones de gente que puedan conducir a situaciones de tensión», explica Mur.

Los funcionarios de las oficinas de los servicios de empleo serán los primeros en beneficiarse de esta póliza, pero, según el CIS-F, el Ejecutivo se comprometió en noviembre a poner en marcha un protocolo de actuación para hacer frente a estas agresiones en el conjunto de las administraciones públicas, dado que desde el comienzo de la crisis este tipo de situaciones conflictivas han ido en aumento.

Según el CSI-F, como consecuencia de las agresiones que sufren, los funcionarios padecen cuadros de ansiedad, nerviosismo, angustia, tensión arterial, temor o miedo a represalias, indefensión, menosprecio por el trabajo que realizan o desprotección. El sindicato achaca parte de la violencia hacia los funcionarios a la campaña de desprestigio de que han sido objeto los empleados públicos desde que arrancara la crisis culpándoles, en parte, de la recesión.