Los empresarios acusan al Gobierno de trabajar "para que las empresas ganen menos dinero"

El vicepresidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y presidente de los empresarios de Madrid, Miguel Garrido, cree que el Gobierno "trabaja expresamente para que las empresas ganen menos dinero". Antes de su participación en la jornada empresarial 'Empresabios' -en la celebración del 40 aniversario de la patronal de Lorca Ceclor- Garrrido ha dicho que en los últimos años "se ha criminalizado que las empresas ganaran dinero", cuando la obligación de estas es "ser rentables".

Los empresarios españoles, en su opinión, se enfrentan a una "difícil situación", de la que solo podrán salir trabajando "desde la unidad", y de la que ha culpabilizado al Gobierno central. Ha hablado de "años de acoso empresarial" por parte del Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez, al que se ha referido como el único de las democracias occidentales que no trabaja "para ayudar a las empresas a mejorar su rentabilidad".

El pasado mes de octubre, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ya advirtió que cuando los impuestos son "a la carta", las empresas "tienen el derecho de buscar los espacios adecuados", después de que el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, asegurase que la compañía tiene otras alternativas de inversión en España no se garantiza seguridad jurídica y estabilidad regulatoria.

A las dificultades de los últimos años ahora se suman las medidas incluidas en los acuerdos de investidura del nuevo Gobierno, que "agravarán" esa situación, ante lo que propone "reaccionar de manera contundente, porque no se puede consentir y porque esas medidas comprometerían la viabilidad de muchas empresas".

Se ha referido a las medidas de "rigidez y eliminación de la flexibilidad" en la contratación laboral, lo que será "un nuevo freno a la creación de puestos de trabajo. En concreto, PSOE y Sumar acordaron en un pacto de investidura modificar la actual regulación de los despidos y de los descuelgues.

Los descuelgues son aplicados por las empresas para poder modificar a la baja las condiciones de un convenio colectivo cuando se encuentran en situación de gran dificultad económica. En este sentido, PSOE y Sumar acordaron revisar causas para que solo en situaciones que afecten a la viabilidad de la empresa se pueda recurrir a estos procedimientos, que deberán ser negociados, dando prioridad a la negociación con las organizaciones sindicales y garantizando el carácter reversible de las medidas adoptadas.

En cuanto al despido, se establecerán más “garantías para las personas trabajadoras”. Según explicó la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en varias ocasiones, se trataría de que al calcular una indemnización no solo cuente la antigüedad, sino factores de la vida de la persona despidida, como su edad o la formación.

En cuanto al aumento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), los empresarios decidieron adelantarse al Gobierno y a los sindicatos y plantear un incremento del 2,9%. Su oferta situaría el SMI para 2024 en 1.112,40 euros al mes por 14 pagas (15.573,6 euros al año), lo que se traducirían en 33 euros más mensuales y 1.145,77 euros por 14 pagas (16.040,78 euros) en 2025. Por su parte, Yolanda Díaz y los sindicatos intentarán impulsar una subida salarial superior o, al menos, igual a la inflación de 2023, que podría rondar el 3,8%.