La excepción ibérica de Ribera dispara un 23% las emisiones

Las andanadas que ha recibido Alberto Núñez Feijóo en los últimos días por parte de casi todos los miembros del Gobierno abarcan un amplio abanico del debate político, desde la economía a la violencia de género. La estrategia a la desesperada del Consejo de Ministros convertido en ariete de la campaña del PSOE para lanzar capotazos a la espera de que Feijóo entre al trapo antes de tiempo incluye la política energética, como dejó entrever la ministra del ramo, Teresa Ribera. «No he oído una sola palabra a Feijóo de naturaleza o energía», cargó la vicepresidenta segunda a su llegada al consejo de ministros de la UE donde se debatía el proyecto de ley comunitaria para reparar el 20% de los ecosistemas dañados en 2030. Sin venir a cuento, Ribera calificó a Feijóo de ser «un señor que miente sobre los datos económicos en sus entrevistas y que no tiene nada que decir sobre los principales problemas de los españoles...».

Ribera, convertida en la guardia de corps de Pedro Sánchez en esta pre-campaña interminable, parece olvidar el daño que la aplicación de la excepción ibérica ha causado en términos contaminantes. Los datos del cierre de 2022 de Red Eléctrica muestran que las emisiones de CO2 para generación eléctrica se dispararon nada menos que un 23,77% hasta las 44.446 toneladas de CO2.

Reducción

Desde 2018, las emisiones contaminantes en la generación eléctrica habían decrecido sustancialmente. En especial las vinculadas a las centrales de carbón. Si en 2018 las emisiones de CO2 totales sumaron 64.940 toneladas, 36.000 de las cuáles fueron originadas por la quema de carbón y 11.892 por la utilización de gas natural para la generación de electricidad, en 2019, las emisiones totales cayeron a 50.000 toneladas de CO2. De estas, las de carbón se redujeron más de la mitad, hasta 12.384 toneladas, aunque fueron sustituidas en parte por los ciclos combinados de gas, que tuvieron un incremento de las emisiones del 78,8%, hasta las 21.184 toneladas de dióxido de carbono.

Las emisiones se redujeron drásticamente en 2020 y 2021 hasta las 36.000 toneladas, con las emisiones generadas por la quema de carbón reducidas a su mínima expresión (poco más de 4.800 toneladas frente a las 36.000 de 2018). Por su parte, las emisiones contaminantes atribuidas al gas se quedaron tanto en 2020 como en 2021 por debajo de las 17.400 toneladas.

El panorama ha cambiado radicalmente en 2022, con la introducción de la denominada excepción ibérica que establece un tope al precio del gas necesario para la generación eléctrica (40 euros el megavatio hora en su introducción) con un coste estimado de compensación a las eléctricas abonado por todos los consumidores de unos 6.300 millones de euros, según estimaba por entonces la Comisión Europea al dar luz verde a la introducción de la medida.

La medida fue calificada de «excepcional y temporal» y «no supone subvencionar al gas, no distorsiona los incentivos marcados desde Europa a las energías renovables ni tampoco los flujos de electricidad entre los países», aseguraba Pedro Sánchez ante la entrada en vigor de la medida con aplicación el 15 de junio del pasado año. Sin embargo, desde entonces se han incrementado las emisiones de CO2 provenientes de las centrales de gas. El primer mes completo con la excepción ibérica, julio de 2022, las centrales de ciclo combinado emitieron 3.214 toneladas contaminantes por los 2.797 del mismo mes de 2019. Desde entonces, durante todo 2022, se emitieron más toneladas de CO2 por la quema de gas que en los meses comparables de 2019, pese a que en la mayoría de los meses de 2022 se emitió menos CO2 para generar electricidad que en 2019.

El precio tope ha ido subiendo gradualmente desde el citado precio de referencia para el gas que tenía un valor medio de 48,8 euros/MWh: era de 40 euros/MWh durante seis meses, elevándose 5 euros/MWh cada mes a partir de entonces. Ahora, se incrementará en 1,1 euros/MWh desde el pasado mes de abril, para concluir en 65 euros/MWh. Actualmente, el mecanismo lleva sin tener efecto sobre los procesos de casación marginal en los mercados mayoristas desde finales de febrero, debido al descenso del precio del gas natural por debajo de los umbrales fijados para su aplicación, pero, en caso necesario, la prórroga permitirá mantener un precio razonable, no tan dependiente de la evolución del gas natural.