España pide blindar también los ahorros de más de 100.000 euros

Los Veintisiete están de acuerdo en no volver a repetir el error chipriota y en proteger contra viento y marea a los depositantes de menos de 100.000 euros. Las divergencias llegan cuando se trata de establecer qué sucede con los que exceden esta cifra. La Unión Europea está negociando una nueva directiva para que haya normas claras y comunes sobre la asunción de pérdidas ante la quiebra de una entidad financiera.

España ha defendido en la reunión blindar todos los depósitos ya que para el titular de Economía y Competitividad español, Luis de Guindos, la distinción entre unos y otros resulta «artificial». El grupo mayoritario liderado por Alemania, Holanda y Dinamarca pretende que los denominados grandes ahorradores mantengan el mismo estatus que los bonistas.

En la propuesta del ejecutivo comunitario, se establece una jerarquía que deja como último recurso acudir a los grandes ahorradores después de los accionistas y los tenedores de deuda híbrida. El comisario de Mercado Interior, Michel Barnier, aseguró ayer que los pequeños depositantes son «sacrosantos» y que los que excedan esta cantidad «sólo se tocarán en casos extremadamente limitados». El Banco Central Europeo ha vuelto a señalar que los depósitos por debajo de los 100.000 euros son una línea roja que no se puede traspasar y también ha abogado por una «preferencia clara para los depositantes», en palabras de Jorg Asmussen, miembro alemán del Consejo de Gobierno del BCE.

A pesar de las diferencias, De Guindos se mostró confiado en que se pueda llegar a un acuerdo en el mes de junio y en la rueda de prensa final se mostró más flexible en los postulados de España que durante el debate previo. Para el ministro lo importante es que se haya establecido un consenso para «una protección absoluta» de los pequeños ahorradores y una «relativamente importante» en el caso de los grandes debido a que los depósitos constituyen un «pasivo bancario de naturaleza diferenciada». En este sentido, el ministro quiso dejar claro que «la propuesta inicial de Chipre no hubiese sido posible con esta directiva».

Se espera que esta nueva normativa pueda entrar en vigor en el año 2018, aunque Alemania y Holanda pretende acelerar su implantación al año 2013. España y una mayoría de países se oponen y no creen que esto sea posible.

Contra los paraísos fiscales

Además, Austria y Luxemburgo levantaron ayer sus reticencias a la hora de que los Veintisiete otorguen el mandato a la Comisión Europea para que pueda negociar con Suiza, Andorra, San Marino, Mónaco y Liechtenstein nuevos pasos para la lucha contra la evasión fiscal. Se trata de que en estos países que no pertenecen a la Unión Europea puedan existir las mismas normas que en los Veintisiete, en los que se está negociando un intercambio automático de información sobre los rendimientos de capital.

La negociación de esta directiva provoca controversias en el seno de la Unión y se espera que haya pasos significativos en la cumbre que se ha convocado el miércoles de la semana que viene y en el que la evasión fiscal se convertirá en una de las claves. El propósito es que pueda realizarse este intercambio de información de manera automática y no sólo bajo petición como está ahora vigente. Además, estarían incluidos todo tipo de ingresos y tanto las personas físicas como las jurídicas. La Comisión Europea calcula que cada año se pierden un billón de euros debido a la evasión fiscal.

Austria sigue siendo el único país de los Veintisiete que mantiene su secreto bancario después de que Luxemburgo lo haya eliminado.

Por su parte, España participa en un proyecto piloto de intercambio automático de información junto con Francia, Alemania, Reino Unido, Italia, Polonia, Holanda, Bélgica y Rumanía. De momento, se han establecido los grupos de trabajo para que pueda desarrollarse esta iniciativa.