Los Estados de la UE dan la luz verde definitiva a la "Ley Rider" europea: las plataformas deberán demostrar que sus trabajadores sí son autónomos

La Estados miembros de la UE han aprobado este lunes la directiva que busca regular el trabajo de las plataformas digitales, como Glovo, Uber Eats, Just Eat o Deliveroo, abordando uno de los problemas más relevantes del sector: los falsos autónomos. Con esta normativa, conocida coloquialmente como "Ley Rider" europea, los Veintisiete deberán asegurar que el estatus laboral de los trabajadores sea correctamente definido, estableciendo una "presunción legal" de empleo en sus sistemas legales que se activará cuando se encuentren hechos que indiquen control y dirección que se determinarán de conformidad con la legislación nacional y los convenios colectivos, teniendo en cuenta la jurisprudencia de la UE.

Esta medida implica que las plataformas digitales serán las responsables de demostrar, en caso de disputas, que un trabajador no es un empleado, en lugar de que esta responsabilidad recaiga sobre el trabajador. Además, los trabajadores de plataformas digitales, sus representantes o las autoridades nacionales podrán invocar esta presunción legal y alegar que están mal clasificados, mientras que corresponderá a la plataforma digital acreditar que no existe relación laboral.

La directiva también regula por primera vez el uso de algoritmos, estableciendo que las decisiones de despido no pueden ser automatizadas sin supervisión humana. Además, refuerza la privacidad de los empleados, prohibiendo el uso de ciertos datos personales, como aquellos relacionados con la salud mental o creencias personales.

Las instituciones comunitarias calculan que la directiva beneficiará a 40 millones de trabajadores de plataformas en la UE, mejorando sus condiciones laborales y corrigiendo la competencia desleal derivada de la explotación de falsos autónomos.

La Eurocámara ya dio su visto bueno a la norma el pasado abril, por lo que, tras la aprobación por parte de los Estados este lunes, la directiva puede ya ser firmada por ambas instituciones y entrar en vigor. No obstante, los países tienen todavía dos años para introducir las normas en sus respectivas legislaciones nacionales.