La falta de acuerdo obliga a Díaz a aplazar a enero la subida del SMI

Los tres millones de trabajadores que cobran el salario mínimo y los decenas de miles de empresarios que los tienen contratado tendrán que esperar hasta el 1 de enero para saber cuál será el sueldo a cobrar. El enrocamiento de las posturas de patronal y sindicatos han impedido a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, lograr que mañana, en el Consejo de Ministros, se pueda aprobar dicha subida.

A diferencia de lo que ha pasado en las últimas, la ministra no ha decidido tirar por la calle de enmedio y prefiere esperar para que haya un acuerdo de todas las partes para firmar un incremento consensuado. El problema no es tanto la falta de acuerdo en el seno del diálogo social, con una patronal que considera excesiva la propuesta del Ministerio de Trabajo de revalorizar esta referencia un 4% y proponen un 3% más un punto adicional si se cierra el año con un IPC por encima de ese porcentaje, y unos sindicatos que creen insuficiente la propuesta, sino con otros puntos adicionales que tanto sindicatos como empresarios reclaman como esenciales para firmar.

Entre esas peticiones, la CEOE ve irrenunciable que se actualicen los contratos públicos para recoger este incremento salarial que eleva los costes laborales delas empresas adjudicatarias. Fuentes ministeriales confirmaron a LA RAZÓN que Hacienda ha recibido la petición de Díaz para que esos contratos tengan una renovación de sus tarifas, pero la ministra María Jesús Montero ha vetado personalmente esa posibilidad, ya que no quiere que ese gasto adicional que supondría estas nuevas tarifas impidan cumplir con las nuevas reglas fiscales impuestas desde Bruselas, del tope del 3% en 2024.

Por tanto, el SMI seguirá siendo, de momento, el vigente (1.080 euros en 14 pagas) hasta que no se apruebe el real decreto por el que se fije el nuevo para 2024.

También existe malestar entre los agentes sociales por el acuerdo suscrito por el Gobierno con el PNV, que aprobó unilateralmente y sin diálogo previo un cambio que afecta a la negociación colectiva, dando prevalencia al convenio autonómico sobre los de ámbito estatal o sectorial.