Energía

E.ON recibirá más de 300 millones tras ganar otro arbitraje al Gobierno por el conflicto de las renovables

Es la vigésimo sexta sentencia en contra del Ejecutivo español

La tecnología juega un papel crucial para hacer viable la transición al uso de las energías renovables.
Energías renovables.PexelsPexels

Nuevo varapalo para el Gobierno español en el laberinto judicial de las renovables. La corte arbitral del Banco Mundial ha condenado a España a indemnizar al grupo energético alemán E.ON por el recorte a las primas renovables. El Ciadi ha emitido una nueva condena por la retirada retroactiva de las primas renovables. En este caso ha sido a favor del gigante alemán. El magistrado Mark A. Kantor ha emitido un laudo en el que respalda alrededor del 90% del monto exigido por E.ON, cuya cifra final se conocerá en los próximos días, pero el pago no será inferior a los 300 millones de euros, ya que la energética alemana reclamó 324,7 millones.

El proceso se remonta al año 2015, cuando la compañía puso en marcha la denuncia invocando el Tratado de la Carta de la Energía con representación legal de Luther Rechtsanwaltsgesellschaft, que ahora ha sido emitido con un laudo con fecha del 18 de enero.

Esta sería la vigésimo sexta condena, acumulaba hasta ahora una imposición a las arcas del Estado de 1.200 millones en concepto de indemnización, cifra a la que había que sumar 250 millones por los intereses de demora, condenas en costas y gastos en consultores y abogados. Una cifra que va a seguir creciendo, ya que el Ejecutivo continúa sin hacer efectivas las sentencias, por lo que España se ha situado como el país con mayor número de laudos pendientes de pago, por delante de Rusia y al mismo nivel que Venezuela.

Algunas de estas empresas han embargado ya distintos bienes de España, como sedes estatales en Reino Unido, y preparan acciones similares en Estados Unidos. En concreto, los últimos procesos y sentencias –como los últimos de Eurus Energy, filial del fabricante japonés de coches Toyota, y la de E.ON– hace que el Gobierno de Pedro Sánchez deba afrontar durante esta legislatura –por la resolución de estas 26 condenas internacionales sin pagar–, un coste acumulado de más de 1.750 millones.