Fiscalidad

España tiene 25 paraísos fiscales del automóvil con diferencias de hasta un 900% en el impuesto de circulación

Ocho municipios de menos de 5.000 habitantes tienen matriculados el 40% del total de coches de empresa de toda España

Atascos en la Comunidad de Madrid
Atascos en la Comunidad de MadridGustavo ValienteEuropa Press

Pagar el impuesto de vehículos de tracción mecánica (IVTM) -conocido popularmente como "numerito" del coche- ha reabierto una soterrada guerra fiscal entre consistorios, que ha derivado en la creación de hasta 25 "paraísos fiscales" municipales para el automóvil, entre los que puede haber unas diferencias de hasta un 900% en el importe de este tributo si el automovilista está empadronado en algunos de esos municipios. En estos 25 ayuntamientos, el número de vehículos de nueva matriculación superan el número de habitantes censados, llegándose a alcanzar índices superiores a los de Estados Unidos o Japón. Así lo advierte la asociación Automovilistas Europeos Asociados (AEA), que recuerda que los automovilistas pagarán este año cerca de 4.000 millones por el impuesto tracción mecánica, una cantidad que acumula grandes diferencias de fiscalidad entre los distintos municipios españoles con el IVTM.

Según el estudio de la AEA, un automovilista donostiarra paga un 49% más por este impuesto que uno de Madrid y uno domiciliado en Tenerife más del doble (158% más), pero si se compara con un automovilista empadronado en alguno de los 25 'paraísos fiscales' detectados por AEA, las diferencias pueden alcanzar hasta el citado 900%. Asimismo, el propietario de un vehículo tipo medio (11,99 caballos de potencia fiscal) paga 34,08 euros en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife; 59,00 en Madrid; 68,16 en Barcelona, y 87,93 en San Sebastián. Estas diferencias de tarifas no sólo se producen entre las capitales de provincia de comunidades autónomas, sino también entre ayuntamientos de una misma provincia. Por ejemplo, la que cobra el municipio serrano de Colmenar de Arroyo o Robledo de Chavela, en la Comunidad de Madrid, es siete veces más barata que la que se cobra en Madrid. En Cataluña, lo que cobran Rajadell o Aguilar de Segarra es ocho veces inferior a la de Barcelona. Así, entre los ayuntamientos españoles más caros, a los citados se unen los de Vitoria, Bilbao, Tarragona, Lleida, Palma, Ciudad Real, Valladolid, Huelva y Granada. Por el contrario, entre las capitales que AEA califica de "paraíso fiscal" estarían Santa Cruz de Tenerife, Melilla, Ceuta, Zamora, Cáceres, Palencia, Jaén, y Badajoz.

En cuanto a las pequeñas localidades, seis pueblos de la Comunidad de Madrid -con una población de entre más de menos de 5.000 habitantes: Rozas de Puerto Real, Colmenar de Arroyo, Patones, Venturada, La Hiruela y Robledo de Chavela- están en el 'top ten' de localidades de España con más vehículos matriculados por habitante, gracias a su beneficioso tratamiento fiscal palos autómoviles. Rozas de Puerto Real es el mayor 'paraíso fiscal' en el pago del impuesto de circulación tras concentrar el año pasado 31,23 vehículos matriculados por habitante, por delante de Colmenar de Arroyo (19,88) y Patones (18,73). Venturada ocupa el séptimo lugar en ese ranking (12,62 vehículos matriculados por residente), La Hiruela el octavo (10,08) y Robledo de Chavela el décimo (8,29). Completan el 'top ten' el municipio castellonense de Sarratella (16,79), cuarto; el balear de Escorca (16,04), quinto; el barcelonés de Aguilar de Segarra (15,07), sexto, y el zaragozano de Retascón (8,53), noveno.

La AEA apunta que en ocho municipios-los madrileños Colmenar de Arroyo, Robledo de Chavela, Venturada, Moralzarzal, Navacerrada, Las Rozas de Puerto Real y Patones, y en la canaria Tejeda- se matriculan el 40% del total de coches de empresa de toda España; es decir, 183.604 turismos sobre un total nacional de 461.257 unidades. En Benidoleig (Alicante), la población sólo ha aumentado en 66 vecinos, pero se ha multiplicado por diez el número de vehículos de empresa matriculados en 2022 respecto del año anterior, pasando de 344 a 3.383 unidades.

Ese impuesto, creado hace 34 años, se paga en función de la potencia fiscal del vehículo (en el caso de coches), la cilindrada (motos), el peso (camiones) y número de asientos (autobuses), de acuerdo con una tarifa mínima establecida para toda España, a excepción de País Vasco y Navarra. Sin embargo, la ley permite a los ayuntamientos incrementar discrecionalmente dichas cuotas, con lo que pueden llegar a cobrar hasta el doble de la tarifa mínima, situación que ocurre en 12 de las 52 capitales de provincia españolas. También autoriza a aplicar bonificaciones de hasta el 75% en función del carburante y las características de los motores, y exonerar del pago del impuesto en el caso de los vehículos históricos y de más de 25 años. Ello, según AEA, "desvirtúa la finalidad del sistema tributario" y permite crear "verdaderos paraísos fiscales" en el pago de un impuesto al que están obligados más de 37 millones de contribuyentes.

Este hecho ha motivado el que numerosas empresas de alquiler y de renting hayan concentrado la matriculación de sus flotas en pequeños municipios en los que han abierto sucursales por su favorable tratamiento fiscal. "A cambio, cada año les toca la lotería del 'numerito' por el ingreso que reciben por un impuesto de unos vehículos que ni siquiera circulan, ni van a circular nunca, por esa población", apunta AEA.

En el caso de las motocicletas, también hay diferencias notables y una moto de 600 centímetros cúbicos paga en Melilla 15,15 euros; mientras que en San Sebastián abona 79,32 euros, un 423% más. También hay diferencias entre municipios de una misma provincia y, por ejemplo, el impuesto que cobra en la Comunidad de Madrid Colmenar de Arroyo o Robledo de Chavela es siete veces más barata que la de Madrid Capital. En la provincia de Barcelona, lo que se cobra por el impuesto el municipio de Rajadell o Aguilar de Segarra es ocho veces inferior a lo que se paga en la Ciudad Condal.