Emprendedores, el espíritu de Nadal

MADRID- Los últimos tres meses han dado un respiro al maltrecho mercado laboral español, destrozado en los últimos años por la voracidad de la crisis. Entre marzo y mayo, el número de parados registrados en las oficinas del Servicio Público de Empleo ha caído en 150.000 personas, merced, en buena medida, al sector turístico, pilar de la economía española y que tira con fuerza del empleo en las épocas vacacionales. Precisamente, esta temporalidad y el hecho de que la cifra de parados siga en cifras muy elevadas –4.890.928– han empujado al Gobierno a impulsar una ley de emprendedores.

Porque apostar por las pymes y los autónomos tiene una razón de ser más que justificada en un país como España. Otros, como Alemania tienen un poderoso sector industrial integrado por grandes compañías. España no. Aunque puede presumir de multinacionales punteras en sus sectores, como Inditex –textil–, Telefónica –telecomunicaciones– o Banco Santander –financiero–, su tejido industrial doméstico está compuesto en su mayoría por pymes y autónomos. El 87% de las compañías españolas tiene menos de nueve trabajadores que dan empleo al 75% de los asalariados, como recordó la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, cuando presentó la normativa, lo que explica por sí solo la importancia de estos emprendedores para la economía nacional.

A pesar de su importante peso en el tejido productivo español, durante la crisis se han perdido empleos y se han destruido compañías en este segmento a chorros. Según los datos de afiliación de la Seguridad Social, la crisis se ha llevado por delante a 500.000 autónomos, los mismos que, de tener éxito la ley y recuperarse, podrían generar 2,5 millones de empleos, pues cada empresario da trabajo en España a una media de cinco personas. Con un cálculo más conservador, la cifra podría rondar el millón de empleos, pues según las asociaciones de autónomos, el 82 por ciento de los mismos tiene entre 0 y 2 trabajadores a su cargo.

Norma con respaldo

Para ver los efectos de la ley habrá que esperar. De momento, los interesados la consideran en general como un avance. Organizaciones como la de autónomos ATA, la Confederación Española de Jóvenes Empresarios (Ceaje) o la patronal de las pymes (Cepyme) destacan como uno de sus aspectos positivos la eliminación de trabas burocráticas y administrativas. Como sintetiza Jesús Terciado, presidente de Cepyme, «simplifica trámites administrativos, reduce plazos y abarata costes». La ley permite abrir un negocio en 24 horas y de una sola vez.

Se valora también por parte del sector el apoyo a la internacionalización que recoje el texto y el respaldo a la segunda oportunidad, para lo que se establecerán mecanismos que ayuden a la refinanciación de deudas una vez cerrado el negocio, así como quitas y aplazamientos en los procesos concursales. En el aspecto fiscal, sin duda la medida que mejor acogida ha tenido ha sido el cambio del IVA, que permitirá a los autónomos pagarlo cuando cobren las facturas.

El talón de aquiles, la financiación

En un momento en que el crédito sigue sin fluir, si algo echan de menos los emprendedores en la ley son más medidas para subsanar este problema. Aunque el texto contempla mecanismos de financiación vía ICO, el pago a proveedores o los mercados alternativos, las organizaciones del sector creen que son insuficientes. Ceaje, por ejemplo, considera que sería necesario que las líneas ICO contasen con garantías públicas que cubran parte del riesgo.