El Estado "orwelliano" de Sánchez

Tammany Hall fue la red clientelar por la que, a cambio de votos, el Partido Demócrata se aseguró durante más de un siglo el control de Nueva York. Cada inmigrante polaco, alemán y, sobre todo, irlandés que desembarcaba en Ellis Island recibía un plato de sopa y el primer auxilio en un lugar desconocido de mano de Tammany. No era nuevo.

El sistema feudal europeo, aún vigente hoy de forma soterrada en países como Inglaterra –donde la propiedad real de la tierra sigue en manos de unos pocos nobles y de la Corona– funcionaba de igual forma. La mayoría de estados, democracias o no, aspiran a lo mismo: a garantizarse la supervivencia a cambio de ayudas y subvenciones.

Normal que un tahúr como Pedro Sánchez defienda que el dinero de los ciudadanos está mejor en su bolsillo que en el de los pobres contribuyentes, tan estúpidos que no sabrán utilizarlo por el bien común.

El Estado "orwelliano" que defiende Sánchez, ese que todo lo fagocita, es una maquinaria diabólica como lo era el sistema feudal o el absolutista a los que vino a sustituir. Su motivación es la misma: unos pocos deciden lo mejor para la mayoría y para ello confiscan todo lo que pueden de forma directa, vía impuestos, o indirecta, endeudando al Estado, es decir a los ciudadanos presentes y futuros.

Por eso llama poderosamente la atención que los estados que todo lo controlan protesten por la posición oligopólica de las empresas tecnológicas englobadas en el acrónimo GAFA (Google, Amazon, Facebook y Apple), aunque habría que sumar a Microsoft, con la acusación de que no permiten la libre competencia.

Sin embargo, estos mismos estados son los responsables de que esto ocurra. Porque algunas de estas empresas llevan casi medio siglo operando y nadie ha movido un dedo.

Que la libre competencia es sana es un hecho, también que nadie la quiere: ni usted en su trabajo ni los políticos en el suyo ni tampoco las empresas en sus mercados.

Sin embargo, la principal ocupación de los estados, al margen de garantizar la propiedad privada y el orden público, debe ser el fomento de la libre competencia. ¿Cómo? Desregulando, en vez de aprobar más leyes, y recaudando menos. Porque cuanto más tengan los ciudadanos y las empresas en el bolsillo más posibilidades habrá de crear y competir.