España cobrará ya este año los 6.000 millones a las empresas

El Gobierno adelanta la reforma del Impuesto sobre Sociedades para evitar la multa de Bruselas por el déficit excesivo

El Gobierno español presentó ayer sus alegaciones al resto de socios europeos para tratar de evitar la multa por exceder los objetivos de déficit marcados por Bruselas. El Ejecutivo recordó a la UE que «en un contexto económico internacional extremadamente adverso, España puso en marcha una ambiciosa estrategia de política económica basada en la consolidación fiscal y en reformas estructurales». Entre ellas, destaca «la reestructuración y reforma profunda del sector financiero, una ambiciosa reforma del mercado laboral para estimular la creación de empleo y medidas para aumentar la competencia en sectores clave de la economía».

En el texto de alegaciones apunta a que España «ha demostrado un firme compromiso con la sostenibilidad fiscal y la reducción del déficit público» y afirma que «el esfuerzo fiscal realizado por nuestro país es innegable». Además, recuerda que «el déficit público alcanzó en el año 2011 el 9,6% del PIB y prácticamente se ha reducido a la mitad en el año 2015, lo que sitúa a España entre los cuatro países de la zona euro con mayor consolidación fiscal en este periodo».

En este sentido, señaló que «el gasto se redujo en 2015 en 1,2 puntos porcentuales del PIB, lo que refleja que la contención del gasto público se mantuvo pese a las elecciones generales y los procesos electorales municipales y autonómicos». Sobre el mercado de trabajo, España insiste en que en 2015 se crearon más de medio millón de puestos de trabajo en nuestro país, «un tercio total del empleo generado en la zona euro», y el desempleo se redujo en casi 700.000 personas. Por ello, cree que «la decisión de imponer una multa a España no sólo sería incoherente, sino también contraproducente» para la UE.

Así, España dice estar «dispuesta a adoptar compromisos adicionales» para «poner fin a la situación de déficit excesivo», situándolo «por debajo del 3% del PIB en 2017». Para ello apunta a la anunciada reforma del Impuesto sobre Sociedades (6.000 millones de euros) ya para este año –en principio era para 2017–, medidas adicionales para luchar contra el fraude fiscal (1.000 millones) y adelantar el cierre del presupuesto de 2016 para controlar el gasto.

Tras activarse el proceso sancionador, se abre ahora un proceso de 20 días para que Bruselas fije la cuantía de la multa a España, un plazo que incluye diez días para que las autoridades nacionales presenten sus argumentos de defensa. La multa a España puede oscilar entre 0 y un 0,2% de su PIB, es decir, hasta 2.000 millones.

El comisario europeo de Asuntos Económicos y Financieros, Pierre Moscovici, señaló ayer que España y Portugal pueden evitar la multa por haber incumplido sus compromisos de reducción de déficit en caso de ofrecer las alegaciones pertinentes. «Es posible que esas sanciones sean igual a cero si nos dan las respuestas que esperamos», dijo en una entrevista en la emisora Europe 1.

El proceso sancionador se emprendió anteayer, después de que el Ecofin ratificara que estos dos países no tomaron medidas efectivas en 2015 para evitar que sus déficits se desviaran de sus compromisos.