España lidera por tercer año el ranking mundial de laudos impagados con 22 casos vinculados a las renovables y una deuda de 1.500 millones

España encabeza por tercer año consecutivo el ranking mundial de laudos arbitrales impagados con 22 -en su totalidad relacionados con las renovables-, en empate con Venezuela y muy por delante de Rusia (13 laudos impagados), según recoge la IV edición del Índice de Cumplimiento de Laudos Arbitrales. Las deudas acumuladas por España por el impago de indemnizaciones millonarias a inversores que se vieron afectados por la retirada retroactiva de las primas a las renovables tras la Gran Recesión se sitúan en 1.880 millones de euros. De la deuda total, 1.492,7 millones corresponden al total de las indemnizaciones en fallos contra España (la tercera mayor cuantía, por detrás de Rusia con 53.393 millones y Venezuela con 14.970 millones), a los que suman 396 millones de intereses de demora y condenas en costas (cuantías que aumentan con el paso del tiempo). A estas cantidades adeudadas también hay que sumarles 93 millones en honorarios de abogados y consultores contratados por España.

"Lo que hace España al no pagar es violar la ley", advierte el autor del informe, el profesor Nikos Lavranos. "España era firmante de los tratados internacionales que regulan los arbitrajes. No pagar es incumplir los derechos en materia de ley internacional. Si el laudo se emite y es definitivo, el pago no es voluntario sino que es algo a lo que está comprometido por derecho internacional", añade.

España, además, podría seguir desmarcándose en el ranking del año que viene puesto que hay cuatro laudos que no han sido plenamente confirmados aún, al haber sido recurridos por España o sujetos a un proceso de anulación. Si el desenlace se resuelve como en la mayoría de litigios conocidos hasta ahora, el total de laudos pendientes de pago subiría a 26.

“Ser un buen pagador no solo es una cuestión jurídica, sino una decisión económica inteligente. La reputación de un país como destino de inversión depende de ello”, explica al respecto el profesor Lavranos. De hecho, la inversión extranjera en España ha registrado un desplome del 60% en la primera mitad de 2025, coincidiendo con un aluvión de noticias sobre los incumplimientos de sus obligaciones en materia de arbitrajes internacionales vinculados a las primas renovables impulsadas por Zapatero y con la emisión de numerosas decisiones judiciales adversas en los tribunales de EE UU, Australia, Reino Unido o Bélgica. En este último país, los tribunales han intervenido a España más de 200 millones de euros como medida cautelar para resarcir a una de las empresas afectadas por el incumplimiento de los laudos.

Estos incentivos públicos a las renovables implementados en la primera década de los 2000 atrajeron inversiones y permitieron al país cumplir antes que nadie el objetivo europeo del 20% de energía verde. Más de 66.000 familias y empresas invirtieron unos 70.000 millones de dólares en el sector. Pero la crisis económica de finales de la década cambió el rumbo. En plena austeridad, el Gobierno de Rajoy recortó las primas, impuso nuevos impuestos y limitó la producción renovable, medidas consideradas retroactivas por los inversores y contrarias a varios tratados internacionales. En virtud a los derechos y garantías que brindan diversos tratados internacionales de inversión suscritos por España, caso del Tratado de la Carta de la Energía (TCE), el Convenio del Ciadi o diversos acuerdos bilaterales de inversión, los empresarios e inversores afectados presentaron 53 denuncias, siendo el país de la UE que más denuncias de este tipo ha enfrentado.

La Abogacía del Estado España ha intentado, sin éxito, a través de numerosos recursos, que estos casos se anulen. Ha planteado ante el Tribunal Supremo de EE UU una inmunidad soberana que debería extinguir todos los juicios y ha presionado a la Comisión Europea para que declare el eventual pago de indemnizaciones como una forma de “ayuda de Estado”. No obstante, el informe destaca que el pago inédito del laudo de 32 millones de euros a la japonesa JGC en julio podría anticipar un cambio de actitud de España frente a sus numerosos laudos pendientes.

Pese a esta nota positiva, el informe alerta sobre una tendencia preocupante: dentro de la Unión Europea, ejecutar un laudo arbitral de inversiones entre Estados miembros se ha vuelto prácticamente imposible. Mientras tanto, fuera del bloque -en jurisdicciones como Estados Unidos, Reino Unido, Suiza o Australia- esos mismos laudos siguen siendo reconocidos y ejecutados sin mayores obstáculos.

En cuanto a laudos que afectan a España, la Justicia de EE UU ha reconocido seis que suman 644,4 millones de euros: Cube (40,2 millones de euros), Watkins (79,5 millones), Infrastructure Services/Antin (125,1 millones), RREEF (74 millones), InfraRed (35 millones) y NextEra (290,6 millones). A ellos se suman otros cuatro reconocidos por el Tribunal Supremo de Australia (9Ren, RREEF, Watkins y NextEra) que ascienden a 469 millones de euros. Actualmente, los dos mayores laudos a los que se enfrenta España son el de NextEra (290,6 millones) y el de E.ON (253,8 millones).

La raíz del problema está en la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), consolidada en fallos emblemáticos como Achmea (2018), Komstroy (2021), Micula (2021) y PL Holdings (2021). Estas sentencias establecieron que los mecanismos de arbitraje previstos en los tratados bilaterales de inversión intra-UE son incompatibles con el Derecho comunitario.

Siguiendo esa línea, los tribunales nacionales europeos han comenzado a anular o rechazar la ejecución de laudos arbitrales, invocando la primacía del Derecho de la UE. El resultado: un cierre casi total de las vías efectivas para que los inversores puedan hacer cumplir sus laudos dentro de la Unión.

La Comisión Europea, además, ha asumido un papel activo en esta ofensiva legal. Ha intervenido como "amicus curiae" en varios procesos de anulación y ejecución, defendiendo que pagar los laudos supondría vulnerar el Derecho europeo. Con ello, Bruselas refuerza su estrategia de blindar el sistema jurídico comunitario, incluso si eso implica tensionar las obligaciones internacionales derivadas de tratados como el Convenio Ciadi o el Convenio de Nueva York sobre reconocimiento de laudos.

Esta situación puede proyectar una imagen negativa y reducir la confianza de inversores internacionales en las garantías legales dentro de la UE. La problemática puede ir más allá, ya que amparándose en la protección de la UE y fijándose en el ejemplo de España, otros países como Alemania, Francia, Países Bajos o Bélgica, contra los que se han presentado arbitrajes en los últimos años, podrían sumarse a la tendencia de no pagar los laudos.

Frente a estos obstáculos, varios tribunales británicos, suizos y australianos han confirmado laudos contra distintos países de la UE, manteniendo la postura de que las disputas de inversión son ajenas al Derecho comunitario y que, por tanto, en los tribunales de dichas jurisdicciones deben respetarse los compromisos internacionales adquiridos. El contraste es evidente: dentro de la UE, los inversores se encuentran con el bloqueo de la ejecución de los laudos pero, más allá de las fronteras comunitarias, cada vez más tribunales tratan los laudos como sentencias firmes y ejecutables, según recogen los propios convenios que regulan los arbitrajes del Ciadi, el tribunal competente del Banco Mundial que dirime el grueso de las disputas inversor-Estado, señala el informe.

De hecho, no todos los países son incumplidores natos. El informe documenta 112 casos en escenario de impago, pero el total de arbitrajes inversor-Estado a nivel global que ya han concluido asciende a 1.050, de modo que situarse del lado de los países incumplidores supone ignorar que el 89,4% de estas decisiones han sido efectivamente cumplidas y resueltas por parte de los Estados afectados. En cambio, los incumplimientos representan el 10,6% de los casos conocidos. Además, pese a que se suele creer que las afectadas son multinacionales, el informe recoge que en su mayoría son empresas de menos de 250 empleados.