El esfuerzo fiscal de trabajadores y empresas está ya un 18% por encima de la UE

El despegue de la presión fiscal sobre las rentas del trabajo, el endurecimiento de la fiscalidad empresarial y el deterioro de la cuña fiscal -la diferencia entre el salario real y lo que se paga en cotizaciones sociales- "ralentiza el crecimiento económico, reduce la renta disponible y lastra la contratación y el empleo". Esta son algunas de las principales conclusiones del último informe del Instituto de Estudios Económicos (IEE) titulado "Competitividad fiscal 2023", en el que se recoge que la presión fiscal en España se situará alrededor del 39% este año, confirmando el "fuerte incremento de la presión fiscal" que se ha producido en el último lustro -coincidiendo con la presidencia del Gobierno de Pedro Sánchez-, que ha reducido al mínimo histórico el diferencial con la media de la UE, que alcanzó un 40,2% -con datos de 2022, los últimos contabilizados oficialmente-, mientras que, en España se situó en el 37,7% ese año. El IEE subraya en su informe que este incremento exponencial de la presión fiscal se ha cimentado en la aprobación de nuevas figuras tributarias o la reforma al alza de algunas ya existentes, que ha llevado a que en España las empresas tengan "unos costes sociales superiores a los de la UE".

Así, la recaudación del impuesto sobre Sociedades supuso un 2,7% del PIB, y las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social, un 9,5% del PIB, que combinadas suponen un 12,2% del PIB, mientras que la media de la UE es de un 3,3% en Sociedades y un 7,1% en cotizaciones, por lo que el diferencial en contra de las empresas española alcanzó el 1,8%. Sólo las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social suponen ya el 25,2% del total de la recaudación, mientras que en la UE la media es del 17,7%. Si las empresas sumar los cotizado por Sociedades, la aporta presión fiscal empresarial supone ya un 12,2 % del PIB en España, frente al 10,4% en la UE, mientras que el esfuerzo fiscal que trabajadores y empresas realizan en nuestro país es un 17,8% superior al de los europeos y está "muy por encima del de otros países de la OCDE".

El documento detalla que durante 2023 la recaudación tributaria en España marcó un récord histórico y superó las cifras de 2019 en casi 50.000 millones de euros, lo que supone un 23,4% más, mientras que el PIB se incrementó un 11,5% en el mismo periodo, "aumentando aún más la presión fiscal a empresas y trabajadores", apuntó el director general del IEE, Gregorio Izquierdo, que ha incidido en que, teniendo en cuenta los distintos impuestos, el de Sociedades presenta en España una presión fiscal normativa -la que mide la distorsión que generan las nuevas figuras tributarias creadas- un 28,9 % más elevada que la media de la UE, mientras que en el de Patrimonio ese porcentaje aumenta hasta el 39,6%.

En el mismo sentido, el presidente del IEE, Íñigo Fernández de Mesa, ha remarcado que cualquier incremento de la recaudación tributaria "debería basarse en el aumento de las bases imponibles, fomentar el crecimiento económico y en la lucha contra el fraude fiscal, y no en incrementar la presión sobre unos contribuyentes que ya soportan una carga tributaria comparable, o superior, a la de los países de nuestro entorno".

Tampoco se salva el IRPF, que se ha situado un 6,1% por encima de la media de la UE, que sumado al efecto producido en la renta por las cotizaciones a la Seguridad Social, la cuña fiscal -la diferencia entre el salario y lo que se cotiza- se eleva hasta el 59,5%. Para Izquierdo, esto significa que el salario neto que finalmente recibe el empleado "constituye el 60% del total", es decir, que "por cada 1.000 euros que paga la empresa al trabajador 400 euros se van en costes laborales". Por ello, ha reclamado que la legislación tributaria "se tramite con proyectos de ley y no por atajos legislativos, como por ejemplo se ha hecho con el impuesto a las grandes fortunas". Una situación que puede empeorar tras la prórroga de los Presupuestos Generales, que profundizará esta "mala práctica legislativa".

El presidente del IEE ha alertado también de que las dos figuras tributarias en las que España tiene una mayor presión fiscal normativa son la imposición empresarial, "con un impuesto sobre Sociedades de los seis más gravosos de la OCDE", y la imposición patrimonial, que es "la segunda peor de toda la OCDE". A su juicio, una tributación empresarial superior a la de los países de nuestro entorno provoca "deslocalización de inversiones, fuga de contribuyentes y desventajas competitivas" especialmente si se tiene en cuenta que "la economía está globalizada".

Respecto a la presión fiscal empresarial, en los últimos años está a un nivel superior al de la media de la UE, ya que la recaudación del impuesto sobre Sociedades supuso en España un 2,7% del PIB (un 3,3% en la UE) y las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social, un 9,5% del PIB (un 7,1% en la UE).

Otro de los indicadores que estudia el informe es el Índice de Competitividad Fiscal (ICF), con datos de 2023 de la Tax Foundation, que sitúa a España en el furgón de cola de la OCDE, en la posición 31 de los 38 países analizados, ocho puestos más abajo que la posición 23 que ocupaba en 2019, lo que refleja "el efecto de las subidas de impuestos a empresas y empresarios", una tendencia "que el Gobierno parece decidido a mantener en la presente legislatura, con continuadas subidas de impuestos y el mantenimiento de las nuevas figuras tributarias que fueron diseñadas con carácter temporal", abundó el presidente del "think tank". "Esto muestra una pérdida notable de competitividad fiscal en nuestro país desde la posición anterior a la pandemia, reflejando el efecto de las subidas de impuestos a empresas y empresarios, tendencia que el Gobierno parece decidido a mantener en la presente legislatura, con continuadas subidas de impuestos y el mantenimiento de las nuevas figuras tributarias que fueron, en principio, diseñadas con carácter temporal".

En sus conclusiones, el IEE denuncia en su informe que el sistema fiscal español es ahora "más ineficiente y distorsionante", penaliza el ahorro y la inversión, y en el que "se suben los tributos al ahorro y a las empresas" por la "pretendida diferencia de presión fiscal con la media de la UE, que no es tal, o argumentando que hay que reducir el déficit público". También afea al Gobierno que, en un momento como el actual, "se suban impuestos en general, y al sector empresarial en particular, porque deprime la oferta productiva y el consumo" y se "deterioraran las expectativas , provocando una degradación de la confianza, el pilar fundamental sobre el que apoyar el crecimiento económico y la creación de empleo".

Asimismo, alerta de que la normativa empleada por el Ejecutivo para intentar corregir los desequilibrios mediante la subida de impuestos adicionales empeorará la competitividad fiscal "aún más", y apuesta por acometer la gran reforma estructural fiscal pendiente a través de la "eficiencia del gasto público" y la paralización de subidas impositivas adicionales que comprometen el crecimiento. "Una tributación empresarial superior a la de los países de nuestro entorno provocaría una deslocalización de inversiones, fuga de contribuyentes y desventajas competitivas a nuestros residentes, fundamentalmente a aquellos que operan en mercados internacionales, pero también a los locales, que deberían afrontar la competencia de operadores no residentes con una menor carga tributaria". Por ello, indica que cualquier incremento de la recaudación fiscal debería basarse en el "aumento de las bases imponibles y en la lucha contra el fraude fiscal y no en elevar la presión fiscal".

Además, critica con dureza que este crecimiento exponencial de la recaudación tributaria no haya servido para reducir más el déficit y censura que empleen "argumentos de redistribución de la riqueza para elevar la presión fiscal", sosteniendo que los grandes patrimonios "pagan pocos impuestos".